Fondos Next Generation y capital humano: no hay tiempo que perder

Es importante conocer en detalle la configuración final de las medidas aprobadas para poder evaluarlas con todos los elementos de juicio.

El pasado 5 de mayo se daban a conocer los 30 documentos explicativos de los Componentes que articulan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lectura densa, sin duda, pero obligatoria para todos aquellos que quieran o necesiten entender bien el alcance del Plan y su forma de despliegue. De especial interés es la descripción que se hace en cada uno de esos 30 documentos, de las distintas reformas e inversiones comprometidas por España para el periodo 2021-2023 y que van a marcar la agenda política y económica en nuestro país durante muchos meses e incluso años.

Una de las claves para entender la mecánica de puesta en marcha de los 70.000 millones de euros del Plan es la del papel que van a jugar en ello cada uno de los niveles de Administración, el estatal, el autonómico (CCAA) y el local. Un buen entendimiento de este reparto de roles es clave, por ejemplo, para conocer cómo se van a hacer llegar muchas de las ayudas a los destinatarios finales, así como para que las empresas puedan tratar de posicionar, presentar o dar a conocer sus iniciativas al nivel adecuado.

Si analizamos con detalle cada Componente, podemos encontrar información muy interesante sobre su naturaleza y sobre cómo se van a utilizar los fondos. Para ello, podemos considerar una doble perspectiva: la primera, cuantitativa, analizando las dotaciones financieras que gestionará cada nivel de administración; y, la segunda, cualitativa, centrada en la distribución de responsabilidades en relación con el diseño, primero, y gestión, después, de las actuaciones previstas.

En cuanto al primer punto, las dotaciones financieras, la ministra de Hacienda reiteraba recientemente la importancia de las administraciones territoriales en la gestión de estos fondos. Esto se nos muestra con claridad a la luz de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 donde de los primeros 24.000 millones de euros ya dotados para el PRTR, más de 10.000 millones serán ejecutados por las CCAA.

En todo caso, hay que remarcar que el PRTR, por su naturaleza de Plan de alcance nacional (y a diferencia de los tradicionales fondos “de cohesión territorial” como el FEDER o el FSE), no contempla un reparto territorializado del total de las cuantías totales que España reciba. Como señaló la ministra de Hacienda, estos fondos se distribuyen por áreas de actuación y no por territorios. Los 70.000 millones previstos en el PRTR para 2021-2023 se han distribuido, primero, por Componentes y, tras ello, en aquellos Componentes que versen sobre competencias autonómicas, se producirá una distribución de fondos a cada una de ellas en el marco de las distintas Conferencias Sectoriales.

En cuanto a la segunda de las perspectivas, la de la conceptualización y gestión de las intervenciones, las que recaen en el ámbito de competencias estatales serán diseñadas y ejecutadas a través de los Ministerios que, en su gestión, se apoyarán con frecuencia en sus entes públicos instrumentales (ADIF; AENA; Red.es; IDAE; CDTI; EOI; FUNDAE; etc.), la mayoría de los cuales tiene una amplísima experiencia en la gestión de este tipo de fondos y proyectos. Su articulación se hará a través de licitaciones y concursos públicos, convocatorias de subvenciones, etc., según cada caso. En el caso de los PERTES, con una presencia muy relevante en el Componente 12 relativo a la Política Industrial, aunque se hayan previsto mecanismos de cooperación público-privada, hay una fuerte cautela al remarcar, en repetidas ocasiones, que no escaparán de las obligadas reglas de competencia, libre concurrencia, publicidad o transparencia, es decir, que no habrá lugar a la discrecionalidad.

En el caso de aquellas materias donde, por su competencia, estén llamadas a intervenir las CCAA, serán igualmente los Ministerios quienes delimiten, definan y acoten el alcance de la intervención. En la mayoría de las actuaciones (por ejemplo, MOVES; programas de rehabilitación de entorno residenciales; programa de rehabilitación energética de edificios-PREE; etc.), nos encontramos con que ello se hará a través de Bases Reguladoras, aprobadas por Real Decreto o a través de Acuerdos de Consejo de Ministros u Órdenes Ministeriales.

Un elemento de singular utilidad para la redacción de estas Bases estará en los resultados de las diferentes Manifestaciones de Interés convocadas por diferentes Ministerios. Posteriormente, respetando ese marco general de actuación, serán las CCAA quienes redactarán sus propias convocatorias de ayudas y ejecutarán las mismas con medios propios. A continuación, habrá una obligación de reporte y rendición de cuentas a los Ministerios para que se pueda desarrollar el seguimiento de hitos y objetivos consustancial al PRTR y clave para la solicitud de reembolsos a la Comisión Europea.

En algunos Componentes también se ha previsto la firma de Convenios entre los Ministerios y las CCAA, como es el caso del Componente 2, en lo relativo a la rehabilitación de edificios públicos, o en el 24, en actuaciones de refuerzo de la competitividad de las industrias culturales.

En cuanto a las intervenciones a través de Corporaciones Locales, algunos Ministerios han previsto mecanismos de convocatorias de subvención en concurrencia competitiva a proyectos de ámbito municipal o territorial. Este es el caso, por ejemplo, de las actuaciones dentro del Componente 10 de Transición Justa o de proyectos de transformación digital dirigidos a entidades locales del Componente 11.

Este reparto de papeles responde a una cierta lógica. Así, en cuanto al papel del Estado, las Bases Reguladoras comunes permitirán homogenizar las actuaciones regionales (algo esencial en el caso de un Plan de alcance nacional) y, además, asegurar la elegibilidad de las actuaciones a desarrollar. Y, en lo que se refiere al de las CCAA, permitirá sacar partido a su mayor capacidad de gestión y a su capilaridad territorial de cara a lograr una adecuada ejecución de las ayudas. Esta lógica no es óbice, sin embargo, para que muchas CCAA hayan considerado que su papel ha quedado reducido al de la mera gestión y vengan reclamando un mayor papel en el diseño de las intervenciones.

Una de las evidencias de la arquitectura del PRTR es que, dada la naturaleza pública de los fondos, todas sus ayudas van a ser canalizadas a través del sector público y, por ello, con procedimientos y lenguaje administrativo. Esto está obligando a un acercamiento a la Administración a muchos agentes y empresas que, hasta ahora, no habían mantenido (o, incluso, evitaban) un contacto cercano con el sector público. Ello hace que, hoy en día, el conocimiento de lo público, de su lenguaje, de sus claves y de sus dinámicas de trabajo sean activos muy valiosos. En este ámbito, se hace esencial entender el papel que cada eslabón de la Administración juega en la articulación de las ayudas.

Los documentos recientemente publicados nos dan muchas claves, pero otras quedan pendientes. Toca seguir muy de cerca la actividad de la Administración y la mucha información que se irá generando en los próximos meses. Y, sobre todo, toca analizar con detalle las claves que nos aporta el sector público para entender bien el reparto y el destino de unos fondos que transformarán nuestro país.

Publicado en El Español