El Parlamento aprobó la posición del Comité de Asuntos Jurídicos (JURI) para simplificar la obligación de reporte de sostenibilidad y diligencia debida corporativa: se reduciría el número de empresas sujetas a informe, se crearía un portal digital único con acceso gratuito a plantillas y directrices, y se eliminaría la responsabilidad civil a nivel de la UE (aunque las víctimas podrían obtener compensación bajo derecho nacional). En concreto, propone que solo compañías con más de 1.000 empleados y una facturación neta anual superior a 450 millones € estén obligadas al reporte; para el régimen de diligencia debida se fijan umbrales mínimos de 5.000 empleados y 1.500 millones € de facturación, adopción de enfoque basado en riesgos, y planes de transición obligatorios al cierre del acuerdo sobre la legislación.