Doing Business en Argentina

PBI y actividad económica

Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica, detrás de Brasil y México y se ubica en el cuarto lugar en términos de PBI per cápita (contemplando la paridad del poder adquisitivo). Se estima que en 2023 su PBI alcanzará los 643,797 millones de dólares y el PBI por habitante ascenderá a 13,767 dórales (27,277 dólares en términos de PPA)¹ . El crecimiento económico de 10.4 % en el 2021 que surge como recuperación al año de pandemia, dejó un arrastre positivo para la primera mitad del 2022, por lo que, pese al enfriamiento de la actividad en los últimos meses del año, se espera que 2022 cierre con un crecimiento de 5.5 %. El 2023, no contará con el arrastre positivo del año previo, y la sequía, la falta de dólares y los límites a las importaciones que afectan a los insumos de la industria serán un limitante para la actividad durante gran parte del año. Por estas razones se espera un crecimiento nulo de la economía este año, la cual lleva una década de estancamiento.

Argentina tiene una economía diversificada. El sector primario es conocido en todo el mundo por su alta productividad y el uso de tecnologías de punta. Los sectores clave de la base industrial desarrollada de Argentina son la agroindustria, los automóviles, los productos farmacéuticos, los químicos y los petroquímicos, la biotecnología y la fabricación de diseño.

El sector de servicios es el que más contribuye al PBI total, puesto que representa cerca del 60 % del total.

Nuestro país es un productor líder de alimentos primarios. Está entre los cinco mayores productores mundiales de soja, harina de soja, aceite de soja, girasol, aceite de girasol y maíz; y entre los diez de cebada, sorgo y trigo².

Tiene, además, la cuarta reserva de petróleo no convencional más grande del mundo y la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo. Otros recursos naturales valiosos son el oro, el cobre, el plomo, el zinc, los boratos naturales, la bentonita, la arcilla y la piedra de construcción.

En los últimos años, en especial a raíz de la tendencia del sector automotriz hacia las plazas eléctricas, el litio, recurso de suma importancia para las baterías eléctricas, comenzó a cobrar mayor relevancia. Argentina es el segundo país del mundo, después de Bolivia, con mayor cantidad de recursos de litio (23 % de los recursos totales globales), y tercero en términos de reservas.

Actualmente, con dos proyectos operativos en Catamarca y Jujuy y otros 36 proyectos que están en distintas etapas de desarrollo, el país se posiciona como el cuarto mayor productor de litio en el mundo. Con la expansión en la demanda de los autos eléctricos, el rol de Argentina como uno de los grandes jugadores en esa industria cobra mayor relevancia. 

Los sectores industriales líderes en términos del valor bruto de la producción son el procesamiento de alimentos, las bebidas, los químicos y productos farmacéuticos, los vehículos motorizados y las piezas de repuesto, el coque, la refinería de petróleo y la fabricación de combustible nuclear.

Respecto de los servicios, los sectores que tienen el mayor porcentaje de valor bruto son comercio, que incluye venta mayorista, minorista y reparaciones, seguido por transporte, almacenamiento y comunicaciones. El sector de servicios encabeza el mercado laboral como el principal creador de puestos de trabajo.

Comercio exterior por socio comercial

Los principales socios comerciales de Argentina (importaciones y exportaciones) son Brasil, China y Estados Unidos.

Históricamente el sector de los servicios (alrededor del 20 % del total de exportaciones e importaciones) de Argentina siempre tuvo una balanza comercial negativa, explicado principalmente por Turismo y Fletes. En los últimos años se fortalecieron los servicios orientados a la exportación, principalmente debido a los recursos humanos altamente capacitados de Argentina.

Sector Público

Durante el último decenio (2012 a 2021), la presión tributaria promedia los 30.1 puntos del PBI. Los impuestos internos a los bienes y servicios dan cuenta de 4.2 de cada 10 pesos de recaudación, mientras que los impuestos al trabajo explican 2.3 de cada 10, y 2.3 de cada 10 provienen de los gravámenes a los ingresos y ganancias de capital. El resto se divide entre los impuestos al comercio exterior y otros.

