EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no presta servicios a los clientes.
La mejor política fiscal no es la que maximiza los ingresos a corto plazo, sino la que consigue que haya más actividad económica a futuro
La política fiscal siempre ha sido mucho más que una herramienta de recaudación. Los impuestos financian servicios públicos esenciales —la sanidad, la educación o las pensiones—, pero también condicionan decisiones económicas clave: dónde invertir, dónde emprender, dónde crear empleo o dónde desarrollar proyectos empresariales a largo plazo. Por eso, las sociedades que han entendido la fiscalidad como un instrumento de crecimiento tienden a prosperar más que aquellas que la consideran únicamente una fuente de ingresos.
En España, el debate fiscal se ha simplificado en exceso. A menudo se plantea como una dicotomía entre subir o bajar impuestos, cuando la verdadera cuestión es otra: qué modelo económico queremos construir y qué papel debe desempeñar la fiscalidad para alcanzarlo.
Los datos muestran la magnitud del fenómeno. En el País Vasco, las tres diputaciones forales recaudaron en 2024 un total de 18.310 millones de euros en tributos concertados, una cifra récord en términos históricos. De ese total, Bizkaia concentró 9.409 millones, Gipuzkoa 6.070 millones y Álava 2.831 millones.
Este incremento de ingresos convive con una percepción creciente de complejidad normativa, elevada litigiosidad y cambios frecuentes en las reglas del juego. El resultado es una paradoja preocupante: se recauda más que nunca, pero no necesariamente se genera más confianza económica.
Y la confianza es un activo esencial. La inversión depende de la estabilidad regulatoria, de la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones públicas. Cuando estos elementos se debilitan, el coste acaba trasladándose a la competitividad de la economía.
Esta reflexión adquiere una dimensión particular en el País Vasco. El Concierto Económico constituye una singularidad institucional que otorga a las haciendas forales capacidad normativa y de gestión tributaria, permitiendo adaptar la política fiscal a la realidad del territorio.
Precisamente por ello, Euskadi dispone de una oportunidad que no debería desaprovechar. La autonomía fiscal no debe entenderse únicamente como una herramienta recaudatoria, sino como una palanca estratégica para impulsar la inversión productiva, la innovación y el fortalecimiento del tejido industrial.
Existen ejemplos que avalan esta capacidad de actuación. Los incentivos fiscales vinculados a determinadas inversiones o las actividades de I+D han demostrado que una fiscalidad bien diseñada puede atraer actividad económica, movilizar inversión privada y generar empleo de calidad.
Sin embargo, el desafío actual es más amplio. Europa atraviesa un momento de pérdida relativa de competitividad frente a Estados Unidos y Asia. La inversión internacional es cada vez más selectiva, mientras la industria europea soporta costes energéticos, regulatorios y financieros superiores a los de muchos de sus competidores. En este contexto, la fiscalidad debe actuar como un elemento de estímulo, no como un factor adicional de incertidumbre.
Además, este debate no puede desligarse de la evolución reciente del sistema tributario. En los últimos años se han introducido nuevas figuras impositivas relevantes: el impuesto sobre determinados servicios digitales, el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, gravámenes extraordinarios sobre entidades financieras y compañías energéticas, así como un impuesto mínimo global del 15% para grandes multinacionales. Este conjunto de medidas refleja una tendencia clara hacia la ampliación del perímetro fiscal.
En este punto conviene recordar una idea clásica de la economía: la curva de Laffer. Más allá de simplificaciones, su enseñanza principal es que existe un nivel a partir del cual incrementos adicionales de impuestos desincentivan la actividad económica y pueden acabar limitando la propia recaudación. No se trata de defender reducciones indiscriminadas, sino de entender que la relación entre tipos impositivos e ingresos públicos no es lineal y que los incentivos importan.
Esta reflexión es especialmente relevante en un momento en el que el sostenimiento del Estado del bienestar, y en particular de las pensiones, exigirá bases fiscales amplias y dinámicas. Garantizar ingresos suficientes a largo plazo no depende únicamente de elevar tipos, sino de que haya más empleo, más empresas y más actividad económica sobre la que aplicar esos impuestos.
El País Vasco conoce bien este reto. Su fortaleza histórica se ha sustentado en una base industrial sólida, una cultura empresarial arraigada y una visión de largo plazo. Preservar esas ventajas exigirá políticas públicas capaces de incentivar la inversión, favorecer la capitalización empresarial y atraer talento en un entorno cada vez más competitivo.
No se trata de iniciar una carrera a la baja en impuestos ni de debilitar el Estado del bienestar. La cuestión es más compleja. Se trata de entender que el crecimiento económico sostenible requiere incentivos adecuados; que la creación de riqueza no es automática; y que la fiscalidad puede favorecerla o dificultarla.
El mayor riesgo es caer en la tentación de utilizar la política fiscal exclusivamente para resolver necesidades presupuestarias inmediatas. Cuando esto sucede, el largo plazo desaparece del debate. La prioridad deja de ser cómo crecer más para centrarse únicamente en cómo recaudar más.
Sin embargo, las economías más dinámicas no son necesariamente las que más recaudan ni las que menos gravan. Son aquellas que logran que su sistema tributario acompañe una estrategia económica coherente, genere confianza y favorezca la inversión.
La fiscalidad no debería concebirse como un castigo al éxito ni como una herramienta de ajuste permanente. Debería ser, ante todo, un instrumento al servicio del progreso.
Porque, al final, la mejor política fiscal no es la que maximiza los ingresos a corto plazo, sino la que consigue que, dentro de varios años, haya más actividad económica, más empleo, más empresas y, en definitiva, una mayor prosperidad colectiva que permita sostener también los compromisos sociales.
Publicado en El Correo
Resumen
La fiscalidad debe usarse para impulsar crecimiento, inversión y empleo, no solo para recaudar. Aunque los ingresos han aumentado, la falta de estabilidad y seguridad jurídica reduce la confianza. La clave es diseñar un sistema que favorezca la actividad económica a largo plazo y garantice la sostenibilidad del Estado del bienestar.
