EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no presta servicios a los clientes.
El pasado mes de marzo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicaba un análisis sobre el mercado interior titulado "Diecisiete mercados en busca de unidad: el futuro del mercado interior español en manos de las Comunidades Autónomas" que ponía el foco en la existencia de un problema estructural de fragmentación regulatoria dentro de nuestro mercado nacional, con consecuencias relevantes para la competitividad de nuestras empresas, su capacidad de inversión y la seguridad jurídica.
Iniciativas tendentes a crear un marco común que favorezca la actividad empresarial, como la denominada "Régimen 20" impulsada en 2024 por el Ministerio de Economía, o la adopción de leyes autonómicas de mercado abierto o medidas de reconocimiento mutuo o simplificación administrativa en algunas Comunidades son la mejor evidencia de que nuestros reguladores, en sus distintos ámbitos de actuación, empiezan a ser plenamente conscientes de que para cualquier empresa u operador es un freno relevante tener que coexistir con un complejo entramado normativo europeo, nacional y autonómico, que se solapa con una regulación sectorial y transversal cada vez más compleja.
Porque el problema no es sólo la dispersión, sino también la cantidad; otro trabajo publicado el pasado año por el Banco de España advertía de una fuerte tendencia de crecimiento en la actividad normativa, que se traduciría en la publicación de más de 32 nuevas normas al día, lo que constituye un importante reto para las empresas, y, en particular, para las de menor tamaño, debido a los costes de cumplimiento, lo que impacta sustancialmente en el emprendimiento y la innovación, y, por ende, en la creación de empleo.
Ciertamente, el problema no es exclusivamente nuestro -los informes Letta y Draghi advierten que completar el mercado interior europeo es clave para mejorar la competitividad de Europa frente a China y Estados Unidos- pero lo que tampoco puede obviarse es que a nuestras empresas y empresarios no les ayuda tener que sumar a la fragmentación normativa europea, 17 marcos regulatorios nacionales y un amplísimo abanico de normativa local. Pensemos que, incluso en los casos en que se aplican reglas de reconocimiento mutuo en materia de licencias de actividad, cada empresa tendrá que observar la normativa urbanística, medioambiental o de horarios comerciales del municipio y Comunidad donde se encuentra presente.
El análisis de Fedea situaba el coste económico de esta fragmentación regulatoria entre el 1,5 % y el 2,5 % del PIB, lo que equivale a unos 36.000 millones de euros anuales y apuntaba que el 48% de las empresas españolas identifica la regulación como un obstáculo crítico para la inversión a largo plazo, una proporción que duplica la media de la Unión Europea.
Para el tejido empresarial del País Vasco, caracterizado por su fuerte base industrial y su vocación exportadora, este entorno tiene un impacto particularmente sensible. Muchas empresas compiten con éxito en mercados internacionales altamente exigentes y, sin embargo, encuentran mayores barreras administrativas al expandirse dentro del propio territorio nacional. Requisitos distintos, procedimientos duplicados o calendarios regulatorios desalineados entre comunidades suponen costes adicionales que no generan valor.
La fragmentación no solo eleva los gastos administrativos, sino que también transforma el riesgo regulatorio en un factor estratégico. El incremento de la complejidad regulatoria puede disminuir el empleo en ciertos sectores y afecta especialmente a las pymes y empresas en crecimiento, pues mientras las grandes compañías pueden absorber parte del impacto mediante estructuras internas más complejas, las pymes -columna vertebral de la economía vasca- sufren el impacto de la velocidad del cambio regulatorio en mayor medida. Nuevas normas en materia laboral, fiscal, medioambiental o de sostenibilidad se suceden con rapidez, obligando a las empresas a revisar continuamente procesos, contratos y estructuras internas. Este esfuerzo permanente consume recursos que podrían destinarse a innovación, internacionalización o crecimiento orgánico.
Precisamente por ello, en el entorno empresarial actual, la función de cumplimiento normativo ha evolucionado hacia un rol estratégico. Las organizaciones lo consideran una parte fundamental de su gestión, equiparándolo a áreas como las finanzas o la planificación comercial. El objetivo trasciende la prevención de sanciones, orientándose hacia la anticipación de impactos regulatorios que pueden influir en decisiones de inversión, operaciones corporativas o procesos de internacionalización.
Siendo esto así, los datos a los que hemos hecho referencia revelan una paradoja evidente: mientras Europa subraya la importancia de fortalecer los mercados integrados para potenciar la competitividad global, persisten dinámicas internas que fragmentan el mercado nacional. Esto implica riesgos como menor inversión, mayor prudencia empresarial y una reducción paulatina del atractivo frente a contextos más previsibles.
La solución no reside en recentralizar ni eliminar la diversidad territorial, sino en optimizar la coordinación, consolidar el reconocimiento mutuo y mejorar la calidad regulatoria. La evaluación sistemática del impacto económico de las normas, así como la reducción de cargas innecesarias, debe ser un objetivo común para todas las administraciones. Y aquí es donde medidas que dependen de su adopción a nivel autonómico, como las leyes de mercado abierto, o que responden a un modelo de soft law, están revelándose insuficientes para llevar a cabo esta imprescindible simplificación administrativa y tarea de coordinación.
En el caso del País Vasco, mantener su competitividad requiere un marco regulatorio nacional y autonómico que respalde al tejido empresarial, aporte seguridad y estabilidad, y, sobre todo, sea previsible, pues no hay mayor enemigo de la generación de riqueza que la incertidumbre.
Publicado en El Correo
Resumen
La fragmentación normativa entre comunidades autónomas y el exceso de regulación en España dificultan la actividad empresarial, elevan costes y reducen la competitividad, especialmente para las pymes. Esta complejidad, con decenas de normas nuevas cada día, frena la inversión, la innovación y el empleo, con un impacto económico relevante. Aunque es un problema también presente en Europa, en España se agrava por la coexistencia de múltiples marcos regulatorios. La solución pasa por mejorar la coordinación, simplificar la normativa y reforzar su coherencia para ofrecer un entorno más estable y previsible a las empresas.