En lo que respecta al gasto público, si se promedia desde el 2016 al 2022, se sabe que el 85 % de los gastos se concentran en tres áreas: prestaciones sociales (56.6 %), subsidios económicos (12 %) y gastos de funcionamiento (15.8 %).

Una de las metas más importantes del acuerdo con el FMI firmado en el 2022 está vinculado a las cuentas fiscales. Luego de los ajustes fiscales de los últimos meses del año y con ayuda de ciertas maniobras contables, el Gobierno logró cumplir la meta fiscal y cerró el 2022 con un déficit primario en torno al 2.34 % del PBI. La desaceleración de la actividad registrada en los últimos meses del 2022, que se sostendrá durante buena parte del 2023, y el año electoral, harán que sea muy difícil cumplir con la meta fiscal del FMI en el 2023, que incluye llegar a un déficit primario de 1.9 % del PBI.  

El riesgo país continuó alto, promediando alrededor de los 2,177 puntos básicos en el 2022, e incluso superando los 2,900 p.b. en julio. Si bien con el acuerdo del FMI, recién a partir del 2027 se identifican pagos importantes al FMI, en la actualidad los desafíos más complejos que parece enfrentar el país de cara al 2023 son la alta inflación y un complicado perfil de los vencimientos en pesos, sobre todo en la previa de las elecciones.

Política monetaria y flujos de capital

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el organismo encargado de la política monetaria del país. Su propósito es promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (dentro del marco de las políticas definidas por el gobierno nacional). La política cambiaria actual es un sistema de crawling peg, donde el BCRA realiza pequeñas depreciaciones todos los días. En cada una de las rondas el Banco Central interviene en el mercado ya sea para sostener el tipo de cambio satisfaciendo la demanda o desde el lado comprador para incrementar el stock de reservas cuando la oferta es mayor.

Se mantienen restricciones a los flujos de capitales y a la compra de divisas (atesoramiento) por parte del público dada la escasez de reservas internacionales. 

Durante el 2022, se implementaron aún más restricciones en el mercado de cambios que difícilmente se relajen en el 2023. Esto también alcanza a las autorizaciones para pagos de importaciones que se encuentran fuertemente restringidas.

En 2022, en el marco del acuerdo con el FMI, el Banco Central pudo incrementar el stock de reservas internacionales netas. Esto se dio, principalmente, gracias a la implementación en dos oportunidades (septiembre y diciembre) de un tipo de cambio diferencial para las exportaciones de soja (dólar soja). Muy probablemente se vean nuevas ediciones del dólar soja en el 2023, aunque la sequía, que se sostiene hace varios meses y no da síntomas de mejoras, podría ser una gran limitación para la acumulación de reservas.

Otra política implementada a partir del programa con el Fondo Monetario Internacional fue un incremento en la tasa de interés. A lo largo del 2022, el BCRA prácticamente duplicó la tasa de política monetaria pasando de 38 % a 75 %. Después de estas subas quedó en línea con la inflación. La caída en la demanda de dinero es un factor que complica una baja de tasas, por eso en 2023 debería continuar en este nivel. El mayor nivel de tasas (junto a más necesidades de esterilización) hizo que el stock de deuda del Banco Central aumente mucho en 2022. 

Infraestructura 

A pesar de haber tenido siempre una infraestructura sólida, en los últimos años Argentina bajó posiciones en los Informes internacionales que evalúan estas cuestiones. En el último Informe de Competitividad Mundial publicado por el IMD (International Institute for Management Development), en donde se evalúan 63 países Argentina ocupó el puesto 62, únicamente superado por Venezuela.

En cuanto a la infraestructura del transporte, el sistema de carreteras y ferrocarriles se extiende a lo largo de más de 35.000 km, las conexiones marítimas operan en 46 puertos y el tráfico aéreo conecta 53 aeropuertos.

Argentina tiene uno de los mercados de comunicaciones móviles más dinámicos de América Latina. Durante el 2022 se avanzó con la implementación de la red 5G. En varios países de la región ya se encuentra disponible para uso comercial y se esperan avances sobre el tema en el país durante el 2023.

