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Los negociadores del Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la Ley de Inteligencia Artificial. Esta normativa pretende garantizar la protección de los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la IA de alto riesgo, al tiempo que impulsa la innovación y convierte a Europa en líder en este campo. La normativa establece obligaciones para la IA en función de sus riesgos potenciales y su nivel de impacto.