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La inmigración es clave para el crecimiento económico de las economías desarrolladas
La inmigración ha funcionado como motor del crecimiento de las principales economías desarrolladas durante los últimos años. Las limitaciones para el mantenimiento de estas tendencias migratorias exigen un impulso renovado de reformas e inversión empresarial para aumentar la productividad.
El envejecimiento demográfico, la transición energética, la transformación digital y la búsqueda de la autonomía estratégica, unido al fuerte repunte de la actividad económica y la reducción de las tasas de desempleo, han tensionado la oferta y demanda de trabajadores en los mercados laborales mundiales durante los últimos años.
Ello ha impulsado durante los últimos años la flexibilización de los procesos de obtención de permisos de residencia y trabajo en la mayoría de economías desarrolladas. Así, en EE.UU. y en Reino Unido se aprobaron visados específicos para la atracción de talento especializado en Inteligencia Artificial, en Alemania en sectores estratégicos, en Estonia en perfiles emprendedores tecnológicos, en Marruecos y Emiratos Árabes en transición energética y en España en emprendedores, inversores y profesionales altamente cualificados, entre muchos otros.
La llegada de profesionales extranjeros para cubrir las necesidades laborales de los países más desarrollados, unido a la presión migratoria por causas no laborales (humanitarias y familiares), ha impulsado a máximos de más de 6,5 millones el flujo anual de migrantes a los países de la OCDE. Y de acuerdo con el más reciente análisis en la materia del Banco Central Europeo -pese a suponer un 9% de la fuerza laboral en la zona euro- el crecimiento durante los últimos tres años de la población extranjera (3,2 millones de trabajadores adicionales) ha representado la mitad de todo el crecimiento de la fuerza de trabajo. Ello ha contribuido a aliviar los problemas de vacantes en las empresas y apoyado de manera sustancial el crecimiento económico. Así, el empleo extranjero ha supuesto en torno al 80% del crecimiento del PIB registrado en España durante el último lustro, y sin ellos Alemania habría sufrido una contracción del PIB entre finales de 2019 y el cierre de 2024, debido al mal comportamiento de la productividad y la reducción de nacionales en edad de trabajar y su tasa de empleo.
El impacto en la sociedad del aumento de la inmigración no vinculada al mercado de trabajo, el ciclo electoral global y las tensiones geoestratégicas, entre otros factores, han dado paso al inicio de una reversión en la flexibilización de la política migratoria global.
Estados Unidos está limitando la concesión de visados de residencia e impulsando procesos de deportación de inmigrantes. Canadá, Lituania y Filipinas han introducido recientemente requisitos más estrictos de autorización de trabajo para los extranjeros y sus empleadores. Austria, Finlandia y Turquía han aumentado los requisitos de salario mínimo para los trabajadores extranjeros. En España se ha eliminado la concesión de permisos a inversores. Y, Reino Unido, que ha aumentado los requisitos para la concesión de permisos, ha registrado un aumento del 350% en el número de autorizaciones para trabajadores cualificados revocadas en 2024.
En España, la escasez de vivienda se une estos y otros factores como limitantes del mantenimiento de los elevados flujos migratorios de entrada. De hecho, en nuestro país, pese seguir en elevados niveles de entrada de inmigrantes, el crecimiento de la población extranjera se viene desacelerando desde 2023.
Vista la dependencia de las economías desarrolladas de la inmigración para impulsar el crecimiento, el estancamiento e incluso reducción de fuerza de trabajo extranjera podría tener serias consecuencias para el crecimiento económico en los países desarrollados, si no se ve compensado por una mejora del funcionamiento de los mercados laborales nacionales, así como mejoras en la gestión del talento en las empresas.
En el caso concreto de España, por lo que respecta a las políticas públicas, en el ámbito migratorio, sería deseable impulsar medidas que faciliten la atracción de talento extranjero vía legal ex ante/contratación en origen (hoy sólo el 5% de los inmigrantes que acceden al permiso de trabajo, frente al 25% que lo hace vía solicitud de asilo o el 70% vía arraigo tras una estancia irregular). Igualmente, el contexto internacional actual supone una oportunidad para facilitar la atracción de estudiantes extranjeros a nuestras universidades, como fase previa a la entrada a nuestro mercado laboral. A su vez, urge impulsar una regulación adecuada, que garantice la mejora de la calidad del sistema educativo a todos los niveles y lo más consensuada posible para asegurar su estabilidad en el tiempo, así como reforzar los niveles de inversión en formación y orientación profesional. En relación con el mercado de trabajo, hay mucho margen para impulsar la integración activa de los casi 2,8 millones de desempleados que sitúan aun la tasa de paro por encima del 11%. Ello exige priorizar su incorporación en el mercado de trabajo, a través de un marco de relaciones laborales flexible y seguro, un modelo de intermediación y formación profesional para el empleo moderno y eficaz, y un marco de protección social y desempleo que incentive la transición al empleo y evite la trampa de la pobreza a la que se someten los desempleados que dejan de buscar activamente empleo.
Estos y muchos otros avances en las políticas públicas son necesarios para enfrentar los desafíos del nuevo contexto. Pero ello no será suficiente. Todos estamos convocados a esta tarea. Es preciso que estas políticas sean acompañadas de prácticas empresariales de gestión de personas e inversión en capital humano que permitan atraer, retener y cuidar el talento, e impulsar su recualificación permanente y su productividad.
En definitiva, ante el contexto disruptivo actual, urge complementar, con más productividad y activación hacia el empleo, a la inmigración como principal motor del desarrollo económico y social.
Publicado en Expansión
Resumen
La inmigración ha sido clave en el crecimiento económico de los países desarrollados, pero su sostenibilidad se ve amenazada por factores demográficos, políticos y sociales. Muchos gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias, lo que podría afectar negativamente al empleo y al PIB. En España, se requiere una mejor gestión del talento extranjero y mayor integración de los desempleados. Para mantener el desarrollo, es crucial complementar la inmigración con reformas laborales y educativas que impulsen la productividad.