Las energías renovables continúan desarrollándose en el país y en el 2022 la energía generada por estas fuentes llegó a los 158 mil GWh, superior a los 153 mil del 2021. En octubre, se logró el pico histórico de cubrimiento de la demanda eléctrica a través de energías renovables llegando a ser del 31.3 % del total nacional. Para el total del año, las fuentes renovables cubrieron 13.9 % de la demanda. Se destaca un aporte cada vez mayor de la energía eólica. 

En el 2022, se inició la construcción de un gasoducto que unirá Vaca Muerta con Buenos Aires lo que permitirá aumentar el suministro de gas a los centros urbanos con mayor concentración poblacional. Su finalización se prevé para mediados del 2023, y de hacerlo antes de que finalice el inverno le podría evitar al país la importación de GNL, con el impacto que eso podría tener en las reservas del BCRA.

Los vehículos de inversión que suelen usar las personas físicas o jurídicas extranjeras son: sociedades anónimas, sociedades anónimas unipersonales, sociedades por acciones simplificadas, sociedades de responsabilidad limitada y sucursales. 

Se describen a continuación las principales características de estas cinco estructuras societarias, de acuerdo con las leyes argentinas y las reglamentaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en tanto dichas sociedades se constituyan dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otras formas de entidades de inversión y participación empresarial son: Sociedades Colectivas, Uniones Transitorias, Agrupaciones de colaboración, Consorcios de cooperación y Fideicomisos.

Marco reglamentario

Protección de la propiedad intelectual

Protección de las inversiones extranjeras

Los inversores y las inversiones de sujetos extranjeros están protegidos por la legislación argentina. Las disposiciones argentinas e internacionales garantizan que Argentina sea un destino seguro para las inversiones extranjeras y los inversores extranjeros. Por ejemplo, Argentina firmó casi 60 tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones y sancionó la Ley N° 21.382 de Inversiones Extranjeras para proteger las inversiones extranjeras en el país. Argentina se unió al CIADI en 1994 y tiene un observador del Comité de Inversión de la OCDE desde 1996. Además, Argentina integra la Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales (MIGA) y el Grupo del Banco Mundial, que ofrece seguros para inversiones extranjeros realizadas por personas físicas o jurídicas establecidas en los países miembros.

Principales impuestos

Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales recaudan impuestos en Argentina. El gobierno nacional aplica impuestos a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuestos sobre los bienes personales, impuestos internos, impuestos sobre los créditos y débitos bancarios e impuestos aduaneros. Las jurisdicciones provinciales y municipales recaudan impuestos sobre los ingresos brutos, impuestos inmobiliarios, impuestos de sellos, impuestos sobre los automóviles e impuestos sobre publicidad en la vía pública, entre otros.

Procedimientos para la presentación y el pago de los impuestos

El sistema fiscal argentino se basa en el principio de la autoliquidación. Las leyes fiscales nacionales exigen que los contribuyentes presenten declaraciones juradas anuales o mensuales para informar su ganancia imponible, determinar su obligación impositiva, deducir cualquier impuesto retenido o pagado por anticipado y pagar cualquier saldo adeudado.

La declaración jurada del impuesto de sociedades debe presentarse dentro de los 5 meses posteriores al cierre del ejercicio económico de la sociedad. El ejercicio fiscal de las personas físicas es el año calendario.

Las personas físicas cuyo ingreso es su remuneración únicamente no están obligadas a presentar una declaración jurada del impuesto a las ganancias por separado durante el ejercicio, en la medida que los montos correspondientes no sean superados. En cambio, sus empleadores deben retener el impuesto a las ganancias todos los meses y este impuesto se considera definitivo.

Los contribuyentes extranjeros que no estén establecidos en Argentina no deben presentar una declaración jurada si el impuesto a las ganancias a pagar está totalmente cubierto por la retención de impuestos a las ganancias de fuente argentina. 

Cálculo de los impuestos

La legislación en materia impositiva establece reglas muy pormenorizadas sobre cómo calcular los impuestos. En general, el cálculo se basa en hechos conocidos, como los que se muestran en los registros contables llevados por el contribuyente o en la documentación resguardada en el legajo. Únicamente cuando el contribuyente no ofrece información pormenorizada, no se llevan registros contables apropiados o la información o los registros son incorrectos o incompletos, las autoridades fiscales pueden aplicar las presunciones legales para establecer la obligación fiscal del contribuyente en cuestión.

