Estos elementos pueden articularse en torno a cuatro ejes: el impacto del COVID y la evolución de la economía; los desarrollos regulatorios; el reto de las finanzas sostenibles y, por último, los desafíos derivados de los procesos de transformación digital.
La crisis del COVID ha supuesto la primera prueba para la banca después de las reformas regulatorias acometidas tras la crisis financiera de hace una década. Esta prueba se ha visto en todo caso matizada por las extraordinarias medidas de apoyo públicas –monetarias, fiscales y regulatorias- que han ayudado a que no se haya producido un aumento de los dudosos en el conjunto de la cartera crediticia. En este contexto, el sector bancario ha demostrado una gran resiliencia: ha generado crédito a la economía, ha canalizado algunas de las medidas de apoyo público y adoptado algunas medias propias voluntarias, ha sido definido como sector esencial durante el confinamiento y ha logrado gestionar sin disrupciones los retos operativos derivados del COVID (apertura en condiciones de seguridad, teletrabajo, etc.). En definitiva, en esta ocasión la banca ha sido parte de la solución. Todo ello demuestra la importancia que para una sociedad tiene un sector financiero sólido y solvente para mantener el flujo de crédito en momentos de estrés.
Las principales cifras de la banca española reflejan esa resiliencia. El capital total ha aumentado en los últimos 12 meses y se sitúa en torno al 17%. Asimismo, la rentabilidad ha recuperado los niveles pre-pandemia (si bien, tal y como señala el Banco de España en su informe de estabilidad financiera de otoño 2021, éstos eran reducidos en comparación con otros sectores y geografías).
La evolución de la economía será lógicamente un condicionante fundamental para la actividad bancaria en 2022. El Banco de España prevé la recuperación del nivel previo a la crisis COVID entre finales de 2022 y comienzos de 2023, si bien señala riesgos como la evolución de los precios de la energía, el repunte inflacionista y la disrupción en las cadenas de suministros globales. Estos riesgos pueden acabar impactando en la calidad del activo por lo que la gestión del riesgo de crédito seguirá siendo un reto relevante en 2022. Será importante para la consolidación de la recuperación la exitosa aplicación de las ayudas europeas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, la banca puede jugar un papel en facilitar su éxito: puede conceder anticipos, aportar cofinanciación, realizar análisis de proyectos, así como ayudar a canalizar los fondos aportando su granularidad. Todo ello puede ser clave para el máximo aprovechamiento de los fondos.
Los desarrollos regulatorios tendrán también un papel importante en 2022. La UE ha sido la primera gran jurisdicción en presentar una propuesta de implementación de la parte final del acuerdo de Basilea III (el paquete conocido como “Basilea IV”). Esta reforma introduce, entre otros elementos el llamado “output floor”, que limita el ahorro de capital que pueda producirse por la utilización de modelos internos. Según la Comisión Europea esta propuesta llevará a un incremento de capital de algo menos del 9% -a nivel europeo- en 2030. Asimismo, la Comisión Europea ha propuesto una revisión del marco de supervisión macroprudencial con objeto de optimizar el rol de los buffers de capital y de evitar la prociclidad en la actividad financiera.
Durante 2022 las finanzas sostenibles continuarán redefiniendo la actividad bancaria dado el foco de los reguladores y el creciente interés de los inversores y otros grupos de interés. Este año la banca deberá comenzar a reportar su porcentaje de activos “verdes” y el BCE realizará un ejercicio de estrés climático orientado a analizar la resiliencia de la banca ante distintos escenarios cuyos resultados se incorporarán al análisis supervisor. Pero más allá de estas cuestiones, la banca debe jugar un papel clave para que la sociedad en su conjunto logre una transición ordenada a una economía descarbonizada. Así, el sector se ha adherido a múltiples iniciativas internacionales (principios de banca responsable o compromisos de descarbonización) y está empezando a dar pasos en la integración de los riesgos climáticos en sus negocios. El avance en este camino supone un reto relevante del sector para los próximos años dada la ausencia de una taxonomía completa (un “lenguaje común”) y la falta de datos e información de calidad que permitan modelizar estos riesgos y reportarlos a los reguladores y al mercado.
Por último, la banca continua inmersa (siendo punta de lanza) en su proceso de transformación digital, que se ha visto espoleado por la pandemia. Los nuevos desarrollos y tecnologías han permitido dar respuesta a los retos operativos del entorno COVID, al tiempo que contribuyen a mejorar la eficiencia y abrir nuevas líneas de negocio. Es por tanto un proceso clave que las entidades sigan avanzando para conseguir un modelo de negocio más resiliente y sostenible y a la vez con servicios más personalizados basados en la analítica de datos. En este sentido, una demanda tradicional de la banca es que para ayudar a la innovación es necesaria la compartición de datos financieros y no financieros procedentes de otros sectores.
Pero este proceso también plantea riesgos –en constante evolución, como los de ciberseguridad, continuidad operativa y dependencia de proveedores clave- o amenazas como la entrada de nuevos competidores (Fintech y Bigtech). En este contexto, los reguladores están acometiendo dos líneas de acción fundamentales. Por un lado, están regulando (por ejemplo, a través de la propuesta de Reglamento de Resiliencia Operativa Digital) y supervisando (incorporando los riesgos tecnológicos al análisis supervisor). Por otro lado, están también intentando facilitar y promover la innovación, por ejemplo, a través de “sandboxes” (entornos de innovación controlada). A futuro, será fundamental que, a medida que los nuevos actores ganen peso, el alcance de la regulación y supervisión prudencial (macro y micro) se adapte para proteger la estabilidad financiera.
Asimismo, está produciéndose una proliferación de criptomonedas (que pueden dividirse en aquellas que no tienen ningún tipo de activo de respaldo y las “stablecoins”, que son aquellas para las que existe algún tipo de cesta de activos de soporte). Esta proliferación ha llevado a una gran cantidad de bancos centrales, incluido el BCE, a plantearse la creación de su propia criptodivisa de forma que se aprovechen sus ventajas añadiendo el respaldo de una autoridad. Las criptodivisas de bancos centrales tienen un enorme potencial de facilitación de los mecanismos de pagos si bien, a medio y largo plazo, pueden llegar a tener consecuencias importantes sobre la propia estructura del sistema financiero (mecanismos de ahorro, inversión, crédito, transmisión de la política monetaria, etc.).
En definitiva, en 2022 la banca deberá gestionar los retos de la recuperación -a la que también puede aportar desde su ámbito de actividad- a la vez que tendrá también que abordar desafíos estructurales que le permitan consolidar su relevancia social, así como su función primordial de aportar crédito sostenible a la economía real.
Publicado en Cinco Días
