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El Real Decreto-ley 7/2026 articula un conjunto de medidas con impacto en sostenibilidad estructuradas en tres ejes clave. En primer lugar, impulsa la electrificación y la eficiencia energética mediante el refuerzo de señales económicas para reducir el consumo de combustibles fósiles, el fomento del autoconsumo y el almacenamiento, así como incentivos a la eficiencia en hogares e industria. En segundo lugar, busca situar a la ciudadanía en el centro del sistema energético, reforzando la protección de consumidores vulnerables, promoviendo la participación en comunidades energéticas y acelerando un despliegue de energías renovables que combine agilidad administrativa con garantías ambientales y sociales. Por último, plantea maximizar el aprovechamiento de las redes eléctricas mediante una gestión más flexible y transparente, favoreciendo la integración de renovables, el uso eficiente de la capacidad existente y la mejora de la planificación y digitalización de infraestructuras. En conjunto, el decreto combina medidas de choque ante la crisis con reformas estructurales orientadas a un sistema energético más resiliente, descarbonizado y centrado en el usuario.