Exportar a Argetina y desde Argentina

Reglamentaciones sobre importaciones

Las autoridades aduaneras argentinas incorporaron los Códigos de Sistema Armonizado (códigos HS, por su sigla en inglés) para clasificar los bienes y determinar los aranceles, que conforman la base del Nomenclador Común del Mercosur (NCM) aplicable a los países miembros del Mercosur. Los aranceles básicos se calculan a partir del valor CIF (costo, seguros y flete) de las importaciones. Los aranceles varían de acuerdo con los diferentes tipos de bienes y oscilan entre 0 % y 35 %. Según la clasificación arancelaria de los bienes, las importaciones también pueden estar sujetas a una tasa estadística del 3 % (con ciertos topes).

Además, las importaciones se encuentran sujetas a IVA. La alícuota de IVA puede ser del 21 % o 10,5 %, según la clasificación de los bienes y se calcula sobre un importe equivalente a la suma del valor en aduana, los derechos de importación y la tasa estadística. Las importaciones de ciertos bienes también están sujetas a impuestos internos.

La importación de bienes se encuentra sujeta al pago adelantado de ciertos impuestos (IVA, impuesto a las ganancias e impuesto sobre los ingresos brutos). Estos cargos son, de hecho, los adelantos o percepciones de IVA, impuesto a las ganancias e impuesto sobre los ingresos brutos que el importador debe pagar en relación con sus actividades (ventas, servicios, suministros, entre otros) en el mercado local. Por ejemplo, el adelanto de impuesto a las ganancias es un crédito contra el pago del impuesto a las ganancias anual del importador. Estos adelantos de impuesto no son aplicables si el importador considera que los bienes son "activos fijos" para fines contables o si el importador obtiene ciertos certificados de exención impositiva. La alícuota de adelanto de IVA es del 20 % o 10 % (según la clasificación de los bienes), la alícuota del adelanto de impuesto a las ganancias es del 6 %, y la alícuota de adelanto de impuesto sobre los ingresos brutos es del 2,5 %.

Existen reglamentaciones especiales para el comercio dentro del Mercosur. La alícuota correspondiente al derecho de importación aplicable es del 0 %. La tasa estadística no es aplicable. Los productos elegibles deben tener un certificado de origen de un país miembro del Mercosur que pruebe que gran parte del proceso de fabricación se realizó en algún país miembro del Mercosur.

En el mes de octubre de 2022 se derogó el Régimen que creó el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y se creó un nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina denominado “SIRA”, aplicable a los importadores que realicen importaciones a consumo. Este nuevo Sistema está disponible a través del micrositio de AFIP, organismo que analizará: i) la situación del sujeto a partir de la información que obren en sus registros, ii) el perfil de riesgo, iii) la capacidad económica financiera (CEF) del importador. 

Reglamentaciones sobre exportaciones

Argentina estableció derechos de exportación que se aplican a las exportaciones para consumo de prácticamente todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur. La alícuota depende del tipo de bien exportado.

Mercosur

El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron un convenio que establece una reducción gradual de los derechos de importación sobre el comercio entre los 4 países. La plena vigencia de este convenio comenzó el 1 de enero de 1995 mediante la eliminación de los derechos de importación entre los 4 países. Chile y Bolivia firmaron acuerdos de libre comercio con el Mercosur. El Mercosur también firmó acuerdos de comercio preferencial con otros países del ALADI (México, Colombia, Ecuador, Perú y Cuba) con el propósito de crear áreas de libre comercio. También hay acuerdos de comercio con India e Israel.

Régimen Cambiario Argentino

El Poder Ejecutivo Nacional decidió adoptar medidas calificadas como “transitorias y urgentes” para regular con mayor intensidad el Régimen de Cambios fundándose para ello en la necesidad de fortalecer el normal funcionamiento de la economía y contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real.

Con esa finalidad, se dictó, el 1 de septiembre de 2019, el Decreto de Necesidad y Urgencia PEN N° 609/2019, estableciéndose, entre otras cuestiones, que, el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”).

