Reformas e inversiones para la recuperación

La pandemia del Coronavirus está teniendo unas consecuencias dramáticas en términos humanos, económicos y sociales en nuestro país. Decenas de miles de personas han fallecido, casi 3,5 millones de trabajadores han perdido su empleo, reducido o cesado su actividad, más de 90.00 empresas han cerrado y miles de familias solicitan por primera vez ayudas sociales para subsistir. Asistimos a una emergencia nacional. Lejos de dedicar un tiempo muy preciado a debates inoportunos sobre la derogación de reformas que han contribuido a la recuperación, como la laboral, España debe centrar sus esfuerzos en presentar y ejecutar ágilmente un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, con amplio respaldo parlamentario y social, que siente las bases de las reformas e inversiones durante los próximos 3 años.

En este contexto, el Consejo de Ministros resucitó nuevamente ayer, en el marco de la presentación del Plan normativo del Gobierno, el proyecto de derogación de la Reforma Laboral, centrado en la limitación de la flexibilidad actual de la Negociación Colectiva. No cabe duda de que toda normativa es mejorable, y la laboral también. Pero más de ocho años después de su aprobación, ha quedado acreditado que “las reformas del mercado laboral de 2012 aumentaron la flexibilidad salarial, lo que ayudó a la economía española a recuperar la competitividad y crear puestos de trabajo” (FMI 2020) , que “si la flexibilidad salarial facilitada por las reformas (de 2012) hubiese comenzado a principios de 2008 … la tasa de desempleo a finales de 2017 hubiera estado entorno al 9 por ciento, en vez del 17 por cierto registrado” (BBVA Research 2016); y que en materia laboral “será importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores.” (Comisión Europea 2020).

Por todo ello, no es momento de contrarreformas improvisadas sin consenso ni evidencia empírica que las avale. Es momento de construir la recuperación sobre la base de un acuerdo nacional de reconstrucción. Un acuerdo que permita hacer adecuado uso de los recursos que las instituciones europeas ponen para ello a disposición, en particular el novedoso “Recovery and Resilience Facilty” o “NextGenerationEU”, que prevé destinar a España hasta 140.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos entre 2021 y 2027. No hay tiempo que perder. El Reino de España debe presentar a partir del próximo 15 de octubre un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que exponga el programa de reformas e inversiones para el periodo 2021-2023. Cuanto antes lo haga antes estarán disponibles los recursos a invertir.

Por lo que respecta a las reformas, de acuerdo con las recomendaciones específicas a España aprobadas en el marco del Semestre Europeo en 2020 y anteriores pendientes de implementar, nuestro país debería centrar en el citado plan sus esfuerzos en hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales más urgentes de la pandemia y en la consolidación presupuestaria, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la mejora de la gobernanza de la contratación pública, la garantía de unidad de mercado, la mejora de la eficiencia de las administraciones pública y el refuerzo de la eficiencia del mercado de trabajo y sistemas de protección social. En estas últimas materias, lejos de dar pasos atrás, hay margen de mejora en la flexiseguridad de nuestro mercado de trabajo. Una respuesta alineada con las recomendaciones del Semestre Europeo, sustentada en acuerdos sociales suscritos entre los representantes de empresas y trabajadores y con amplio respaldo parlamentario, podría ser la implantación definitiva de un Seguro o Fondo Individual de Empleo, que en forma de cuenta de capitalización acompañe a los nuevos trabajadores durante todas las transiciones de su vida laboral. Directa o indirectamente los fondos NextgenerationEU podrían contribuir a superar el principal escollo para su implantación: la financiación.

A su vez, de acuerdo con dichas recomendaciones, España debería centrar su esfuerzo inversor en la transición energética y transformación digital, el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, el transporte sostenible, el desarrollo de las cualificaciones profesionales y el acceso al aprendizaje digital. Una gran oportunidad para ejecutar, como se ha sugerido desde la Task Force creada al efecto por la Comisión, proyectos de modernización y digitalización de la Administración, incluyendo la Educación, los servicios de salud y la Justicia, ayudar al sector turístico para su adaptación energética, climática y digital, impulsar un paquete industrial para potenciar la presencia en las cadenas de valor europeas (por ejemplo, en el sector del automóvil) o, en el caso de las infraestructuras de transporte, por ejemplo, priorizar las inversiones en transporte de mercancías ferroviarias y la modernización de las infraestructuras portuarias. Urge en consecuencia dedicar los máximos recursos posible para diseñar rápidamente robustos proyectos de inversión elegibles para la absorción de todos los fondos disponibles. Todo un esfuerzo de colaboración público-privada sobre la base de un modelo de gobernanza eficiente y eficaz.