La paz no es un estado natural de las cosas; es una construcción política, económica y social que exige inversión, compromiso y voluntad colectiva
Europa lleva más de siete décadas disfrutando de un periodo de prosperidad e integración que no tiene precedentes en su historia. Tan acostumbrados estamos a esa realidad que a menudo olvidamos que constituye una excepción histórica. Durante siglos, el continente fue escenario recurrente de guerras, rivalidades imperiales y conflictos entre naciones. Precisamente por eso, la última cumbre de la OTAN ha supuesto mucho más que una discusión sobre presupuestos militares: representa la constatación de que Europa ha comprendido que la paz no es gratuita y que la seguridad colectiva exige asumir nuevas responsabilidades.
La reunión estuvo marcada por la presión de Estados Unidos para que los aliados incrementen su esfuerzo en defensa. Donald Trump volvió a cuestionar el compromiso europeo con la seguridad colectiva y criticó el nivel de gasto militar de varios países. En particular, España fue objeto de comentarios específicos sobre su contribución a los objetivos de la Alianza. Sin embargo, más allá de las declaraciones y de las tensiones políticas habituales, la cumbre terminó transmitiendo un mensaje claro: los miembros de la OTAN reafirmaron su compromiso con la defensa colectiva recogida en el artículo 5 del Tratado de Washington y avanzaron en nuevos compromisos de inversión.
El debate no debería centrarse únicamente en cuánto dinero gastar, sino en por qué debemos hacerlo. Durante décadas, Europa pudo destinar una parte relativamente reducida de sus recursos a la defensa porque existía una garantía de seguridad proporcionada fundamentalmente por Estados Unidos. Ese equilibrio permitió reforzar el Estado del bienestar, financiar sistemas públicos de salud y educación y desarrollar amplios mecanismos de protección social. Sin embargo, el contexto geopolítico ha cambiado de forma radical.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha devuelto la guerra al continente europeo. Al mismo tiempo, las tensiones en Oriente Medio, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y la inestabilidad en diversas regiones estratégicas han puesto de manifiesto que la seguridad no puede darse por garantizada. Europa se enfrenta a un escenario en el que debe ser capaz de proteger sus intereses y contribuir de forma más activa a la estabilidad internacional.
Este nuevo contexto obliga a replantear algunas prioridades. Durante años, hablar de gasto militar resultaba incómodo para buena parte de la opinión pública europea. La defensa era percibida como una materia distante, propia de especialistas o de gobiernos. Hoy la realidad es muy distinta. La seguridad energética, la protección de infraestructuras críticas, la defensa frente a ciberataques o la estabilidad de las cadenas de suministro forman parte de la vida cotidiana de ciudadanos y empresas. La defensa ya no es un concepto exclusivamente militar; es también una condición necesaria para preservar nuestro modelo económico y social.
Por supuesto, aumentar los presupuestos de defensa plantea interrogantes legítimos. Los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales siguen siendo enormes. La cuestión no es menor: cada euro destinado a seguridad compite con otras prioridades igualmente relevantes. Sin embargo, plantear el debate como una elección entre defensa y bienestar conduce a una falsa dicotomía. Sin seguridad, las condiciones que permiten sostener la prosperidad y la cohesión social se debilitan progresivamente. La historia europea ofrece demasiados ejemplos de ello.
Además, el incremento de la inversión en defensa no debe contemplarse exclusivamente como un gasto. También constituye una oportunidad para reforzar la base industrial y tecnológica europea. La industria de defensa incorpora sectores de alto valor añadido relacionados con la fabricación avanzada, la tecnología, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los sistemas espaciales y las telecomunicaciones. Muchas de las innovaciones que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana tienen su origen en desarrollos vinculados inicialmente al ámbito de la seguridad.
España también tiene una oportunidad relevante en este proceso. Nuestro país dispone de empresas competitivas, capacidades industriales avanzadas y un creciente ecosistema tecnológico que puede beneficiarse de este nuevo impulso inversor. La clave estará en desarrollar una estrategia que combine seguridad, innovación y competitividad, evitando que el debate quede reducido exclusivamente a porcentajes de gasto o compromisos presupuestarios.
La cuestión de fondo es mucho más profunda. Europa está entrando en una nueva etapa histórica en la que deberá asumir una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad. Esto no implica renunciar a las alianzas tradicionales ni abandonar la cooperación transatlántica. Significa reconocer que la autonomía estratégica requiere capacidades reales y que la estabilidad no puede depender exclusivamente de decisiones adoptadas fuera del continente.
Quizá la principal lección de la reciente cumbre sea precisamente esa. Durante demasiado tiempo hemos considerado la paz como un estado natural de las cosas. Sin embargo, la paz es una construcción política, económica y social que exige inversión, compromiso y voluntad colectiva. Las generaciones que vivieron las grandes guerras del siglo XX comprendían intuitivamente esta realidad. Las generaciones actuales, afortunadamente alejadas de aquellos conflictos, tendemos a olvidarla.
Publicado en El Correo