Asimismo se estableció que el BCRA establecerá los supuestos en los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y las transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las personas jurídicas y se lo facultó para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones tendientes a eludir, a través de títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en esa medida.

La Ley de Contrato de Trabajo, que se complementa con leyes y normas adicionales relativas a actividades específicas, regula las condiciones de empleo en toda Argentina. La ley no se aplica a los empleados públicos y otros sectores específicos, cuyas condiciones laborales están comprendidas en normas separadas.

Seguro de Riesgos de Trabajo

La Ley de Riesgos de Trabajo establece que debe contratarse una póliza de seguros de una compañía aseguradora de riesgos del trabajo. 

El aporte a las compañías de seguros de riesgos del trabajo usualmente está compuesto por un importe fijo por empleado y un porcentaje variable. El porcentaje variable se calcula a partir de las contribuciones patronales a la seguridad social (sin límite), además cualquier importe no remunerativo (excepto conceptos indemnizatorios en caso de extinción del contrato).

Seguro de vida

Los empleadores deben adquirir una cobertura de 181.500,00 pesos argentinos por empleado, siendo el valor mensual de 37,21 pesos argentinos desde marzo de 2022. Dichos valores se ajustan anualmente conforme al último salario mínimo vital y móvil publicado en el mes de diciembre de cada año, entrando en vigencia a partir del 1° de marzo del año siguiente.

Convenios de seguridad social

Argentina ha celebrado acuerdos de reciprocidad en materia de seguridad social con diversos países. 

El Convenio Multilateral del Mercosur que incluye a Brasil, Paraguay y Uruguay, así como los convenios bilaterales con Chile, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Perú y Colombia. 

Por otro lado, el Convenio Iberoamericano de la Seguridad Social, que incluye a Bolivia, Costa Rica, El salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, así como los convenios bilaterales con Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, aún se encuentran vigentes y en proceso de instrumentación.

Autónomos

Los autónomos deben hacer un aporte a un fondo de pensiones específico. El importe que deben aportar depende de la naturaleza de su trabajo y el nivel de ingresos. Este aporte mensual oscila entre 9.003,60 pesos argentinos y 39.615,30 pesos argentinos. 

Independientemente de que exista una relación de dependencia con la sociedad, los miembros de los órganos de administración de las sociedades y los representantes de sociedades extranjeras, deben realizar aportes obligatorios al Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos.

Contratos laborales

Por lo general, los contratos laborales no especifican la fecha de terminación, adecuándose al principio general de indeterminación del plazo. El principio deja de ser aplicable si: a) el período del contrato se definió por escrito y b) la actividad justifica la excepción. 

Se entiende que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado se celebran por un período de prueba durante los primeros tres meses. Durante este período de prueba, cualquier parte puede extinguir la relación sin especificar la causa, pero con previo aviso. La terminación del contrato no genera el pago de indemnización en ese caso. 

Otros tipos de contratos incluyen: contratos a tiempo parcial (la jornada laboral no excede dos tercios de la jornada normal) y contratos de trabajo por temporada (cuando la relación entre las partes se limita a ciertos meses del año y se repite según el ciclo económico de la actividad). 

Otros sistemas de contratación aceptados por la legislación laboral argentina, que son excepciones al principio de indeterminación del plazo, incluyen contratos por tiempo determinado y contratos de trabajo eventual. Puesto que son excepciones al principio general, debe analizarse su aplicabilidad considerando las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, según cada caso.

Requisitos especiales para personas físicas extranjeras

En principio, no existen restricciones al empleo de extranjeros ni cupos. Los expatriados pueden solicitar una exención respecto del pago de aportes y contribuciones, o los beneficios de un convenio de seguridad social internacional, según corresponda. En cada caso debe analizarse el tratamiento aplicable a los beneficios considerando las leyes en vigencia (usualmente, el paquete completo de beneficios se considera imponible).

Alcance de los beneficios

No es habitual en Argentina que las sociedades ofrezcan beneficios jubilatorios adicionales a los empleados, además de la jubilación oficial (algunas grandes sociedades locales y multinacionales son la excepción). 

