La confianza: el verdadero límite de los incentivos tributarios

Las recientes medidas anunciadas por el gobierno en materia tributaria —repatriación de capitales y cambios al impuesto a herencias y donaciones— reabren una discusión que va más allá de la técnica fiscal. En el fondo, vuelven a poner sobre la mesa la pregunta clave: qué tan capaz es Chile hoy de generar confianza suficiente para que los contribuyentes tomen decisiones de largo plazo dentro del sistema.

En el caso de la repatriación de capitales, la experiencia comparada local es clara. El proceso de 2015, bajo la Ley 20.780, superó ampliamente las expectativas, recaudando cerca de US$1.500 millones, pero recordemos que fue un proceso que duró un año. En contraste, el intento más reciente en 2024 estuvo muy por debajo de lo proyectado, ya que, si bien la tasa era atractiva, el proceso duró solo dos meses. Esta vez se apuesta por nueve meses, lo cual puede ser el tiempo mínimo necesario, pero aún así es un plazo ambicioso.

Los contribuyentes que deciden repatriar enfrentan una decisión económica, pero también reputacional y jurídica al momento de regularizar activos no declarados. Esto requiere tiempo para recopilar antecedentes, evaluar riesgos y, sobre todo, confiar en que la información entregada no tendrá un uso distinto al comprometido. En ese contexto, un plazo de nueve meses (aunque mejor que experiencias recientes) podría seguir siendo insuficiente.

Pero más allá del plazo, aquí aparece un punto clave: más que competir por tasas, los países compiten por certezas. Sin confianza en la institucionalidad, ningún incentivo tributario logra desplegar todo su potencial. Y esa confianza no se decreta; se construye con consistencia regulatoria, respeto por los compromisos y señales claras desde el Estado.

En paralelo, la propuesta de reducir el impuesto a las donaciones como mecanismo de anticipo del impuesto a la herencia introduce un incentivo interesante, pero no exento de complejidades. La lógica de anticipar tributación futura a cambio de una tasa preferente ha demostrado ser eficaz en otros ámbitos —como los impuestos sustitutivos a la renta—, donde consistentemente se ha recaudado por sobre las expectativas. No obstante, trasladar esa experiencia al ámbito patrimonial no garantiza el mismo efecto.

Esto, en parte, porque el impuesto a las herencias y donaciones tiene un peso marginal en la recaudación total, representando en promedio apenas un 0,4%. Además, su comportamiento es altamente volátil, ya que depende de factores que escapan a la dinámica económica tradicional. Esto introduce un grado importante de incertidumbre respecto de los efectos recaudatorios de cualquier modificación.

A lo anterior se suma un elemento práctico que no puede ignorarse: las donaciones en Chile requieren un trámite judicial de insinuación, que puede ser largo y engorroso. Sin abordar este cuello de botella, cualquier incentivo podría quedar limitado en su efectividad.

Pero quizás el punto más relevante es el efecto inter-temporal de estas medidas. Anticipar impuestos implica, por definición, adelantar recaudación a costa de ingresos futuros. Esto puede ser positivo si logra incorporar recursos que, en ausencia del incentivo, no habrían ingresado al sistema. Sin embargo, si quienes optan por estos mecanismos son principalmente contribuyentes que de todas formas habrían pagado el impuesto a una tasa mayor en el futuro, el resultado es simplemente un cambio en el momento de la recaudación, potencialmente con un costo fiscal.

Si bien estas iniciativas reflejan un esfuerzo por dinamizar la recaudación en el corto plazo, su éxito dependerá menos de los parámetros específicos (tasas o plazos) y más de la capacidad del país de ofrecer certezas que se sostengan en el tiempo, porque en materia tributaria —y en cualquier política pública— los incentivos pueden abrir la puerta, pero es la confianza la que finalmente permite que las decisiones ocurran. Este gobierno debe dar las señales correctas para que vuelvan a confiar en Chile.