Sostenibilidad: El Tsunami regulatorio que viene (II)

Con la aprobación de la Ley Europea de Clima, Europa ha incorporado en su ordenamiento jurídico los objetivos de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de, al menos, un 55% para 2030 - tomando 1990 como año de referencia, y de alcanzar las emisiones netas cero en 2050, convirtiéndose así Europa en el primer continente climáticamente neutro. Este objetivo (el Net Cero) va a ser el principal motor de la estrategia de sostenibilidad europea porque, para conseguirlo, habrá que modificar el modelo productivo de prácticamente todos los sectores de actividad (energético, automoción, moda, construcción, telecomunicaciones…), con un papel muy destacado del sector financiero, que tendrá que inyectar recursos para todo este cambio.

Para lograr estas metas fijadas y, de alguna manera, garantizar la competitividad de las empresas europeas frente a las de otros continentes que aún no han avanzado en la senda de la descarbonización, el Parlamento está negociando con los Estados miembros una serie de medidas como: el Mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, una suerte de arancel, que habrá que negociar con la OMC para los productos extracomunitarios que no respeten las emisiones GEI; y la creación de un Fondo Social para el Clima (FSC) para ayudar a las personas más afectadas por la pobreza energética y de movilidad a sobrellevar el aumento de los costes provocado por la transición energética[1].

A continuación, se recogen las principales iniciativas de la UE en materia ambiental ordenadas por los principales temas,

Plan de Finanzas Sostenibles

Desde junio de 2021, se han producido avances significativos para desarrollar el Plan de Acción de la Comisión Europea para “Financiar el crecimiento sostenible” de marzo de 2018 y el Reglamento de Taxonomía de junio de 2020. En concreto, hay que destacar los tres actos delegados de la Comisión Europea: el Primer Acto Delegado de junio de 2021, que establece los criterios técnicos de selección de actividades dirigidas a la mitigación y a la adaptación del cambio climático, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales; el Acto delegado de 6 de julio de 2021, en el que se desarrolla el artículo 8 del Reglamento de taxonomía que establece la metodología para cumplir con la obligación de divulgación de información sobre los KPIs financieros; y el Acto Delegado Complementario de 2 de febrero de 2022, en el que incluye el gas y la energía nuclear como actividades taxonomía[2]. (Ver tabla). Se espera que en nuevos actos delegados la Comisión abordará la contribución significativa a los cuatro objetivos medioambientales restantes.

Adicionalmente, el 6 de julio de 2021 la Comisión presentó una estrategia para financiar la transición a una economía sostenible, como había anunciado. Esta Estrategia establece cuatro áreas en las que las Comisión considera que se necesitan acciones adicionales para que el sistema financiero contribuya a la transición de la economía desde la sostenibilidad: financiación de la transición; mayor inclusividad para pymes e inversores minoristas; reforzar la doble materialidad, con especial incidencia sobre los riesgos; y perseguir una mayor ambición a nivel mundial.

Por último, también en julio de 2021, hay que destacar Propuesta de Reglamento sobre los bonos verdes europeos, en la que se establece un estándar de bonos verdes de carácter voluntario dirigidos a financiar inversiones sostenibles. Los fondos captados deberán ir íntegramente a proyectos que se ajusten a la taxonomía europea; debe haber plena transparencia sobre cómo se asignan los ingresos de los bonos y estos deben estar sometidos al control de un revisor externo que deberá estar registrado y supervisado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

Fit For 55 (ff55)

Bajo el nombre de Fit for 55 u Objetivo 55: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática, la Comisión Europea presentó el 14 de julio de 2021 un paquete de propuestas con el objetivo de la que la UE esté preparada para la reducción de al menos el 55% de los GEI emitidos en 2030 con respecto a los de 1990.

Ff55 es el paquete más completo de propuestas nunca presentado en materia de energía y clima; se trata de un conjunto de propuestas interconectadas, todas orientadas al objetivo de garantizar una transición justa, competitiva y ecológica de aquí a 2030 y más allá. La combinación de políticas es un equilibrio entre la fijación de precios, objetivos, normas y medidas de apoyo. El conjunto de propuestas abarca a la práctica totalidad de los sectores económicos y a las políticas de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad. El paquete refuerza 8 actos legislativos ya existentes y presenta 5 nuevas iniciativas en una amplia gama de sectores políticos y económicos (Ver tabla).