En la mayoría de los casos, los beneficios relacionados con la asistencia sanitaria cubren las necesidades de los empleados. Sin embargo, la pensión durante la etapa de retiro suele no alcanzar importes demasiado elevados, lo cual favorecería el desarrollo de los planes de seguro de retiro privados. 

Se adoptaron algunas medidas para aumentar los mínimos a los que acceden los jubilados durante su retiro. El haber mínimo de retiro asciende de 50.124,26 pesos argentinos (valor vigente a diciembre de 2022).

Salario y otros beneficios de los empleados

Las leyes laborales argentinas protegen a los empleados. Varias reglamentaciones abordan conceptos, como las relaciones laborales, los distintos métodos de pago de los salarios, las licencias de maternidad y otras, y las restricciones al empleo de menores de edad. 

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, se abonará un sueldo anual complementario equivalente al salario mensual pagadero en dos cuotas, la primera el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre de cada año. Además, los empleados tienen derecho a vacaciones según su antigüedad (que varían de 14 a 35 días por año). Los conceptos como las horas extra y las licencias por enfermedad están regidos específicamente por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Extinción de la relación laboral

Puede extinguirse el contrato de trabajo por varios motivos. Las razones más comunes son la renuncia y el despido sin causa dispuesto por el empleador.

En caso de renuncia, el empleador sólo debe pagar el salario devengado, las vacaciones no gozadas y el proporcional del sueldo anual complementario. En el caso de despido sin causa, en adición a los pagos que corresponden en caso de renuncia, el empleador generalmente debe abonar la indemnización sustitutiva de preaviso –salvo que otorgue el mismo, el cual es de uno o dos meses, dependiendo de la antigüedad en el empleo-, y la indemnización por despido (equivalente a un salario por año de servicio o fracción mayor de tres meses, pudiendo resultar aplicable un tope sobre dicha base de cálculo).

Presentación de información financiera

En virtud de la Ley General de Sociedades y las reglamentaciones de la IGJ, las sociedades por acciones, y las sociedades de responsabilidad limitada que tengan un capital social superior a 50 millones de pesos argentinos, deben presentar a la IGJ los estados contables anuales, que incluyen, el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo.

Además, las sociedades controlantes están obligadas a presentar estados contables consolidados como información complementaria a los estados individuales.

La constitución, el funcionamiento y la liquidación de las sociedades comerciales están regulados por Ley General de Sociedades N° 19.550 y por las normas emitidas por los diversos organismos de control.

Los dos requisitos fundamentales son los siguientes:

• Presentar los estados contables anuales auditados por un auditor externo independiente.
• Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades que no tienen consejo de vigilancia deben tener un síndico o, en algunos casos, una comisión fiscalizadora. Esta función la llevan a cabo contadores y/o abogados (artículo 284 de la Ley General de Sociedades).

Las entidades de supervisión mencionadas en la siguiente tabla exigen que se presenten a la autoridad de control correspondiente los estados contables junto con el informe de auditor externo emitido por un contador público independiente.

El plazo general para presentar los estados contables anuales varía según la autoridad de control que corresponda. El plazo se define después de una cierta cantidad de días posterior al cierre del ejercicio:

• De acuerdo con el artículo 66 de la Ley General de Sociedades, los administradores de las sociedades por acciones, y las sociedades de responsabilidad limitada deben preparar una memoria en la fecha de emisión de los estados contables en la que informen sobre el estado de la Sociedad en las distintas actividades en que haya operado y expliquen los resultados y las proyecciones de la sociedad.

• En virtud de las normas de la IGJ todas las sociedades por acciones, y las sociedades de responsabilidad limitada con un capital igual o superior a 50 millones de pesos argentinos, deberán incluir en la memoria cierta información adicional a la prevista en la Ley General de Sociedades relacionada con la estructura organizativa de la sociedad, sus actividades y objetivos y perspectivas para el ejercicio siguiente.

