El Estado ecuatoriano establece un marco institucional para enfrentar riesgos que afectan la soberanía, el orden público y la seguridad integral, mediante la estructuración de un sistema articulado de inteligencia y contrainteligencia. Este sistema se apoya en principios de legalidad, objetividad y confidencialidad, y busca anticipar amenazas desde múltiples ámbitos, incluyendo el económico, tributario, tecnológico y penitenciario.
Se otorgan facultades amplias a un ente rector con autonomía para operar, acceder a información clasificada y coordinar con entidades públicas y privadas. Se prevé un fondo exento de control tributario y contractual, y se formaliza la participación de subsistemas como el tributario y aduanero.