Europa en la encrucijada: competitividad o regulación

El riesgo para Europa ya no es solo crecer menos, sino dejar de ser relevante en una economía global cada vez más integrada, innovadora y competitiva

Europa lleva tiempo enfrentándose a una realidad incómoda: está perdiendo peso relativo en la economía global. No se trata de una percepción, sino de una tendencia estructural respaldada por los datos. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea ha pasado en apenas dos décadas de representar alrededor del 30% del PIB mundial a situarse hoy en el entorno del 17%. La tendencia es inequívoca: Europa sigue siendo una gran economía, pero cada vez menos dominante en el equilibrio global.

El debate ya no gira tanto en torno a si existe un problema, sino a identificar sus causas y, sobre todo, sus soluciones. En este punto, dos recientes informes europeos —los liderados por Enrico Letta y Mario Draghi— convergen en un diagnóstico común: la Unión Europea no está aprovechando su potencial como mercado único y, como consecuencia, pierde competitividad frente a economías más integradas y dinámicas.

El indicador más revelador es la productividad. La productividad laboral europea se sitúa entre un 30% y un 40% por debajo de la estadounidense, y la brecha se ha ampliado en los últimos años. Tras la pandemia, mientras la productividad en Estados Unidos ha crecido de forma significativa, en la eurozona lo ha hecho a un ritmo mucho más lento. Esta divergencia es crítica, porque la productividad es el principal motor de la prosperidad: determina la capacidad de pagar salarios más altos, sostener el Estado del bienestar y competir en sectores de alto valor añadido.

Una de las razones de esta brecha es la inversión en innovación. Europa destina aproximadamente el 2,3% de su PIB a I+D, frente a cerca del 3,5% en Estados Unidos. Pero no es solo una cuestión de volumen, sino también de enfoque. La economía europea sigue concentrando una parte relevante de su esfuerzo en sectores industriales maduros, mientras que Estados Unidos lidera en tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el software o la biotecnología.

Las diferencias se hacen especialmente visibles en el ámbito tecnológico. Europa dispone de talento y centros de investigación de primer nivel, pero su capacidad para escalar empresas tecnológicas es menor. El acceso a financiación —especialmente capital riesgo— es limitado y el mercado está fragmentado. Mientras una startup estadounidense opera desde el inicio en un entorno homogéneo, una europea debe adaptarse a múltiples marcos normativos, lo que dificulta su crecimiento.

Este es, probablemente, el núcleo del problema: Europa no funciona plenamente como un verdadero mercado único. Persisten barreras regulatorias, administrativas y financieras que limitan la escala de las empresas. El resultado es conocido: menor inversión, menores economías de escala y menor competitividad.

A este desafío se suma otro factor crítico: los costes energéticos. La industria europea soporta precios de electricidad y gas muy superiores a los de Estados Unidos, en algunos casos más del doble. Esta diferencia responde a factores como la dependencia exterior, la fiscalidad o la falta de integración de los mercados energéticos. Para los sectores intensivos en energía, esta desventaja impacta directamente en su rentabilidad y en la localización de inversiones.

En este contexto, la regulación ocupa un lugar central. Europa ha construido históricamente marcos regulatorios que han facilitado el desarrollo económico durante siglos. El propio Derecho romano, base de gran parte de los sistemas jurídicos europeos, es un ejemplo de cómo una regulación clara y coherente puede favorecer el comercio, la seguridad jurídica y la actividad económica en un espacio amplio y diverso. Esa tradición es una de las grandes fortalezas de Europa.

Sin embargo, cuando la regulación es compleja, fragmentada o poco coordinada, se convierte en un freno. El problema no es tanto la regulación como su diseño. Si no favorece un verdadero mercado único, genera costes adicionales y resta competitividad. El objetivo no debería ser regular menos, sino regular mejor: simplificar, coordinar y permitir operar a escala europea.

España no es ajena a esta realidad. Nuestro país reproduce, en parte, el problema europeo a nivel interno, con una superposición de normativas estatales, autonómicas y locales que añade complejidad al entorno empresarial.

En el País Vasco, este aspecto es especialmente relevante. Se trata de una economía con fuerte base industrial y orientación exportadora, altamente expuesta a las dinámicas globales. La fragmentación normativa, junto con los elevados costes energéticos y la presión competitiva internacional, condiciona las decisiones de inversión y limita el crecimiento de muchas empresas. En un entorno donde la escala es decisiva, cualquier barrera adicional tiene un impacto directo.

Europa se encuentra, en definitiva, en un momento decisivo. La transición energética, la digitalización y el contexto geopolítico exigen una respuesta coordinada y ambiciosa. Los informes Letta y Draghi apuntan en una dirección clara: completar el mercado interior, reforzar la inversión en innovación y adaptar el marco regulatorio al nuevo entorno competitivo.

La cuestión no es elegir entre regulación y competitividad. La verdadera cuestión es si Europa será capaz de combinarlas eficazmente, recuperando lo mejor de su tradición jurídica —seguridad, coherencia y escala— sin perder agilidad. Porque el riesgo ya no es solo crecer menos, sino dejar de ser relevante.

Publicado en El Correo