Ese tránsito por hubs no es un detalle logístico anecdótico: es justamente donde la mercancía se reclasifica, se reembala y, en parte, se reexporta, de modo que el país que figura como "primer destino" en la estadística española rara vez coincide con el lugar donde la prenda se usa —o se descarta— finalmente. Cada salto añade una capa más entre el dato declarado en origen y la realidad física en el extremo de la cadena.
¿Y qué ocurre en ese extremo? Aquí el balance es genuinamente contestado, y conviene presentarlo sin maniqueísmo. Por un lado, hay cadenas reales de clasificación y reutilización que sostienen economías locales: la Asociación de Comerciantes de Ropa Usada de Ghana sostiene que menos del 5 % de lo que llega al mercado de Kantamanto puede considerarse residuo, y subraya que el sector emplea a unos 2,5 millones de personas y aportó cerca de 30 millones de dólares en ingresos públicos.[12] Es un argumento de peso: restringir bruscamente el flujo tendría costes sociales reales en destino, y son las propias asociaciones locales quienes lo advierten.
Por otro lado, hay impactos negativos abundantemente documentados. La OR Foundation estima que cerca del 40 % de los textiles que pasan cada semana por Kantamanto salen del mercado como residuo. Y el caso del desierto de Atacama, en Chile, es elocuente: cada año llegan unas 59.000 toneladas de ropa al puerto franco de Iquique, y al menos 39.000 toneladas que no encuentran comprador acaban en vertederos del desierto, a cielo abierto.[13] Son cifras que ningún registro aduanero captura: aparecen como "importación de ropa usada" en la entrada y desaparecen del dato en cuanto dejan de tener valor comercial.
La distancia entre el "menos del 5 %" y el "40 %" no es un matiz: es un factor de ocho. Y el hecho de que dos partes legítimas, ambas con datos parciales y con intereses contrapuestos, puedan defender cifras tan dispares dice mucho sobre la calidad de la información disponible. No estamos discutiendo interpretaciones de un mismo dato; estamos ante la ausencia de un dato fiable y compartido.
El problema de fondo es de visibilidad
Si hay un hilo que recorre todo lo anterior, es que el sistema de información sobre el que se toman decisiones de gran impacto ambiental y social es estructuralmente ciego en cuatro puntos.[14]
Primero, la clasificación arancelaria mezcla cosas distintas. La partida HS 6309 agrupa en una sola casilla ropa de buena calidad lista para reutilizar y fardos mixtos sin clasificar. No distingue lo que se va a llevar puesto de lo que terminará en un vertedero. Cualquier estadística agregada que se construya sobre esa base hereda esa ambigüedad de origen.
Segundo, existe un incentivo a la clasificación errónea. Etiquetar como prenda reutilizable lo que en realidad es residuo permite sortear regulación, evitar costes de eliminación y acceder a mercados. No es necesario presumir mala fe generalizada para reconocer que el incentivo existe y que, donde existe un incentivo no vigilado, hay comportamiento que lo sigue. La señal de precios de la sección anterior es coherente con esa hipótesis.
Tercero, no hay datos de calidad ni de destino final. Para los textiles que no se consideran formalmente residuo no existen requisitos específicos de reporte sobre qué contienen ni dónde acaban. Por eso los estudios con dispositivos GPS resultan metodológicamente valiosos: rastrean precisamente lo que las estadísticas oficiales no ven.
Cuarto, las cifras de exportador e importador no cuadran entre sí. Los flujos espejo —lo que un país declara haber enviado frente a lo que el receptor declara haber recibido— divergen de forma sistemática, lo que confirma que una porción del movimiento real escapa al registro o se contabiliza de forma inconsistente.
Para una organización, esta ceguera no es un problema abstracto. Significa que la diligencia debida sobre la cadena de valor —cada vez más exigida por reguladores, inversores y clientes— se diluye exactamente en los tramos de menor visibilidad. Si una empresa no puede acreditar qué sale de sus operaciones ni dónde termina, su responsabilidad no desaparece: simplemente se vuelve indemostrable, en un sentido y en el otro.