REPowerEU

La invasión de Rusia está teniendo enormes consecuencias a escala mundial sobre el sistema energético, elevando los precios y provocando preocupaciones sobre la seguridad energética. La UE trabaja para una rápida eliminación gradual de los combustibles fósiles rusos. Con este objetivo se ha planteado el 18 de mayo un Plan REPowerEU, continuación de la Comunicación de este mismo nombre de 8 de marzo, con el objetivo de reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles rusos: en 2022 el carbón y la mayoría de las importaciones de petróleo y los derivados y en 2030 el gas natural, aunque parte importante se tratará de reducir este mismo año.

El Plan REPowerEU se apoya en las propuestas del paquete Fit for 55. Sus principales líneas de acción son el ahorro de energía mediante la eficiencia energética, la diversificación del suministro energético, una red de energía de la UE verdaderamente interconectada, nuevas inversiones y reformas y la rápida sustitución de los combustibles fósiles mediante la aceleración de la transición hacia una energía limpia. Para ello se propone una modificación jurídica de los objetivos establecidos en las normas del paquete Fit for 55 aún en negociación, modificando las propuestas de las Directivas relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, relativa a la eficiencia energética de los edificios y relativa a la eficiencia energética, para elevar el objetivo de mejora de la eficiencia a escala de la UE del 9% al 13% y para reconocer las energías renovables como de interés público superior elevando el objetivo de energía renovable en 2030 del 40 al 45%, acelerar los procedimientos de concesión de permisos al tiempo que se reducen al mínimo los riesgos para el medioambiente mediante la determinación de zonas especialmente adecuadas para las energías renovables.

Se propone una modificación del marco jurídico del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de modo que cada Estado miembro debe incluir un capítulo REPowerEU con reformas e inversiones que mejoren las infraestructuras e instalaciones energéticas; impulsen la eficiencia energética de edificios, descarbonicen la industria y aumenten la producción de biometano e hidrógeno renovable; aborden los cuellos de botella internos y transfronterizos en el transporte de energía, apoyen el transporte de emisión cero y su infraestructura, en particular la ferroviaria; apoyen la reconversión profesional de la mano de obra.

A estos efectos los Estados miembros deberán actualizar sus Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima en 2023, que deben ser presentados en 2024 y en el marco del Semestre Europeo la Comisión determinará las acciones que cada Estado miembro debe acometer a la luz de los retos energéticos actuales.

Descarbonizar el mercado del gas

El 15 de diciembre de 2021, la Comisión propuso una nueva serie de propuestas legislativas para descarbonizar el mercado del gas en la UE y facilitar el desarrollo de los gases renovables e hipocarbónicos como el hidrógeno, mejorando también con ello la seguridad energética europea, y para incentivar la renovación y descarbonización de los edificios. (Ver Tabla)

Otras Comunicaciones de la Comisión

En este periodo, la Comisión ha realizado otras Comunicaciones para impulsar la «contaminación cero para el aire, el agua y el suelo», para proteger los bosques en 2030 y para impulsar los ciclos de carbono sostenibles

[1]  Estos dos instrumentos no han sido aprobados aún. Se prevé que en septiembre de 2022 se volverá a plantear la propuesta para una segunda votación en el Parlamento Europeo. Por lo que respecta al mecanismo de ajuste en frontera, el Parlamento ha solicitado, por una parte, implantar un sistema más proteccionista, que asegure que no se va a deslocalizar producción hacia países donde es más barato contaminar, y, por otra, extender esta tasa a un mayor número de productos, entre ellos el aluminio, el hidrógeno y a cubrir emisiones indirectas de la electricidad utilizada en el proceso de manufactura.

[2]  Las comisiones parlamentarias de Economía y Medio Ambiente del Parlamento Europeo, presentaron una objeción sobre la posibilidad de incluir la energía nuclear y el gas dentro de la taxonomía; en el pleno de julio se votará sobre esta objeción en el Parlamento Europeo.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

El 23 de febrero de 2022, se publicaba la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de la comisión europea, un texto del que se había hablado mucho y que estaba siendo muy esperado por las asociaciones de defensa de los derechos humanos y que tiene como objeto fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de todas las cadenas de suministro mundiales. De esta forma la Unión Europea daba un paso adelante para homogeneizar los requerimientos de diligencia debida entre los estados miembros, en donde ya había países que habían desarrollado legislaciones en esta materia: Reino Unido, previo al Brexit, con su Moder Slavery Act (2015); Francia, con su LOI 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique; o Países Bajos con su Dutch Child Labour Due Diligence Act (2020).

