2026: un año cargado de regulación e innovación para la industria financiera

Por Juan Francisco Martínez, socio líder de Auditoría para la Industria Financiera y Ariel Koch, socio líder de Consultoría para la Industria Financiera de EY Chile

El sistema financiero chileno se encuentra en un momento clave. Pocas veces en su historia reciente ha debido enfrentar, de forma simultánea, un proceso de transformación regulatoria tan profundo, transversal y desafiante como el que hoy se despliega. La entrada en vigor de la Ley Fintech, la futura implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (Open Finance) prevista para 2027 y el Plan de Regulación 2025–2026 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) configuran un nuevo escenario, en el que la estabilidad, la innovación y la confianza deberán convivir en un equilibrio cada vez más delicado.

Este nuevo marco regulatorio no responde únicamente a una lógica local. Por el contrario, refleja un esfuerzo deliberado por alinear al mercado financiero chileno con estándares internacionales, fortalecer su resiliencia frente a riesgos emergentes y adaptar la supervisión a una industria crecientemente digital e interconectada. El Global Financial Services Regulatory Outlook 2026 de EY es claro al respecto: tras más de una década de avances hacia la convergencia regulatoria posterior a la crisis financiera global, la regulación financiera internacional comienza a tomar rumbos divergentes. Mientras Estados Unidos explora una agenda orientada a reducir cargas regulatorias para estimular el crecimiento y la innovación, Europa refuerza estándares en materia de sostenibilidad, resiliencia operacional y protección al consumidor. Este nuevo mapa regulatorio eleva la complejidad y los costos para las instituciones que operan en múltiples jurisdicciones, tensionando la tradicional búsqueda de eficiencia y escala.

Volviendo a Chile, uno de los ámbitos donde esta tensión se hace más evidente es el de la ciberseguridad y el riesgo operacional. La digitalización acelerada de los servicios financieros, sumada a la integración de nuevos actores y plataformas, ha ampliado de manera significativa la superficie de exposición a ciberataques, fraudes y fallas operacionales. Consciente de este escenario, la CMF ha puesto énfasis en el fortalecimiento de los marcos de gestión de riesgos tecnológicos, estableciendo estándares más exigentes para bancos, aseguradoras y administradoras de fondos. Para las instituciones, esto implica tanto cumplir con nuevas obligaciones formales, como realizar inversiones relevantes en infraestructura tecnológica, modernización de procesos, auditorías digitales y protocolos de respuesta ante incidentes. En última instancia, lo que está en juego es la protección de la confianza del mercado, probablemente el activo más crítico y estratégico del sistema financiero.

En paralelo, la futura puesta en marcha del Sistema de Finanzas Abiertas representa una de las reformas más ambiciosas de los últimos años. El intercambio seguro de datos financieros entre instituciones tiene el potencial de dinamizar la competencia, mejorar la oferta de productos y empoderar a los consumidores. No obstante, su implementación supone desafíos técnicos y regulatorios de gran envergadura. La definición de anexos técnicos, los mecanismos de consentimiento informado, los controles de privacidad y la interoperabilidad entre sistemas serán aspectos clave, especialmente considerando la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales hacia fines de este año. Garantizar el uso responsable de la información, evitando vulnerabilidades y riesgos sistémicos, será una tarea compleja tanto para los regulados como para el supervisor.

Otro cambio estructural relevante proviene de la ampliación del perímetro regulatorio impulsado por la Ley Fintech. La incorporación de fintechs y plataformas digitales bajo la supervisión de la CMF plantea el desafío de diseñar normas de fiscalización, transparencia y prevención de delitos financieros que sean efectivas, sin sofocar la innovación. Mientras las entidades tradicionales se ven presionadas a adoptar modelos más ágiles y centrados en el cliente, las fintechs deberán asumir estándares regulatorios cada vez más similares a los de los actores consolidados. Este desafío no es exclusivo de Chile: a nivel global, los reguladores buscan un punto de equilibrio entre una regulación prudencial que resguarde la estabilidad financiera y un marco normativo que promueva el dinamismo y la competencia en los mercados.

En materia prudencial, el Plan de Regulación 2025–2026 de la CMF contempla iniciativas relevantes como el perfeccionamiento del Pilar 2 para bancos, la implementación del Registro de Deuda Consolidada (REDEC), nuevas normas sobre seguros paramétricos y requerimientos de liquidez, así como estándares de conducta para bancos y administradoras generales de fondos. Todas estas medidas apuntan a fortalecer la capacidad del sistema financiero para enfrentar shocks macroeconómicos y riesgos emergentes, una preocupación especialmente pertinente en una economía abierta e integrada a los mercados globales como la chilena.

A estos desafíos se suman aquellos asociados al cambio climático y a la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la supervisión financiera. Siguiendo tendencias internacionales, la CMF avanza en exigir reportes más detallados y prácticas más sostenibles a las entidades del sistema. El reto para la industria no estará únicamente en el cumplimiento de nuevas exigencias de reporte, sino en integrar de manera efectiva las métricas ESG en la gestión de riesgos y en el diseño de productos financieros, alineándose con estándares comparables a nivel global.

Finalmente, el uso creciente de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en procesos clave, como la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, abre un nuevo frente regulatorio. La preocupación por la transparencia de los modelos, la existencia de sesgos y la asignación de responsabilidades plantea interrogantes complejas desde el punto de vista legal y ético. En este contexto, la gobernanza del uso de IA y el rol activo del gobierno corporativo serán determinantes. La CMF ya ha comenzado a trabajar en lineamientos para una adopción segura de estas tecnologías, lo que anticipa un debate regulatorio que irá ganando profundidad en los próximos años.

En definitiva, los desafíos regulatorios que enfrentará el mercado financiero chileno en 2026 y más allá no deben leerse únicamente como una carga adicional, sino como una oportunidad histórica. La oportunidad de modernizar procesos, fortalecer la confianza, incorporar tecnología de manera responsable y posicionar a Chile como un referente de innovación financiera en América Latina. Aquellas instituciones que comprendan este cambio de paradigma y adopten una mirada estratégica frente al nuevo entorno regulatorio estarán mejor preparadas para competir y crecer en un escenario cada vez más exigente, dinámico y globalizado.