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La Comisión Europea ha presentado una nueva Ley de Contratación Pública que sustituirá las tres directivas de 2014 por un único reglamento directamente aplicable. La propuesta pretende simplificar los procedimientos, reducir las cargas administrativas y facilitar la participación de las pymes en un mercado que representa alrededor del 15 % del PIB europeo. La adjudicación deberá basarse, con carácter general, en la mejor relación calidad-precio, reforzando los criterios ambientales, sociales y de innovación. También permitirá introducir preferencias europeas y requisitos vinculados con la seguridad económica, la resiliencia y la autonomía estratégica. Además, creará un ecosistema digital interoperable para todo el ciclo de contratación. La Comisión estima ahorros anuales de 1.000 millones de euros para las empresas y de 220 millones para los compradores públicos.