EY identifica 10 prioridades estratégicas para una necesaria transformación de la Administración Pública ante los nuevos retos

• EY congrega a profesionales de reconocido prestigio en gestión pública para su estudio “Transformando la Administración Pública”, que propone debatir y mejorar en aspectos como la atracción de jóvenes profesionales, el análisis de datos o la simplificación de procesos.
• El gasto público ha experimentado un incremento del 140% entre el año 2000 y 2021, casi duplicando el crecimiento del Producto Interior Bruto (86%), lo que subraya la importancia del sector público en la economía española.
• El 95% de los ciudadanos respalda la necesidad de mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas.
• El informe presenta un decálogo de prioridades estratégicas para la transformación de la Administración Pública, entre las que se incluyen la generación de consensos y la importancia de la colaboración público-privada.

La transformación de la Administración Pública sigue siendo una tarea pendiente. Para que vaya acompasada a los logros que la sociedad española ha alcanzado durante los últimos cincuenta años, en un entorno cada vez más digitalizado y en constante cambio, es imperativo que sea capaz de adaptarse, ofreciendo servicios más eficientes, transparentes y accesibles a los ciudadanos.

La necesidad de esta transformación es palpable y viene dada no solo por los retos del presente, sino también por los desafíos futuros que afronta nuestra sociedad. La revolución tecnológica, los cambios culturales, los nuevos hábitos de consumo y ocio, el envejecimiento de la población, la mayor conciencia medioambiental y los riesgos geopolíticos son solo algunos de los factores que requieren una Administración Pública más ágil y adaptada.

EY Insights, a través del informe ‘Transformando la Administración pública’, recopila los datos que evidencian esta necesidad de cambio por parte de los organismos públicos e identifica, por otra parte, los elementos que pueden mejorar la capacidad de la Administración para acomodarse a este nuevo entorno complejo y en constante cambio. Para ello ha contado con la colaboración de un nutrido grupo de expertos ajenos a EY, todos ellos profesionales de gran experiencia y profundo conocimiento del sector público, muchos de ellos con experiencia como altos cargos de la Administración.

El informe identifica varios desafíos que deben ser superados para mejorar los servicios públicos, incluyendo la complejidad normativa y procesal, los sistemas de contratación inflexibles y la falta de mecanismos de coordinación adecuados para una nación descentralizada. Sin embargo, todos estos retos representan también oportunidades para mejorar y modernizar la Administración Pública a través de medidas como la digitalización, la simplificación de los procesos, la colaboración con el sector privado, las mejoras en la contratación y los sistemas de selección y el uso de la experimentación para evaluar la efectividad de políticas públicas.

Entre los aspectos más destacados está el notable crecimiento del gasto público, que ha experimentado un incremento del 140% entre el año 2000 y 2021, casi duplicando el crecimiento del Producto Interior Bruto (86%). Este dato refleja la fuerte inversión gubernamental en diversas áreas y subraya la importancia del sector público en la economía española.

Según una encuesta del CIS, el 95% de los ciudadanos respalda la necesidad de mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas. Sin embargo, surge una paradoja cuando observamos el envejecimiento de la plantilla de empleados públicos, con una edad media de 51,5 años, y el 46% por encima de los 55 años en el año 2020. Esta realidad demográfica plantea un desafío adicional para la Administración Pública, ya que renovar y transformar una institución que está envejeciendo puede ser una tarea compleja por abordar a corto plazo.

Llama la atención la composición del aumento del gasto público, ya que el 63.6% de este incremento se atribuye al aumento del gasto en prestaciones sociales, lo que pone de relieve la relevancia de la Seguridad Social y el bienestar en la política gubernamental. Por otro lado, la multiplicación por cuatro del volumen de producción normativa desde finales de los años setenta señala la creciente complejidad de las regulaciones en España, un desafío que no es fácil de abordar porque, además, somos uno de los países más descentralizados de la Unión Europea, lo que tiene implicaciones significativas en la toma de decisiones a nivel regional y local.

Otro de los ejemplos lo podemos encontrar en la gobernanza de la Administración. A pesar de los avances en consulta pública y gobierno abierto, la interacción efectiva con la sociedad civil en la creación de normas sigue siendo mejorable. La falta de sistematización en la cultura de gobierno abierto dificulta la participación social en la elaboración de proyectos de ley y normativas. Esto ha llevado a un aumento en la utilización de decretos-leyes en lugar de legislación consensuada, lo que afecta a la estabilidad normativa y a la capacidad de ejecución de las políticas públicas. Para evitar esta situación es esencial promover la interacción entre la sociedad civil y los legisladores, así como impulsar el análisis de impacto normativo y la evaluación de calidad normativa.

A partir de este análisis, el documento presenta diez prioridades estratégicas para la transformación de la Administración Pública:

Un decálogo de prioridades estratégicas

1. Generar consensos para impulsar reformas que adapten los servicios públicos a las necesidades de ciudadanos y empresas.
2.  Definir objetivos y planificar de manera integral, anticipando las futuras tendencias económicas, demográficas y sociales.
   
3. Implementar sistemas que permitan la generación y análisis de datos e información masiva en tiempo real para mejorar la toma de decisiones.
   
4. Simplificar el marco normativo, mejorando la comunicación con ciudadanos y empresas, para satisfacer sus demandas de manera más eficiente.
   
5. Motivar al personal de la Administración, mejorando el prestigio y la compensación de las funciones públicas y adaptando la formación a las necesidades de la organización.
   
6. Ofrecer una mayor autonomía de gestión y cooperación con el sector privado para mejorar la eficiencia del sistema.
   
7. Simplificar procesos, potenciar la digitalización y la innovación pública.
   
8. Reformar la contratación pública apoyando sectores estratégicos y promoviendo soluciones innovadoras y sostenibles.
   
9. Mejorar la transparencia ofreciendo una mayor cantidad y calidad de datos y facilitando la interacción con la Administración.
   
10. Fortalecer la evaluación y la rendición de cuentas ofreciendo información transparente, fiable y accesible a ciudadanos y empresas.

El informe concluye que estas prioridades estratégicas, de ser implementadas, contribuirían a mejorar la calidad y el buen funcionamiento de las políticas públicas.

Chus Escobar, socia responsable del Sector Público de EY, señala que "la Administración no puede quedarse atrás en un ecosistema en constante evolución. Donde la tecnología y la digitalización están remodelando todos los aspectos de nuestras vidas, es imperativo que la Administración Pública no se quede rezagada. Debemos reinventar la forma en que opera, buscando siempre formas de ser más eficaces en la prestación de servicios a la ciudadanía. La transformación digital es el vehículo perfecto para esta modernización porque permite no solo mejorar los procesos internos, sino también acercar la Administración a los ciudadanos y brindarles una experiencia de usuario más transparente, intuitiva y accesible. La transformación de la Administración Pública no es una opción, sino una necesidad siempre y cuando queramos garantizar un futuro sostenible y equitativo para todos".