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El Real Decreto establece la obligación para ciertas empresas y todas las instituciones de la Administración General del Estado de calcular su huella de carbono, elaborar planes de reducción de emisiones y publicarlos. Este Decreto amplía y mejora el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂, operativo desde 2014, incorporando nuevas tipologías de proyectos y facilitando la compensación de emisiones a través de iniciativas forestales en territorio nacional.