Habida cuenta del papel de las empresas en la construcción de una economía y sociedad sostenible, se les exigirá que determinen, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos y en el medioambiente. Se busca más seguridad jurídica y competencia equitativa para las empresas, más transparencia para los consumidores e inversores y que las normas de la UE impulsen la transición ecológica y protejan los derechos humanos en la UE y fuera de ella, proyectando los valores europeos en las cadenas de valor. Los grandes agentes del mercado asumirán así un papel de liderazgo en la mitigación de estos riesgos en sus cadenas de valor al tiempo que ayudan a las pequeñas empresas a adaptarse a los cambios. Si bien las empresas europeas son líderes en materia de sostenibilidad, los avances de integración de la sostenibilidad, especialmente en lo que a diligencia debida en los procesos de gobernanza empresarial siguen siendo lentos.

La propuesta propone que se aplique a empresas de más de 500 empleados y 150 M€ de facturación neto en todo el mundo o 250 empleados y 40 M€ en el caso de sectores definidos como de gran impacto (también de aplicación para empresas de países terceros que en la UE cumplan los criterios antes citados).

Estas empresas deberán integrar la diligencia debida en sus empresas, determinando los efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medioambiente, prevenirlos y mitigarlos, ponerlos fin o reducirlos al mínimo, establecer y mantener un procedimiento de reclamación, supervisar la eficacia de las estrategias y las medidas de diligencia debida y comunicar públicamente al respecto. Deberán adoptar las medidas adecuadas para circunstancias concretas en función de la gravedad y probabilidad y establecer prioridades. Las empresas del primer tramo deberán contar con un plan para garantizar que su estrategia empresarial es compatible con el calentamiento del planeta a 1,5º conforme al Acuerdo de París.

Los directivos deben establecer y supervisar la aplicación de la diligencia debida e integrarla en la estrategia empresarial, de modo que deben tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones en materia de derechos humanos, cambio climático y medioambiente. La retribución variable debe incentivar la contribución a la lucha contra el cambio climático con referencia al plan de la empresa.

Taxonomía Social

En Febrero 2022, la Plataforma de Finanzas Sostenibles publicó el informe final sobre la Taxonomía Social que tiene como objetivo dirigir los flujos de capital a entidades y actividades que operan con respeto a los derechos humanos y apoyar los flujos de capital a las inversiones que mejoran las condiciones de vida.

A grandes líneas, para canalizar estos fondos, el documento presentado diferencia entre dos dimensiones: la dimensión vertical, que se refiere a la accesibilidad de productos y servicios orientados a satisfacer las necesidades humanas y las infraestructuras, y la horizontal, que está relacionada con aquellos proyectos que ponen foco en los impactos sobre los diferentes grupos interés afectados por las actividades económicas: los trabajadores, incluidos los de la cadena de valor, los consumidores y las comunidades.

Otras medidas sociales (en estudio)

En este año, además, la UE ha avanzado en otras medidas regulatorias con impacto en la dimensión social, entre las que destacan las siguientes: 

Por un lado, el Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo para que, en 2026, las mujeres representan el 40% en los consejos de administración de las empresas cotizadas y el 33% si se tiene en cuenta todo el equipo directivo de la compañía. Este acuerdo se traducirá en una futura Directiva

También, el Parlamento y el Consejo europeos proponen un proyecto de ley sobre normas conjuntas para los salarios mínimos en la UE que se traduce en la necesidad de que los países de la UE evalúen si sus actuales salarios mínimos legales son suficientes para garantizar un nivel de vida digno para los ciudadanos de la UE.

Además, el Comité de Comercio hizo una propuesta que pretende prohibir, mediante una ley y un instrumento bien meditado, la importación, exportación y producción de bienes elaborados por manos de obra forzada y/o explotada.

Por último, y como respuesta de la Unión Europea a la invasión rusa de Ucrania, la UE tomó la iniciativa humanitaria de crear directrices sobre el reconocimiento rápido de los títulos académicos ucranianos

European Sustainability Reporting Standards (ESRS), elaborados por el (EFRAG)

En materia de Gobernanza, el hito más destacado desde junio de 2021 ha sido la publicación, en mayo de 2022, del primer set de los European Sustainability Reporting Standards (ESRS), que ha sido elaboradas por el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), una asociación privada creada en 2001 con el impulso de la Comisión Europea para servir al interés público. Este estándar, para el que se ha abierto una consulta publica que termina el 8 de agosto de 2022, tiene como objetivo permitir el despliegue de futura Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que modificará la actual Directiva 2014/95 de Información No Financiera y Diversidad (NFRD por sus siglas en inglés).

