España cuenta con 70.000 M€ de ayuda europea del PRTR, ampliables hasta los 140.000 M€ según las asignaciones nacionales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2021 termina y, sin darnos cuenta, hemos incorporado a nuestro vocabulario de uso común un buen listado de términos nuevos. Hoy ya sabemos explicar, por ejemplo, lo que significa un PERTE, la relevancia de un “componente” o la trascendencia de cumplir con los “hitos y objetivos”. El hecho de haberse integrado en nuestra actividad cotidiana, sin que apenas nos diésemos cuenta, es el gran avance, el principal logro, que ha supuesto 2021 en lo referente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Así, a día de hoy todo el mundo conoce la importancia que tendría para España la ejecución, con acierto, de los 70.000 millones de euros de ayuda europea del PRTR. Más relevante, incluso, sería para el país si el Plan se modifica para ampliarse hasta el total de 140.000 millones a los que España tiene derecho según las asignaciones nacionales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como ha comenzado a plantearse el Gobierno.
Por ello, llegado el fin del primer año de ejecución del PRTR y a las puertas del segundo, creemos que nos encontramos en un punto crítico que hace necesario, primero, hacer un balance de lo alcanzado hasta ahora, y, segundo, identificar los grandes retos de cara a 2022, año central de la implementación del PRTR.
Si atendemos, en primer lugar, al balance de 2021, cabe destacar muy especialmente, el hecho de que España haya sabido responder a las exigencias del complejo proceso de aprobación del PRTR. No solo cumplimos con la obligación reglamentaria de presentar un borrador de Plan en la fecha prevista (antes del 30 de abril), sino que fuimos el segundo país de la UE en recibir la aprobación del mismo, el pionero en firmar el acuerdo de Disposiciones Operativas con la UE e, igualmente, el primero en recibir la luz vede para un primer pago en concepto de desembolso (10.000 millones de euros). Junto a ello, en un ámbito más interno, se dotó al Presupuesto de 2021 de un paquete financiero muy relevante, 24.000 millones de euros, para iniciar la ejecución del PRTR; se logró implementar todo el modelo de gobernanza establecido en el Real Decreto-ley 36/2020 y, se comenzó el proceso de implementación de reformas e inversiones programado.
Sin embargo, en el balance de 2021 también hay zonas grises. El Gobierno no ha sido capaz de trasladar acertadamente que, como sucede siempre que comienza un nuevo periodo de fondos europeos, en el primer año de implementación el ritmo de ejecución es necesariamente bajo y de rodaje. La maquinaria administrativa tiene sus tiempos y es preciso ser conscientes de ello. La negociación con la Comisión Europea de los regímenes de ayudas de Estado (necesaria, por ejemplo, para lanzar las grandes ayudas de un PERTE), también. Empezar 2021 con la previsión de ejecutar los 24.000 millones de euros citados y hacerlo con un despliegue de comunicación política demasiado optimista (por ejemplo, de nuevo, con relación a los PERTE) ha supuesto generar unas expectativas de absorción demasiado optimistas.
Los datos de ejecución son contumaces, como han demostrado la AIReF y la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, tomando como referencia los recursos que han llegado realmente a los destinatarios finales. El Gobierno trató de defenderse con un Informe de Ejecución presentado el 14 de diciembre donde se ponían en valor las cifras de ejecución presupuestaria del conjunto de los Ministerios, obviando que esto, en sí mismo, es necesario, pero no suficiente, para alcanzar el objetivo final, que no es otro que esos recursos lleguen a empresas, administraciones, entidades sociales y ciudadanos.
Con ese debate terminaba 2021 y empezamos 2022, año clave para que España entre en la senda de la correcta ejecución del Plan. Somos relativamente optimistas. Creemos que 2021 se cierra con más luces que sombras y que los aspectos menos positivos son asumibles si en el ejercicio que comenzamos ahora se encaran los retos con mucha determinación. Estas son, a nuestro juicio, las tareas principales para lograrlo:
Primero e indispensable, aumentar las capacidades de la Administración. En 2022 se sumarán los 27.000 millones previstos en los presupuestos de este año para el MRR, con los importes que se incorporen de los no ejecutados del año 2021 (la AIReF los estima en 15.000 millones). Además, hay que añadir todos los fondos pendientes de ejecutar del periodo de programación de los fondos estructurales 2014-2020 y el comienzo de la ejecución del nuevo periodo de programación 2021-2027, por el que España recibirá unos 36.000 millones de euros. Esta ingente cantidad de dinero presagia la tormenta perfecta en términos de gestión, ya que todo esto caudal de fondos se afronta con una Administración que dispone de las mismas capacidades que antes de la pandemia. Solo con una combinación determinada de medidas de digitalización y automatización de procesos; de simplificación efectiva de procedimientos y de aumento de los equipos especializados será posible asumir esta operación. Sin una apuesta efectiva por la automatización en la gestión del Plan, absorber todos esos fondos será misión imposible.
Segundo, programar una modificación del Plan, en especial en el sentido de aumentar su periodo de referencia. Haber establecido una intervención de 70.000 millones de euros limitándola, voluntariamente, a un periodo de tres años, siempre nos ha parecido un ejercicio demasiado voluntarista. En 2022, España está en disposición de corregir este error y de extender ese periodo hasta el máximo que permite el Reglamento del MRR, como se ha hecho en otros países. La posible voluntad de ampliar las dotaciones del Plan sumando los 70.000 millones restantes en forma de préstamos sería una extraordinaria oportunidad para ello.
Tercero, otorgar un mayor papel a las entidades territoriales. 2021 ha mostrado la importancia de las Comunidades Autónomas en la ejecución del Plan. Para 2022 este papel va a ser, si cabe, aún más relevante. Corresponsabilizar a las CCAA en la ejecución del Plan y en alcanzar sus objetivos no debe limitarse a considerarlas meros instrumentos de gestión, sino que implicaría contar con ellas más activamente, empezando por el diseño de las actuaciones. La posible reprogramación del PRTR señalada anteriormente es una oportunidad clave para implicarlas en el Plan de manera más estratégica y también más eficiente.
Y, cuarto, agilizar las inversiones vinculadas a las empresas. La situación económica generada en los últimos meses de 2021 ha aumentado, aún más, la frustración de las compañías por la lentitud en la llegada de los fondos. 2022 será, debe ser, el año en el que se materialice las grandes convocatorias de ayudas a las empresas, como las derivadas de los PERTE. El Gobierno debe tomar medidas efectivas para facilitar y simplificar los mecanismos que permitan la llegada de fondos tanto a grandes empresas, por su naturaleza de elementos tractores, como a las pymes, claves por su capilaridad y por su papel en el tejido productivo español.
Las previsiones a la baja del crecimiento del PIB para 2021 y 2022 hacen más evidente la necesidad de lograr una correcta absorción de los fondos del PRTR. El año 2022 es un momento crucial y decisivo, es decir, será el año de la centralidad para impulsar el Plan y lograr que se alcancen las metas fijadas. No será fácil, pero, además de jugarnos mucho como país, no podemos perder de vista que el objetivo está marcado y los retos identificados. Vamos a por ello.
Publicado en Expansión
