El reto de la gestión de los fondos europeos

Es importante conocer en detalle la configuración final de las medidas aprobadas para poder evaluarlas con todos los elementos de juicio.

La puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación implicará para España la oportunidad de disponer, en un periodo breve, de un volumen excepcional de fondos procedentes de la Unión Europea que financiarán el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Teniendo en cuenta que, en el pasado, España sólo ha sido capaz de emplear una parte de los fondos comunitarios de que disponía, resulta oportuno buscar herramientas que incrementen la capacidad de gestión del Plan.

En efecto, dado el impacto en España de la crisis provocada por la pandemia, y la ocasión única que proporcionará el Instrumento Europeo de Recuperación, su adecuado aprovechamiento resulta particularmente relevante. Para ello, pueden adoptarse dos tipos de medidas: bien un aumento de los medios de gestión disponibles, bien el incremento de la productividad de los medios actualmente disponibles.

En cuanto a esta última posibilidad, el Gobierno aprobó ayer un Real Decreto-ley dirigido a agilizar la actividad de tramitación de los procedimientos administrativos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo detalle no se conocerá hasta su publicación, prevista para el final del ejercicio. En cualquier caso, se han podido conocer una serie de iniciativas, que no sólo coadyuvarán al avance más rápido de los expedientes, sino que abordan otras cuestiones vinculadas con el éxito del Plan.

Destaca, en primer lugar, la implantación de una ventanilla única, tanto para ofrecer información sobre las convocatorias financiadas por fondos europeos, como para la presentación de las correspondientes solicitudes. Así, se retoma una antigua pretensión que nunca ha logrado implantarse, y que pretende evitar una dispersión burocrática que resulte ineficiente y genere confusión entre los administrados.

Por otra parte, se crea una nueva figura de colaboración público-privada, denominada Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, orientada a los proyectos tractores amparados en el Plan, cuyos contornos son aún indefinidos. Se sabe, en cambio, que existirá un registro de interesados en tales proyectos, y que la figura tiene por objeto agilizar la gestión de proyectos particularmente complejos.

Siguiendo con la colaboración público-privada, se facilita la creación de consorcios, eliminando el requisito de la autorización legal. Y, por otra parte, se anuncia una regulación referente a las sociedades de economía mixta mayoritariamente públicas, en cuya virtud podrían ser adjudicatarias de determinados contratos, tras una licitación dirigida a la selección del socio privado. En este sentido, no puede obviarse que la normativa comunitaria, tal y como tiene establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exige que toda conducta de poderes públicos que proporcione una ocasión de negocio a un administrado debe efectuarse tras una selección de acuerdo con los principios de transparencia, igualdad de trato y concurrencia competitiva.

En otro orden de cosas, se prevé que la tramitación de los procedimientos administrativos vinculados a la ejecución del Plan se vea favorecida por una reducción de plazos, por la simplificación de trámites y por el otorgamiento de prioridad de tramitación, según los casos.

Por lo que se refiere a las medidas en materia de tramitación presupuestaria, presentes en todo expediente que implique gasto, las medidas anunciadas resultan innovadoras. Así, con carácter general, y sin perjuicio de la ulterior modulación que pueda efectuar el Consejo de Ministros, se establece la no sujeción a la función interventora de las fases iniciales de aprobación y compromiso de gasto.

Asimismo, se pone el acento en la compartición de conocimiento, a través de la previsión de foros técnicos y grupos de trabajo horizontales que hagan más eficiente la actuación administrativa. En este sentido, se potencia el empleo de plantillas que faciliten el lanzamiento de las diferentes convocatorias con un menor esfuerzo burocrático.

En materia de contratación pública, se elevan los umbrales correspondientes a procedimientos simplificados, y se flexibiliza la contratación directa de entidades que sean medios propios de las Administraciones públicas. También se amplían las posibilidades de que tales medios propios, a su vez, subcontraten con el sector privado las prestaciones comprometidas, lo que permitirá el empleo de procedimientos de contratación más laxos que los que hubieran resultado aplicables por el órgano de contratación.

En el ámbito de la gestión de personas, se pretende flexibilizar la distribución de las disponibilidades de personal donde resulten más necesarias, destacando la posibilidad de asignar funciones temporales a tiempo parcial. Asimismo, se prevén incentivos económicos ligados al logro de objetivos referentes al Plan.

En definitiva, se han aprobado medidas que pueden tener un impacto relevante, dirigidas a satisfacer necesidades actuales de gran calado. Por ello, resulta interesante conocer su detalle y configuración final, para poder evaluarlas con todos los elementos de juicio.