La regulación que viene —y por qué no bastará sola
El marco normativo está cambiando deprisa, y en la dirección correcta. La Directiva (UE) 2025/1892 establece la responsabilidad ampliada del productor (RAP) obligatoria para textiles en todos los Estados miembros, con plazo para implantar los regímenes el 17 de abril de 2028.[15] En España, la Ley 7/2022 obliga a la recogida separada de los residuos textiles desde finales de 2024, y el desarrollo reglamentario contempla objetivos de reducción, reutilización y la prohibición de destruir excedentes no vendidos. En el plano internacional, Dinamarca, Francia y Suecia propusieron en marzo de 2024 someter los residuos textiles a los mecanismos de control del Convenio de Basilea, lo que exigiría el consentimiento explícito del país receptor.
Todo ello modificará los incentivos. Pero —y este es el punto que conecta con la idea de sostenibilidad tangible— ninguna de estas palancas funcionará de verdad si la trazabilidad no mejora al mismo tiempo. Una RAP que financie la gestión sin capacidad de distinguir lo reutilizable de lo desechable seguirá operando sobre la misma casilla arancelaria ambigua. Una prohibición de exportar residuos que no pueda verificar qué es residuo se sorteará reclasificando en origen. La regulación fija el objetivo; la trazabilidad es lo que determina si el objetivo es verificable o meramente declarativo.
Aquí la analogía con el resto de la agenda de sostenibilidad es exacta. Durante años, muchas organizaciones transformaron sus informes sin transformar sus operaciones. El salto de madurez llega cuando la información de sostenibilidad entra en la decisión operativa —en este caso, en cómo se clasifica, se audita y se documenta cada partida antes de salir del país— y no solo en la memoria anual. La pregunta no es si vamos a tener más regulación, sino si llegaremos a ella con sistemas capaces de responder con datos, y no con relato.
En esa dirección apuntan ya algunas iniciativas de los propios fabricantes: plataformas de reventa de segunda mano gestionadas por las marcas —como Sellpy, participada mayoritariamente por el grupo H&M, o Zara Pre-Owned— junto al auge de mercados de particulares como Vinted o Wallapop. Todas tratan de mantener la prenda en circulación de mayor valor en lugar de derivarla, en fardo, al canal mayorista de exportación. Son ejemplos de sostenibilidad tangible: extender la vida útil del producto se convierte en modelo de negocio y no en gesto reputacional. Conviene, eso sí, no sobredimensionarlas. Su escala sigue siendo modesta frente al volumen de producción de los propios grupos, y no resuelven por sí solas la opacidad de lo que acaba exportándose. Pero marcan el sentido correcto —y el momento: anticiparse a la responsabilidad ampliada del productor en lugar de esperar a que la imponga la norma.
Y conviene no olvidar el origen del flujo: todo esto empieza mucho antes de la exportación. Cuanto más responsable es el consumo y más se prioriza la reutilización real frente al descarte, menor es la presión que se traslada aguas abajo. La trazabilidad ayuda a gestionar el problema; consumir y reutilizar mejor es lo que lo reduce.
Resumen
El comercio de ropa usada que parte de España y Europa es un flujo de gran escala —en torno a 1,37 millones de toneladas anuales desde la UE— con un impacto social genuinamente ambivalente: sostiene empleo y abastece de ropa asequible en destino, y a la vez genera acumulaciones de residuo que los sistemas locales no absorben. El cruce de datos comerciales aporta una señal poco comentada: en los principales destinos, España exporta "ropa usada" a un precio por tonelada equiparable al de los trapos, lo que abre la pregunta de si parte de ese flujo funciona en la práctica como residuo. La raíz del problema no es regulatoria sino de visibilidad: una clasificación arancelaria ambigua, incentivos a la clasificación errónea, ausencia de datos de destino y discrepancias entre exportadores e importadores. La nueva regulación europea —RAP textil, Convenio de Basilea— cambiará los incentivos, pero solo será eficaz si la trazabilidad mejora en paralelo. Para las empresas, el mensaje es el mismo que recorre toda la sostenibilidad tangible: el valor —y la responsabilidad demostrable— está en que el dato entre en la decisión operativa, no en el informe.