Ataque sin fin

Con fecha 8 de marzo del 2021, la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“IGJ”) emitió la Resolución General Nro. 2/2021.

Mediante dicha resolución se reglamentó la presentación de estados contables de las Sociedades por Acciones Simplificadas (“SAS”). Es así como nuevamente la Inspección General de Justicia parece continuar en una cruzada cuyo objetivo es dinamitar por vía reglamentaria, la ley que introdujo a la SAS como tipo societaria. 

¿Para qué se habían creado las SAS?

A los fines de un mejor entendimiento, y a modo de recordatorio, será preciso realizar una recapitulación de la breve historia de las SAS en el derecho argentino, con especial consideración del objetivo que tuvo la creación de este tipo societario. En este sentido, fue el Poder Ejecutivo Nacional, quien ingresó el proyecto de ley de apoyo al capital emprendedor con fecha 5 de septiembre del 2016 en mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El mencionado proyecto incluía la creación de la SAS como nuevo tipo societario. Junto con el proyecto, se acompañó el Mensaje de Elevación Nro. 93/2016 de fecha 2 de septiembre de 2016 firmado por el entonces Jefe de Gabinete de Ministros, el Sr. Marcos Peña; el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, el Sr. Alfonso Prat-Gay; y por el Ministro de Producción, el Ing. Francisco Adolfo Cabrera.

Dicho mensaje de elevación exponía los fundamentos para la creación de este nuevo tipo societario, entre los que expresaban “la necesidad de contar con un cuerpo normativo autónomo para las nuevas empresas, en particular, aquellas micro, pequeñas y medianas y, en especial, para los emprendedores, ha sido una demanda de antigua data, ante la insuficiencia de las formas o tipos regulados en la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, frente a las nuevas expresiones de formas empresarias que requieren marcos normativos más dinámicos, menos rígidos y plazos de inscripción abreviados”. Teniendo en cuenta esta insuficiencia normativa, el cuerpo legislativo nacional, promulgó con fecha 29 de marzo de 2017 la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor Nro. 27.349.

Es evidente que las SAS fueron concebidas como un nuevo tipo societario establecido por la Ley 27.349 con el objetivo principal de propiciar la actividad emprendedora y de generación de capital en el país, así como también su expansión internacional. Asimismo, y de la mano de promover la actividad emprendedora, surgió este tipo societario con base en los medios digitales.

Frente a los clásicos tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 (la “LGS”), los cuales llevan sus registros diarios en grandes biblioratos como así también la tramitación en papel de sus inscripciones ante el registro correspondiente. Las SAS fueron adecuadas al tiempo en el que vivimos estableciendo los registros digitales como centro del día a día de la sociedad. Desde su constitución por medios electrónicos (Art. 35 Ley 27.349); llevando sus libros de manera digital (Art. 58 Ley 27.349); haciendo presentaciones ante el registro público de comercio en forma digital (Art. 38 Ley 27.349); hasta el otorgamiento de poderes en protocolo notarial electrónico (Art. 59 Ley 27.349); entre otros, han sido los grandes hitos conquistados por este tipo social.

Luego, la IGJ, en misma línea con el Poder Ejecutivo Nacional, dictó la Resolución General Nro. 6/2017, mediante la cual reglamentó las SAS dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, rezó por un tipo societario desburocratizado, simplificado y económico, permitiendo que su constitución esté al alcance de un emprendedor. Desde el año 2017 hasta comienzo del año 2020, se recomendaba utilizar el tipo societario SAS para constituir una sociedad. Existían varios factores que pregonaban la utilización de este tipo frente a los tipos sociales más comunes como las SA o las SRL, por ejemplo, el estatuto tipo, la despapelización de los trámites y de los registros sociales, entre otros.

Volver al pasado

Durante el año 2020, la IGJ emitió un sinfín de Resoluciones Generales que burocratizaron las SAS. Entre ellas, se destacan:

Asimismo, tal como fuera anticipado, la Resolución General 2/2021 reglamentó la presentación de los estados contables dentro de los quince (15) días de aprobados por el órgano de gobierno. Asimismo, la resolución establece que la SAS deberá confeccionar un manifiesto muy similar al presentado por las sociedades anónimas que no se encuentran dentro del artículo 299 de la LGS. La referida Resolución, pretende asimilar a las SAS con las sociedades anónimas, cuando la Ley 27.349 de creación de las SAS de manera precisa y clara en su artículo 49 establece que sólo de manera supletoria se deberá aplicar las normas previstas para las sociedades de responsabilidad limitada en la LGS.

Finalmente, con el afán de castigar a las SAS, la IGJ además estableció una aplicación retroactiva de la Resolución General 2/2021, teniendo efectos respecto a los ejercicios económicos finalizados a partir del 30 de junio de 2020.