Se están tomando medidas para situar a la economía andaluza en el lugar que le corresponde en España y en Europa.
Todo el planeta se prepara, con la aceleración de la campaña de vacunación, hacia una pronta salida de la crisis económica generada por la pandemia, y lo hace, en el caso de nuestros socios europeos, con dos vehículos interrelacionados y que surgen de las políticas públicas desarrolladas por los Estados miembros: la inyección de fondos a la economía a través del conocido plan de recuperación y resiliencia, y la mejora de la liquidez para el emprendimiento y las familias a través de la reducción de la presión fiscal.
La citada interrelación viene dada porque la regulación de los primeros permite su aplicación en rebajas fiscales, cuestiones que han sabido aprovechar países como Alemania, Italia y Francia de un lado, o Portugal y Grecia, de otro, confirmando la teoría de que las mismas serán un instrumento clave de la recuperación.
En ese contexto, Andalucía se europeíza, y a diferencia de lo impulsado desde el Gobierno de España, anda, a mi juicio, por el camino correcto al anunciar un conjunto de medidas de largo alcance con el Decreto-Ley 7/2021 y sobre todo con la Proposición de Ley presentada en el Parlamento andaluz esta misma semana.
Partiendo de las limitadas competencias que nuestro sistema de financiación otorga a las CC.AA. en materia tributaria y de que, hasta el año 2019, Andalucía se encontraba situada entre las regiones con mayor presión fiscal para sus contribuyentes, las modificaciones introducidas hasta la fecha introducen elementos que ayudan, sin duda, a favorecer el crecimiento económico de sectores clave, pero también, y al mismo tiempo, para potenciar en nuestro sistema elementos redistributivos, contra la despoblación o políticas ambientales. Y ello, con un propósito loable, como el de situar a la economía andaluza en el lugar que le corresponde en España... y en Europa.
Porque a pesar de tener un coste presupuestario anual de apenas 329 millones de euros -equivalente, aunque a la inversa, de la recaudación prevista por el Gobierno de España por la subida de cada 1,5 céntimos del impuesto sobre hidrocarburos al diésel- el conjunto de medidas que ahora desarrollaré producirá confianza en el inversor potencial, al señalar una ruta que le dará una mayor confianza y certidumbre en nuestra región.
Comenzando por la modificación ya vigente, la reducción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales desde los tipos del 8,9 y 10% al tipo único del 7% y de AJD del 1,5 al 1,2% servirá no sólo para facilitar el acceso a la vivienda usada y nueva, respectivamente, sino a potenciar un sector tractor de nuestra economía como el de la promoción y la construcción del que dependen en buena medida el sector industrial y parte del sector servicios. Aunque el Decreto-Ley tiene vigencia hasta este 31 de diciembre, la Proposición de Ley promete prorrogarlo sine die, dando estabilidad al sistema, mejorando esos tipos incluso para determinados colectivos.
Lo anterior se completa, además, con el incremento del porcentaje de deducción en el IRPF hasta el 5% por la inversión en vivienda habitual protegida o para jóvenes y el incremento de los límites de renta hasta los 25.000 ó 30.000 euros en tributación individual y conjunta, respectivamente, con la mejora de la deducción por alquiler de vivienda, y con la mejora de la reducción por la adquisición mortis causa de la vivienda habitual -que llega al 99% sin límite de valor del inmueble, siempre que se mantenga 3 años- o con la reducción del 99 % en las cantidades donadas a descendientes destinadas a la adquisición de vivienda habitual o en la propia cesión de las mismas. Medidas de las que en su conjunto podrían beneficiarse un total de cuarenta y cinco mil andaluces.
También para facilitar la adquisición de vehículos nuevos se elimina el tipo incrementado del impuesto especial sobre matriculación que hasta la fecha pesaba en la compra de turismos en Andalucía, y se establece un tipo del 1% en TPO para la compra de vehículos “0 emisiones”, en este caso de segunda mano.
Estas políticas de acceso a la vivienda se ven completadas con las de atención al reto demográfico, al reducirse al 3,5% el impuesto sobre transmisiones por la adquisición de la vivienda habitual en municipios de menos de 3.000 habitantes, que aplicarán un tipo del 0,3% en AJD si la vivienda fuese nueva, y que se completan con deducciones en IRPF por nacimiento o adopción en esos territorios.
Si las medidas anteriores, además de dinamizar los sectores en cuestión, facilitan el acceso a la vivienda de los ya residentes, esas mismas medidas pueden servir también para potenciar la atracción y la retención de talento en Andalucía si la unimos a la reducción de la escala autonómica del IRPF que, con una reducción en todos los tramos, pasa a un marginal máximo del 22,5%, situando a nuestro territorio junto a las Comunidades con un menor marginal. En este contexto, además, se mejora la aplicabilidad de determinadas deducciones familiares y de carácter social.
Entre estas últimas, se incrementa la deducción por contratación de empleado/as del hogar hasta el 20% del importe de la cuota fija correspondiente a la cotización anual de un empleado satisfecha a la Seguridad Social por el empleador con un límite máximo de 500 euros anuales, que ayudará a regularizar un sector especialmente afectado por la pandemia.
Además, como política de apoyo al emprendimiento y el empleo, dentro de las limitadas competencias regionales, la aprobación de la proposición de ley amplia la deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en determinadas sociedades mercantiles -del 20% y con el tope de 4.000 euros-, a las SA y SL. Por otro lado, con el fin de apoyar e incentivar las prácticas relacionadas con I+D+I se establece una deducción incrementada del 50% con el límite de 12.000 euros, para el caso de sociedades participadas por universidades o centros de investigación.
Las novedades en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -después de la potente reforma de 2019-, además de favorecer el tratamiento de la vivienda, incluyen la reducción de la tarifa en todos los tramos, la simplificación de los coeficientes multiplicadores, que no discrimina en función de su patrimonio preexistente, simplificando la gestión, y haciendo que la combinación de todo ello evite que pueda superar el tipo marginal del 45%, favoreciendo ello la aceptación de herencias entre hermanos, tíos y sobrinos o más allá.
Además, para favorecer la sucesión en la empresa familiar, se mejora la reducción estatal de la base imponible por la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, se amplía el grupo de parentesco para el cómputo de la participación en el capital de las entidades, llegando éste hasta el 6º grado colateral (actualmente hasta el 3º grado colateral), se elimina el requisito exigido de que la actividad constituya la principal fuente de renta, y se amplía la reducción a cesión de capitales a terceros obtenidos mediante beneficios no distribuidos en los diez últimos años, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas. No se exige, además, que la adquisición ni el mantenimiento de los bienes adquiridos gocen de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, aunque sí que se mantenga en el patrimonio del contribuyente durante tres años con independencia del parentesco entre transmitente y adquirente. Una modificación muy trascendente.
La reforma fiscal incluye incluso cuestiones de política ambiental como la deducción en IRPF del 10% del importe de las donaciones que tengan como finalidad la defensa y conservación del medio ambiente o el citado tipo reducido para vehículos “0 emisiones”. En este campo, no obstante, existe aún recorrido para avanzar -desde una perspectiva tributaria- en la transición ecológica.
No olvida, por último, la importancia de la educación y de los retos a que se enfrentarán nuestros menores, creando una deducción por gastos educativos que comprende los gastos extraescolares de idiomas o de informática en un porcentaje del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo y con un límite de 150 euros por descendiente.
En definitiva, un conjunto de medidas fiscales que podrán favorecer nuestra convergencia con Europa en crecimiento y en empleo, bien estructuradas técnicamente, y por las que los andaluces debemos congratularnos.
Publicado en El Correo de Andalucía
