1. Las causas
El origen de este proceso puede rastrearse hasta el desastre del Exxon Valdez en 1989, que impulsó la creación de CERES y, posteriormente, del GRI. Desde entonces, se ha ido construyendo un consenso transversal: sin una visión completa de los riesgos ESG no es posible comprender la verdadera situación patrimonial de una empresa. La materialidad de estos factores, avalada por numerosas evidencias empíricas y jurisprudencia como la del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1976, ha sido el motor para el desarrollo de marcos estandarizados de reporte de sostenibilidad. En definitiva: el origen de este proceso puede encontrarse en una idea básica: los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, son riesgos financieros.
2. La evolución histórica
La historia de la creación de los estándares ha estado marcada por hitos fundamentales. Desde las iniciativas voluntarias como GRI o CDP, hasta la creación de organismos clave como EFRAG en Europa o la IFRS Foundation a nivel global, pasando por el IIRC y sus esfuerzos en favor de los informes integrados, la última década ha sido testigo de una aceleración normativa sin precedentes. En Europa, la Directiva 2014/95 marcó un primer hito regulatorio, aunque sin establecer un marco obligatorio de reporte. Fue con la aprobación de la Directiva CSRD en 2022 y del Reglamento Delegado de 2023 (que introdujo los ESRS), cuando se avanzó significativamente en asimilar la información financiera y la de sostenibilidad.
A escala global, la creación del International Sustainability Standards Board (ISSB) en 2021 por parte de la IFRS Foundation supuso el mayor intento hasta la fecha de establecer una línea base común para la divulgación de información ESG. La publicación de los estándares IFRS S1 y S2 en 2023, centrados en la gobernanza y el riesgo climático, y su respaldo por parte de IOSCO, marcaron un punto de inflexión. A ello se suman iniciativas como la TCFD, centrada en riesgo climático, o TNFD, centrada en biodiversidad y capital natural, y la progresiva adopción de estos marcos por parte de múltiples jurisdicciones, incluyendo China y varios países de América Latina, África y Asia.
3. La situación actual *
La situación actual está marcada por tensiones regulatorias contrapuestas. Por un lado, el repliegue de la SEC estadounidense tras el cambio de administración ha introducido incertidumbre respecto al rumbo que tomará EE.UU. en materia de reporte climático a pesar de que diferentes estados están impulsando el reporte en sostenibilidad (California, New York, New Jersey, Illinois..). Por otro, la Unión Europea ha lanzado el llamado “primer paquete Omnibus”, que modifica de forma significativa los requisitos de la CSRD, elevando los umbrales de aplicación a empresas con más de 1.000 empleados y reduciendo los datapoints obligatorios. Esta simplificación busca reducir cargas administrativas sin comprometer los objetivos del Pacto Verde, y ha venido acompañada de una revisión técnica a fondo por parte de EFRAG, que, por mandato de la Comisión, ha realizado una primera reducción del 68% del total de datapoints de los ESRS, aunque la foto final se espera para final de año. También se ha avanzado con la publicación de un estándar voluntario (VSME) para pymes no cotizadas. Este proceso se encuentra en plena negociación en la Unión Europea y podría ver la luz a finales de 2025.
4. Los retos de futuro
El informe identifica tres retos a los que habrá que prestar atención en los próximos años. El primero es es el de la interoperabilidad. La coexistencia de marcos regulatorios (ESRS, ISSB), voluntarios (GRI, CDP) y temáticos (TCFD, TNFD) obliga a buscar sinergias y equivalencias técnicas que eviten duplicidades y permitan a las empresas “reportar una vez, cumplir con muchos”. A este respecto, las guías conjuntas de interoperabilidad entre EFRAG e IFRS, así como los ejercicios de correspondencia publicados entre ESRS y GRI o entre ESRS y CDP, están sentando las bases de una convergencia operativa. La interoperabilidad, más que una opción, se está consolidando como un principio rector del nuevo ecosistema de reporte.
El segundo es el de la conectividad entre los estados financieros y los informes de sostenibilidad. La CSRD y los ESRS ya exigen una vinculación explícita entre ambas esferas, tanto cualitativa como cuantitativa. Ejemplos como la aceleración de la amortización de activos por decisiones climáticas ilustran cómo las estrategias ESG pueden tener un reflejo directo en las cifras contables. En paralelo, organismos como ESMA están fijando criterios para garantizar la consistencia y trazabilidad de la información presentada en ambos ámbitos. La conexión efectiva entre sostenibilidad y desempeño financiero ya no es un desiderátum, sino una exigencia normativa y técnica.
Y finalmente, el futuro del reporte estará marcado por el grado de ambición que asuman los legisladores en cuanto a simplificación y cobertura. La propuesta de Ómnibus de la Comisión elevaba el umbral de 250 a 1000 empleados; la propuesta del Consejo va en la misma direccion; pero la del Parlamento eleva el umbral a empresas con más de 3.000 empleados y 450 millones de facturación. El escenario que se imponga tendrá implicaciones en términos de transparencia de los mercados, acceso a financiación sostenible y capacidad de supervisión. El Banco Central Europeo ya ha alertado de los riesgos que supondría excluir del ámbito de aplicación a empresas de entre 250 y 1.000 empleados, especialmente en economías con un tejido empresarial dominado por pymes.
En conclusión
El reporte de sostenibilidad es ya una realidad a nivel global; es decir: no es solo un tema europeo. Según los últimos datos publicados por la IFRS Foundation, más del 60% del PIB mundial y aproximadamente el 55% de la capitalización bursátil global ya estarían cubiertos —o lo estarán en breve— por algún tipo de régimen obligatorio o voluntario de reporte de sostenibilidad. Estas cifras ilustran que el proceso de institucionalización del reporting ESG no es una tendencia pasajera, sino una transformación estructural del sistema de información corporativa a escala planetaria.
En resumen, estamos asistiendo a la consolidación de una infraestructura normativa global para la información de sostenibilidad, cuyo objetivo último es integrar plenamente los factores ESG en el análisis financiero, la toma de decisiones empresariales y la supervisión de riesgos sistémicos. El camino no está exento de tensiones políticas, desafíos técnicos y disonancias regulatorias, pero la dirección es clara: avanzar hacia un modelo de información empresarial en el que sostenibilidad y desempeño económico no sean compartimentos estancos, sino dos caras de la misma moneda.
*El informe se cerró a 25 de junio de 2025. Posteriormente a esa fecha se han producido avances significativos entre los que, a efectos de este informe, destaca la primera revisión de los ESRS realizada por EFRAG, pendiente aún del cierre del proceso de consulta pública.