Nuestro país está ante una oportunidad única para acometer un gran desarrollo económico y social.
Con razón, mucho se ha hablado de los recursos que la Unión Europea va a destinar a la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia; más de 140.000 millones de euros. Sin embargo, menos atención se ha dedicado a los empleos a los que se dedicarán estos fondos. La efectiva implementación de las reformas y ejecución de las inversiones comprometidas permitirá a España dar un salto extraordinario en el camino de su transformación digital, transición energética y mejora de capital humano, y en definitiva, en su desarrollo económico y social.
Tras el desembolso por parte de la Comisión el pasado 17 de agosto de los primeros 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación, el desembolso semestral de los restantes ocho tramos estará supeditado a una decisión de la Comisión para cada uno ellos en la que se acredite que España ha cumplido satisfactoriamente los hitos en materia de reformas y objetivos en materia de inversiones que han sido comprometidos por España.
Por lo que respecta al del despliegue de las 102 reformas estructurales comprometidas, cuyo impacto en PIB según BBVA Research podría ser hasta 5 veces superior al de las inversiones, ya se ha analizado con profundidad la economía política y financiera de su ejecución, que requerirá de la aprobación de en torno a 60 normas con rango de Ley en la parte final de la legislatura, con unas cortes con elevada fragmentación y que – a diferencia de Italia - no han participado en la definición del Plan. Un reto ambicioso que esperemos sea superado con éxito. Destaca sobre ello, en el corto plazo la aprobación de los hitos en materia de reforma laboral y de pensiones.
Sin embargo, menos se ha escrito sobre los objetivos de inversión comprometidos por España como condición para la liberación de los fondos, cuyo cumplimiento contribuirá a que nuestro país de un importante salto adelante, de la mano de las Instituciones Comunitarias. Merece la pena en consecuencia, revisar, siquiera de forma testimonial y no exhaustiva, algunos de estos objetivos llamamos a transformar, junto con las reformas en cumplimiento de las recomendaciones europeas, nuestro país.
Así, en materia de Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura España deberá haber conseguido en diciembre de 2023 al menos 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga subvencionados, al menos 200 km de líneas ferroviarias de Cercanías actualizadas, al menos 23.000 actuaciones de renovación de viviendas completadas en al menos 160. 000 viviendas únicas, con una reducción media de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria (acumulada), y al menos 5.000 explotaciones deberán haber completado proyectos relacionados con la agricultura de precisión, la eficiencia energética, la economía circular y el uso de energías renovables en el segundo trimestre de 2026.
En materia Infraestructuras y ecosistemas resilientes España deberá acreditar en el segundo trimestre de 2023 la puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales que presten servicio al equivalente de un mínimo de 175.000 habitantes, mejorando la eficiencia.
En materia de transición energética nuestra economía deberá acreditar, en diciembre de 2023, un aumento de la capacidad de producción acumulada de energía renovable de al menos 8.500 MW adjudicados y la creación de, al menos, dos clusters (o valles) de hidrógeno renovable para la integración sectorial financiados.
En materia de modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora, al menos 800.000 pymes deberán haber recibido apoyo del Programa Digital Toolkit en diciembre de 2023, en esa misma fecha, 9.000 centros de referencia y servicios públicos, como centros de salud, centros de educación y formación y centros de I + D públicos deberán haber alcanzado una velocidad de conectividad de 1-Gigabit, y deberán haber sido concedidos al menos 125.000 bonos de conectividad para personas o familias calificadas de «vulnerables» y al menos 11.000 bonos de conectividad para pymes. Y en diciembre de 2024, al menos 3.000 empresas, de las cuales al menos 2 500 pymes, deberán haber participado y completado proyectos de apoyo a su internacionalización.
En materia de educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades antes de diciembre de 2022 España deberá haber dotado 50.000 nuevas plazas de FP, frente a las existentes a finales de 2020, que deberán llegar a 135.000 más en diciembre de 2024. A su vez, se deberá acreditar la concesión antes de diciembre de 2023 de 2.600 becas y subvenciones para estudiantes de postdoctorado, profesorado auxiliar e investigadores. A su vez, en diciembre de 2025 debería estar completada la formación de 2.600.000 ciudadanos en competencias digitales, y la dotación con dispositivos digitales conectados a los centros públicos o financiados con fondos públicos para colmar la «brecha digital», y equipamiento de un mínimo de 240.000 aulas.
A estos objetivos se unen otros en materia de modernización de la Administración, economía de los cuidados, impulso de la industria de la cultura y el deporte y modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible que deberían asegurar una transformación inédita. 112 inversiones de extraordinario calado que contribuirán a mejorar España si llegan a buen fin.
La ausencia de un proceso de coordinación y comunicación con el resto de las CCAA en la fase previa de elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, supone un importante desafío de cara al cumplimiento de estos objetivos de inversión, en la medida en que buena parte de su despliegue es competencia autonómica. De la misma manera que ocurre con las reformas a sustanciar en forma de Ley, que han de ser aprobadas las Cortes.
Publicado en Expansión
