En España, a través de diversos Reales Decretos Ley, se han eliminado casi en su totalidad los cargos, peajes e impuestos que gravaban las facturas energéticas y se han aprobado otras medidas relevantes.
El año 2022 ha sido un año extremadamente convulso en los mercados energéticos, y de forma especial en los eléctricos, debido al significativo encarecimiento de los precios del gas, que han afectado muy negativamente sobre la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias.
Por ello, tanto la Unión Europea como los diferentes países miembros han ido tomando medidas encaminadas a aliviar estos impactos.
En España, a través de diversos Reales Decretos Ley, se han eliminado casi en su totalidad los cargos, peajes e impuestos que gravaban las facturas energéticas y se han aprobado otras medidas relevantes.
Entre ellas, destacaría tres. En primer lugar, la aplicación de una minoración de los ingresos a todos los productores de electricidad con tecnologías inframarginales (renovables y nuclear y, en su caso, hidraúlica) cuando el precio supera los 67 euros el MWh. En segundo lugar, la introducción de un tope al precio del gas utilizado en la producción de electricidad, que ha permitido que los precios mayoristas de España (y Portugal) estén por debajo de los de nuestros socios europeos. Por último, el mandato para la reforma de la tarifa regulada (conocida como PVPC), con el fin de hacerla menos volátil.
Sin embargo, además de estas medidas transitorias y coyunturales, se ha seguido avanzando en iniciativas encaminadas al logro de los objetivos climáticos comprometidos en la Ley de cambio climático aprobada en 2021: Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23 % respecto a 1990; alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final de, al menos, un 42 % ; y mejora de la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base establecida en la normativa comunitaria.
Entre estas iniciativas destacaría la aprobación de nuevos PERTE (Proyectos Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) y hojas de ruta. Los PERTES tienen como fin básico canalizar ayudas para la promoción de proyectos pioneros e innovación en ámbitos que serán esenciales para crear cadenas de valor industriales en nuestro país, como las renovables, el hidrógeno verde, el vehículo eléctrico y conectado, la economía circular o la descarbonización. Por su parte, las hojas de ruta han fijado los objetivos cuantitativos a 2030 y las principales medidas para su logro en el ámbito del hidrógeno verde, el biogás, la eólica marina flotante, el autoconsumo y el almacenamiento energético.
Para 2023, esperemos que los precios energéticos vayan volviendo a la normalidad y ello permita que se sigan dando los pasos regulatorios necesarios para poder acometer la necesaria transición energética, que a medio plazo tendrá un impacto muy positivo para nuestro país en términos de menor dependencia energética del exterior, abaratamiento de la electricidad y mayor competitividad, así como en la creación de empleo, vertebración del territorio e integración de las pymes en las cadenas de valor.
Publicado en La Voz de Galicia
