Bruselas revisará de forma periódica que se cumplen los retos del semestre europeo.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Plan España Puede) es, probablemente, el documento más importante de programación económica y social que veremos en el próximo lustro. Las medidas de reforma e inversión que en él se reflejan han de ir encaminadas a dar respuesta a las recomendaciones que nos ha hecho la Unión Europea en los últimos años. A saber, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones; reducir la ratio de deuda pública; reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo; mejorar los resultados educativos; reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario; garantizar la unidad de mercado; contener el crecimiento del gasto público... Este listado no es exhaustivo, pero trasmite una clara idea de los problemas de nuestro país, no sólo los provocados por la pandemia, sino aquellos aspectos estructurales que debemos encarar de una vez por todas.
La oportunidad es única, ya que contaremos con un importante volumen de financiación europea, sometido a un seguimiento exhaustivo de nuestro desempeño. Una de las condiciones previas para la ejecución del Mecanismo de Recuperación es que se apruebe la Decisión sobre los recursos propios de la UE por todos los Estados miembros. Esta “derrama” está en manos del Tribunal Constitucional alemán (no es la primera vez) y de los parlamentos de algunos países que todavía no han ratificado el acuerdo. La otra condición es la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por la Unión Europea, una vez presentado de forma definitiva por el Gobierno de España antes del 30 de abril. El acuerdo se prevé para finales de julio. Confiamos en que todas estas aprobaciones tendrán lugar. España ya se ha adelantado incorporando 24.200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que se financiarán temporalmente mediante la emisión de deuda pública.
¿Qué es nuevo de este plan? Liderado por Presidencia y Asuntos Económicos, ha sido un ejercicio de planificación estratégica coordinado nunca visto en la Administración General del Estado, en el que muchas de las reformas e inversiones atañen a varios ministerios; además de que se le ha impregnado una visión transversal en materia ambiental y digital, dirigida por las vicepresidencias segunda y cuarta. Se recoge también por primera vez en un único documento la acción pública gubernamental. Aunque el plazo de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se extiende hasta agosto de 2026, buena parte de las inversiones estarán comprometidas durante la presen-te legislatura, al igual que muchas de las reformas. El Plan España Puede es un buen resumen de los planes y políticas pergeñados por los diferentes ministerios durante el último año y medio.
Adicionalmente, el plan incluye múltiples actuaciones que se sitúan en el ámbito competencial autonómico: educación, sanidad, servicios sociales, administración de justicia... En este caso, el Mecanismo se gestionará en un único programa operativo, por lo que los ministerios dirigirán las inversiones de las comunidades autónomas que, necesariamente, se parecerán unas a otras.
Indicadores de impacto
Otra novedad importante (aunque poco definida todavía) es la orientación del Mecanismo a la obtención de resulta-dos. Como reza el propio Reglamento que lo regula, el plan debe hacer frente de manera efectiva a los menciona-dos retos del Semestre Europeo, y la Comisión revisará periódicamente este extremo, estando pendiente todavía la definición de los indicadores de impacto de los planes nacionales. ¿Qué permanece? A pesar de la reciente aprobación del Real Decreto-ley 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan se sustanciará, esencialmente, en inversiones directas e indirectas, siguiendo la definición de las Guías de la Comisión Europea. Es decir, contratos públicos y convocatorias de subvenciones, ampliamente regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Estas son las formas principales en las que los fondos llegarán al tejido empresarial y social, tal como el presidente trasladó en su contestación a una pregunta en sesión parlamentaria de control al Gobierno.
También seguirán estando presentes los mecanismos de control, fiscalización y auditoría del uso de fondos públicos, a los que además el Reglamento del Mecanismo otorga una gran importancia. Los departamentos ministeriales contarán con algunos recursos humanos adicionales para gestionar estos fondos, pero no serán muchos, ya que esta financiación no permite compensar gasto corriente. Por último, y no menos importante, el marco legal de protección de la competencia sigue plenamente vigente. Los fondos no podrán distorsionar la competencia, de forma que principios de libre acceso a las ayudas, concurrencia, publicidad e intensidad de las convocatorias no podrán conculcarse en aras de una absorción rápida de la financiación. Se trata de un plan de obligada lectura y aún más obliga-da ejecución en tiempo y contenido. Son nada menos que 69.528 millones de euros.
Publicado en Expansión
