Asignatura pendiente: Ley I+D

Por Matías Moroso, gerente senior de Impuestos Internacionales y Transacciones de EY. 

El 11 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.755, que introduce importantes medidas de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, conocida comúnmente como la Ley de "permisología".

Esta legislación contiene diversas disposiciones, y una que ha pasado bastante desapercibida es el artículo 29. Este modifica y extiende la vigencia de la Ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D), desde 2025 hasta 2035.

Si bien esta extensión es un alivio y celebrada por quienes participamos del ecosistema de I+D en Chile, no es suficiente.

La modificación normativa es bastante escueta y representa una solución de último minuto para proteger la vigencia y continuidad de la ley, cuyo incentivo tributario finalizada este año respecto de aquellos proyectos que hayan sido certificados hasta el 31 de diciembre del 2025. Esta medida se aleja bastante de las propuestas de cambio —aunque fallidas— que fueron inicialmente trabajadas por CORFO durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y formalmente propuestas durante los gobiernos de los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric, en el contexto de las discusiones de reformas tributarias que como conocemos no han tenido éxito en el congreso.

Por ejemplo, las principales propuestas del ejecutivo buscaban: establecer una vigencia permanente de la ley; incrementar el tope del incentivo tributario de 15.000 a 45.000 UTM; permitir la devolución del impuesto para aquellas compañías que se sometan al régimen tributario para PYMES; eliminar el pago del arancel mínimo de postulación que cobra CORFO por concepto de evaluación de la postulación de los proyectos; permitir la aplicación del crédito tributario para ejercicios futuros a la certificación sin necesidad de rectificar años previos por aquellos desembolsos incurridos durante la fase de formulación del proyecto y aumentar el monto del crédito tributario de 35% a 50% para proyectos con impacto medioambiental positivo directo, o bien, que involucren la contratación de capital humano avanzado (como la contratación de colaboradores con doctorado, PhD).

Lamentablemente, todas estas iniciativas fueron rechazadas al estar directamente vinculadas a proyectos de reformas tributarias que no fueron aprobados por el Congreso Nacional y donde los cambios a la Ley I+D formaban parte de la propuesta global de cambios al marco normativo tributario.

En este contexto, no es coincidencia que los datos publicados por CORFO para 2024 muestren una baja en los montos anuales totales certificados por las empresas, o una constante baja participación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el uso de estos incentivos, los cuales son utilizados, principalmente, por grandes compañías. De hecho, según el Ministerio de Ciencias, durante los últimos años el gasto en I+D como porcentaje del PIB de Chile no ha logrado superar el 0,4%, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio se acerca al 2,75%.

Pareciera que siguen haciendo falta herramientas y mecanismos que estimulen la I+D y posicionen a Chile en esta materia, acercándonos a los porcentajes de inversión de otras naciones OCDE. Más datos sobre los proyectos, industrias y distribución geográfica de la Ley de I+D están disponibles en la página web de Data Innovación de Innova Chile.

Es de esperar que, si este Gobierno no busca insistir en un cambio más profundo en estas materias, la próxima administración busque generar los consensos necesarios y trace una ruta más ambiciosa en relación con los mecanismos e incentivos a la inversión privada en I+D. Chile lo necesita.