El papel de las redes en la competitividad industrial y la descarbonización

En el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), para el período 2023-2030, queda patente una mayor ambición en objetivos de descarbonización y transición energética.

La semana pasada el Consejo de Ministros autorizaba al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a comunicar a la Comisión Europea el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), para el período 2023-2030. 

En esta nueva planificación queda patente una mayor ambición en objetivos de descarbonización y transición energética, en línea con el compromiso asumido por la Unión Europea tras la aprobación de la iniciativa RepowerEU en mayo de 2022.

En concreto, el porcentaje de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 se eleva del 23% al 32%, el de renovables sobre el uso final de la energía del 42% al 48%, el de participación de renovables en la generación eléctrica del 74% al 81%, el de renovables en transporte del 15% al 25% y el de mejora de la eficiencia energética en términos de consumo de energía primaria del 39,5% al 42%.  Además, para aportar seguridad y flexibilidad al sistema eléctrico y hacer frente a la integración de una potencia instalada renovable que alcance 160 GW (19 GW son de autoconsumo), será necesario alcanzar 22GW de almacenamiento.

De este modo, cada vez tendrá mayor presencia el autoconsumo, el almacenamiento detrás del contador con baterías, los vehículos eléctricos, el hidrógeno producido por electricidad renovable (hidrógeno verde), y una mayor electrificación de los hogares y las industrias.

Todo ello implica un aumento de la inversión total del PNIEC hasta los 294.000 M€ (de los 241.000 M€ anteriores) y también el porcentaje destinado a redes y electrificación, representado el 30% del total (88.200 millones de euros; 52.920 millones de euros a redes y 35.280 millones de euros a electrificación), frente al 24% del PNIEC anterior (58.000 millones de euros).

Los sistemas eléctricos, por consiguiente, se enfrentan a importantes retos en materia de descarbonización, digitalización, descentralización y democratización, lo que exige la adecuación de las redes eléctricas, que deben jugar un papel clave en este proceso.

Así lo ha reconocido también la Comisión Europea en su propuesta de reforma del mercado eléctrico de la UE, publicada en marzo. En particular, ésta señala que las inversiones en redes serán clave para “aumentar la eficiencia energética, favorecer la integración de mercados y la seguridad de suministro, apoyar los servicios de flexibilidad, optimizar la red existente y facilitar la innovación en interés del consumidor…”, por lo que es necesario adecuar los marcos retributivos a estos fines.

En el caso español, si bien la metodología retributiva ya recoge las principales recomendaciones de la Comisión Europea, de cara al siguiente periodo regulatorio (2025-2030), sería conveniente actualizar los valores unitarios para recoger el significativo aumento de la inflación y los costes (que no han sido actualizados desde el año 2015), incrementar los incentivos a la innovación, así como revisar la tasa de retribución financiera, teniendo en cuenta el cambio brusco que se ha producido en la política monetaria europea, con subidas de tipos muy elevadas desde hace unos meses, afectando directamente sobre el coste de capital

Además del régimen retributivo, que es esencial, es preciso destacar otros puntos esenciales. Por un lado, contar con una planificación más ágil que se anticipe a las necesidades de los sistemas energéticos para no obstaculizar los procesos de electrificación y descarbonización industrial o el despliegue de infraestructuras de recarga en zonas donde ya se estima que tendrán esas nuevas necesidades. En el caso de España, sería una pena que por falta de capacidad en las redes se pusiera en peligro la atracción de inversiones industriales extranjeras, que se verían atraídas por nuestra ventaja competitiva en precios eléctricos o de hidrógeno verde por la abundancia de fuentes renovables.

Por otro lado, habría que simplificar el marco retributivo y clarificar los criterios de aceptación de inversiones de forma ex ante, para evitar litigiosidad y para que los gestores de redes no estén sujetos a incertidumbre sobre la retribución de sus inversiones, ralentizando o poniendo en riesgo su adecuado desarrollo.

Todo ello con el fin de alentar las inversiones en redes para que éstas sean la solución y no el obstáculo para el logro de una transición energética exitosa y que, además, contribuyan a promover la actividad económica y el desarrollo de las cadenas de valor domésticas.

En este nuevo contexto, pierde sentido el límite de crecimiento de las inversiones en redes en función del crecimiento del PIB, que se impuso en 2013, por lo que debería valorarse su eliminación.

En definitiva, nuestro sistema eléctrico se enfrenta a grandes retos, pero España debe aprovechar su ventaja competitiva en abundancia de fuentes renovables para convertir estos retos en oportunidades, mejorando su competitividad a medio plazo, promoviendo el desarrollo y atracción de nuevas industrias. Y, en este contexto, las redes juegan un papel esencial.

Publicado en el Economista