Desafíos por las nuevas regulaciones de AGF y fondos en Chile

De forma consistente y en concordancia con otros actores del mercado como la Asociación Administradora de Fondos Mutuos (AFM), la CMF viene introduciendo normativas que van en el sentido dar robustez a la industria de las administradoras de fondos, perfectamente, alineado con preocupaciones como competitividad de la industria, resiliencia y confianza, todas palancas para un sano crecimiento, al que además se adhiere la necesidad de reforzar la educación financiera. Este set de normativas proporciona un nuevo estándar simétrico a las entidades reguladas por esta autoridad.

Las exigencias no son menores, éstas están en la dirección correcta llevando a la industria a adoptar prácticas internacionales y favoreciendo la generación de un entorno más robusto, replicando, en parte, la agenda que se desarrolló con los bancos en los últimos años y llevando a las AGF a un cambio en la forma de gestionar el negocio.

Este mix normativo, con nuevos estándares para la gestión integral del riesgo y una aproximación a la gestión basada en capital, representa un desafío al modelo de gestión, con implicancias operacionales y en consecuencia a los costos asociados. A esto se suma el requerimiento de mayor y mejor información al mercado, que no es sólo generar más reportes, con más datos y con más frecuencia, que en sí mismo representa el desafío de la calidad, consistencia y oportunidad de la información, sino que se trata de generar al mercado más información sobre la gestión.

La normativa, que también afectará la cultura organizacional, requiere que las administradoras identifiquen el impacto en sus estructuras, roles y perfiles de los colaboradores y avancen progresivamente en la agenda de este año. Además, se refuerza el gobierno corporativo dando relevancia a la segregación de funciones y al control interno e incrementando la responsabilidad de los directorios y la alta administración.

El no cumplimiento de la implementación progresiva o una evaluación deficiente de la gestión integral de los riesgos (en todos los ámbitos que plantea la normativa), puede dar lugar a exigencias adicionales de patrimonio para las administradoras o garantías para los fondos a partir de 2027.

El impacto en costos por la nueva normativa se sumará a la presión ya existente sobre los costos de administración de los fondos, que viene hace un tiempo como parte de la agenda tanto la CMF como la Asociación de FFMM, con el propósito de brindar más transparencia al mercado sobre éstos y generar más competencia. Se podría asumir, razonablemente, que los actores más pequeños estarán más afectados por el costo de dar cumplimiento a la norma y podrían también ser las más proclives a aumentarlos.

Aquellas administradoras que no puedan afrontar los impactos y mayores costos derivados de la normativa para mantener un negocio saludable pueden, ciertamente, transformarse en opción de adquisición para los players más grandes si las carteras son atractivas, aunque también se genera el espacio para el surgimiento de servicios externalizados especializados que ayuden a dar cumplimiento en algunos ámbitos de la normativa. No todo es externalizable, por cierto, pero se puede ser una alternativa de reducir la presión de crecer en capacidad interna y transformar los roles más de supervisión que la mera ejecución.