La propuesta de CSRD se aplicará a: (1) todas las empresas que cotizan en los mercados regulados de la UE, excepto a las microempresas (aunque las PYMES cotizadas entrarán en el ámbito de aplicación, tendrán hasta el 1 de enero de 2026 para cumplir con los requisitos de información); (2) a "grandes empresas" de la UE o filiales en la UE de compañías no pertenecientes a la UE, que se definen como aquellas que cumplen dos de estos tres criterios: un volumen de negocios neto de más de 40 millones de euros; activos de balance superiores a 20 millones de euros; o tener más de 250 empleados; y (3) a las empresas de seguros y las entidades de crédito independientemente de su forma jurídica. Están exentas de reportar según la directiva las empresas subsidiarias cuya empresa matriz la incorpore en su informe global (si este cumple con la CSRD).

Para respetar el principio de proporcionalidad, la Comisión Europea adoptará normas obligatorias de informes de sostenibilidad para las grandes empresas y normas separadas y proporcionadas para las pymes. Si bien las PYMES que cotizan en los mercados regulados deberán utilizar las normas proporcionadas a partir del 1 de enero de 2026, las que no cotizan en bolsa aún pueden optar por utilizarlas de forma voluntaria

Como principales novedades de la CSRD respecto de la NFRD podemos destacar las siguientes: (1) Se exige el aseguramiento limitado o verificación de la información reportada. (2) Se exigirá también la verificación de las emisiones de los alcances 1,2 y 3. (2) En lo que respecta a la materialidad, la propuesta de la CSRD utiliza una perspectiva de "doble materialidad empresarial", que requeriría que las empresas informen sobre cómo los problemas de sostenibilidad afectan su negocio y cuál es el impacto de sus negocios en las personas y el medio ambiente. (4) El proyecto exigiría la divulgación de los sistemas internos de fijación de precios del carbono si los objetivos e indicadores de rendimiento relacionados con el clima están integrados en los sistemas de compensación y cómo lo están, así como la información requerida por la taxonomía de finanzas sostenibles de la UE. Y (5) Se requiere que las empresas “etiqueten” digitalmente la información reportada, para que sea legible “por máquina” y se alimente en un punto de acceso único europeo, previsto en el plan de acción de la unión de los mercados de capitales;

Se estima que la Comisión Europea adopte el primer conjunto de normas ESRS en octubre de 2022 y que las obligaciones derivadas de la CSRD entran en vigor para el año fiscal 2023, aunque es posible que todo se retrase.

International Sustainability Standards Board (ISSB), (Fundación IFRS)

Muy relacionado con la aparición de los European Sustainability Reporting Standards (ESRS), en este periodo hay que destacar la creación, en noviembre de 2021, del International Sustainability Standards Board (ISSB), un consejo de normas de sostenibilidad por parte de la Fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), la organización que supervisa el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), el organismo que establece las normas contables obligatorias para la mayoría de las entidades que cotizan en bolsa en más de 140 jurisdicciones. De esta manera, la IFRS contará con dos Consejos: uno dedicado a la información financiera (IASB) y otro a la información no financiera (ISSB) como se muestra en el gráfico 2

El lanzamiento del ISSB por parte de la Fundación IFRS es un avance significativo en el camino hacia la armonización de las normas de información y divulgación sobre sostenibilidad. Con el tiempo, el ISSB pretende desarrollar un amplio conjunto de normas de divulgación (Normas de Divulgación de la Sostenibilidad de las ISSB), de las que ya hay un primer documento sometido a consulta pública, que finaliza en julio de 2022. Finalización de la consulta pública sobre la primera serie de borradores sobre el reporte de sostenibilidad. Se espera que las dos primeras normas de la ISSB estén terminadas en a Principios de 2023.

En conclusión

El Tsunami regulatorio de la UE en materia ESG, es imparable. Como se puede ver en este segundo documento, en solo un año (de junio de 2021 a junio de 2022) se han seguido produciendo regulaciones en todas las facetas de la sostenibilidad. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, para algunos, acelerará el proceso; para otros, lo ralentizará. Pero lo cierto, es que el proceso hacia una economía Net Zero es imparable. Y desde EY seguiremos haciendo seguimiento de estos cambios y estaremos atentos a los que puedan venir.