La lucha contra el blanqueo ecológico o greenwashing —práctica consistente en presentar productos, servicios o empresas como más sostenibles de lo que realmente son— se encuentra en un momento clave en el ámbito normativo europeo y nacional.
El pasado 28 de febrero de 2024, se aprobó la Directiva (UE) 2024/825, publicada en el Diario Oficial el 6 de marzo, cuyo objetivo es fortalecer los derechos de los consumidores en el contexto de la transición ecológica. Esta norma modifica las Directivas 2005/29/CE (sobre prácticas comerciales desleales) y 2011/83/UE (sobre derechos de los consumidores), introduciendo restricciones específicas a las declaraciones medioambientales. Estas disposiciones deberán ser transpuestas por los Estados miembros antes del 27 de marzo de 2026, y serán aplicables a partir del 27 de septiembre de 2026.
Sin embargo, la regulación europea sobre el greenwashing aún presenta lagunas importantes. La Propuesta de Directiva COM (2023) 166, conocida como la “Directiva sobre alegaciones ecológicas”, sigue en fase de tramitación. Esta iniciativa busca establecer criterios armonizados para la justificación y verificación de las alegaciones medioambientales explícitas, incluyendo sistemas de etiquetado y certificación. Aunque el Parlamento Europeo ha avanzado en su análisis, la falta de consenso ha ralentizado su aprobación definitiva, generando incertidumbre jurídica tanto para operadores económicos como para autoridades nacionales. No obstante, España continúa con su calendario normativo con la tramitación del Anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible.
En este contexto, el presente documento tiene como finalidad proporcionar una clarificación sobre las obligaciones existentes en materia de greenwashing, así como sobre las futuras responsabilidades.