El 7 de junio de 2026 finalizó el plazo para que los Estados miembros transpusieran a su legislación nacional la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva, una de las iniciativas sociales más relevantes de la Unión Europea en materia de igualdad salarial. A partir de esa fecha empiezan a desplegarse las obligaciones nacionales derivadas de la directiva.
La norma introduce importantes cambios para empresas y trabajadores: obliga a informar del rango salarial antes de la contratación, prohíbe preguntar a los candidatos por su historial retributivo, reconoce el derecho de los empleados a conocer los niveles salariales medios de puestos equivalentes y establece nuevas obligaciones de reporte sobre la brecha salarial de género. Además, cuando se detecten diferencias retributivas injustificadas superiores al 5%, las empresas deberán realizar una evaluación conjunta con los representantes de los trabajadores. En España, aunque ya existían instrumentos avanzados como los registros retributivos, las auditorías salariales y los planes de igualdad, la directiva amplía significativamente los derechos de información de los trabajadores y refuerza las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
Desde la perspectiva de sostenibilidad y gobierno corporativo, esta norma es interesante porque constituye uno de los ejemplos más claros de cómo el pilar Social (S) está evolucionando desde declaraciones de igualdad hacia obligaciones medibles, auditables y comparables, muy en la línea de lo que ocurrió con la información climática en el ámbito ambiental. La Comisión Europea ha confirmado que no prevé retrasarla, a diferencia de lo que ha ocurrido con partes de la CSRD o la CSDDD mediante el paquete Ómnibus. En mayo de 2026 reiteró que no prevé ningún “stop-the-clock”.
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