En concreto, la revisión endurece el método de contabilización de mercado, aquel que se apoya en instrumentos contractuales como los PPA y las garantías de origen, mediante dos nuevos requisitos. El primero, la correlación horaria, que exige que la generación renovable coincida con la hora concreta en que se consume la electricidad; un requisito que se podría ver limitado por la intermitencia y la variabilidad propias del recurso renovable. El segundo, la entregabilidad "deliverability", que pretende acercar la generación a los centros de consumo, pudiendo desvirtuar aquella producción situada en las mejores zonas de recurso renovable pero demasiado alejada de la demanda. A ambos podría sumarse un tercer criterio, la adicionalidad, que afectaría negativamente en países o regiones con exceso de generación renovable, aumentando los vertidos y distorsiones de precios.
Combinados, ambos requisitos podrían multiplicar por cuatro el coste de mantener el mismo nivel de descarbonización, lo que podría acabar desencadenando una serie de efectos negativos, como la fragmentación del mercado de PPAs, el desincentivo del apetito inversor, la pérdida de competitividad industrial, efectos que, en última instancia, podrían terminar repercutiendo sobre las facturas de los consumidores finales.
Por ello, la implementación se debería llevar a cabo de manera voluntaria, la “deliverability” se debería poder cumplir dentro de los sistemas interconectados, y sería deseable no incluir el criterio de adicionalidad. Además, debería establecerse una protección “gradfathering” a nivel de los activos y no solo a los contratos con el fin de preservar las inversiones ya comprometidas y proceder a un despliegue gradual de estos nuevos requisitos basado en su viabilidad.
En definitiva, no se trata de renunciar a estas nuevas exigencias sino de asegurar que éstas no destruyan valor ni distorsionen las inversiones ya realizadas.