• Bajo ciertas condiciones, en el caso de sociedades por acciones no comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades (ver arriba) y en las sociedades de responsabilidad limitada con un capital social superior a 50 millones de pesos argentinos, la Asamblea podrá dispensar a los administradores de confeccionar la memoria con la información adicional mencionada anteriormente, cuando no fuera necesaria para sus propósitos, ni existan accionistas y terceros que hayan demostrado en forma fehaciente interés legítimo en dicha información. En esos casos, la memoria debe confeccionarse en función a los requisitos previstos en el artículo 66 de la Ley General de Sociedades.

• Todas las sociedades que hacen oferta pública de sus valores negociables (“emisoras”) deben presentar estados contables trimestrales y una reseña informativa del Directorio, los cuales se publican en la página web de la Comisión Nacional de Valores. Esta información debe ser presentada dentro de los 42 días del cierre del período. Asimismo, en el caso de los estados contables trimestrales de sus sociedades controladas, bajo control conjunto y asociadas, las emisoras podrán reemplazar su presentación por la revelación en nota a sus estados contables de la información de dichas entidades conforme a la normativa aplicable vigente, en cuyo caso las emisoras deberán poner a disposición dichos estados contables si fueren requeridos por el público.

• Las entidades financieras, compañías de seguro, y las administradoras de riesgos del trabajo deben presentar estados contables trimestrales a sus respectivos organismos de control en los siguientes plazos:

En todos los casos, los estados contables trimestrales y la reseña informativa del Directorio deben estar acompañados por un informe de revisión emitido por un contador público de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, los estados contables deben confeccionarse en moneda constante.

Los dividendos pueden distribuirse sólo en base a las ganancias líquidas y realizadas que surjan de un balance correspondiente al cierre del ejercicio preparado según la ley y el estatuto de la sociedad. Las sociedades incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades pueden distribuir dividendos por adelantado o provisorios, en base a estados contables especiales, bajo la responsabilidad ilimitada y solidaria de los directores y síndicos.

Las normas de la IGJ establecen los siguientes requisitos societarios: 

1. La capitalización del ajuste del capital social previo o simultáneamente a aumentos efectivos de capital.
2. La distribución de los resultados no asignados positivos (ya sea mediante dividendos en efectivo o en acciones, o la constitución de reservas). 

Asimismo, las normas de la IGJ establecen mayores requisitos para la registración de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones que los establecidos en las normas contables profesionales, principalmente su integración en efectivo y su capitalización obligatoria en un plazo que no podrá exceder el término del ejercicio económico en que se haya aceptado, computado desde la aceptación del aporte por el órgano de administración de la sociedad, salvo que en razón de la fecha de cierre del ejercicio, la asamblea general ordinaria deba celebrarse antes de cumplido el plazo, en cuyo caso la decisión sobre la capitalización mencionada deberá adoptarse en esa misma oportunidad. 

Normas contables profesionales

Aspectos generales

Argentina es una república federal formada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las jurisdicciones tienen Consejos Profesionales encargados de emitir normas profesionales contables y de auditoría. Las normas aprobadas por cada Consejo son obligatorias sólo para los profesionales inscriptos en la jurisdicción respectiva.

Todos los Consejos Profesionales de Argentina son miembros de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE), organización que se encarga de coordinar esfuerzos a fin de emitir las normas profesionales contables y de auditoría. La FACPCE a través de la Comisión Elaboradora de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) elabora proyectos de normas que somete a un período de consulta, finalizado el cual procede a emitir la norma profesional definitiva, que puede consistir en una Resolución Técnica o en una interpretación, cuya adopción es propuesta a los Consejos Profesionales de cada jurisdicción del país.

En 1998, la Junta de Gobierno de la FACPCE decidió poner en marcha un plan de armonización de las normas contables profesionales argentinas con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés). El marco contable que resultó de la implementación de dicho plan consideró a las NIC vigentes a ese momento, pero el plan no previó un protocolo de actualización continua que permitiera incorporar los cambios que a posteriori se fueron produciendo en las normas internacionales.

En 2009, la FACPCE emitió la Resolución Técnica N° 26 por la que adoptó las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), tal como son emitidas por el IASB (International Accounting Standard Board). La aplicación de las NIIF se estableció como obligatoria para algunas entidades, y optativa para otras, según se indica en la sección siguiente.

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