Boletín de prensa

26 ago. 2019 Buenos Aires, AR

IVA cero

La bondad de la eliminación del IVA en la comercialización minorista de productos básicos de la canasta familiar dispara opiniones encontradas.

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Ricardo Furman

Director de Relaciones Institucionales, EY Argentina.

Posee más de 40 años de experiencia en distintas posiciones de la línea y áreas de servicios al cliente. Le gusta estar en familia y viajar. Sus hobbies son las artes marciales, los comics y el surf.

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El Cronista | Por Daniel Dasso, Socio de impuestos de EY Argentina.

La apertura comercial con Europa implicará para el país y el Mercosur un replanteo de sus objetivos de recaudación. Se debe trabajar ya para aggiornar el sistema a la futura realidad.

Luego de años de negociación, las delegaciones del Mercosur y la Unión Europea parecieron haber llegado a un entendimiento para acordar políticas de libre comercio entre ambos bloques. Recientemente funcionarios del Poder Ejecutivo han manifestado la necesidad de modificar el sistema tributario para aggiornarlo a la futura realidad.

En rigor de verdad, un objetivo tan ambicioso implica para los países miembros del Mercosur (y Argentina en particular) un desafío en ámbitos como productividad, educación, impuestos, infraestructura, seguridad jurídica, etc.

Un tratado de libre comercio de esta envergadura implica que nuestro país trabaje en cada una de estas áreas lo antes posible. Por primera vez, pareciera que un objetivo ambicioso nos impone la necesidad de evolucionar en todos esos frentes si la sociedad quiere lograr el desarrollo tan buscado.

La materia tributaria es, sin duda, un factor determinante para lograr competitividad y productividad, tanto en el universo pyme como en grandes empresas. Es central que la política tributaria no sea considerada como una herramienta de recaudación únicamente sino, en mayor medida, como un estímulo para el desarrollo de distintos sectores.

Nuestro sistema tributario ha venido siendo modificado a lo largo de los años sin mantener una línea de objetivos de largo plazo. Hoy la agenda que se plantea con este acuerdo tal vez nos obligue como sociedad a reflexionar sobre el sistema tributario que posibilite llegar a un escenario de libre comercio con ventajas competitivas adecuadas.

Es sabido que la presión tributaria Argentina es una de las más elevadas de América Latina y se encuentra sólo un poco por debajo de la media europea.

Según los últimos datos emanados de la Secretaría de Ingresos Públicos, el año 2018 arrojó una presión tributaria consolidada del 29% del PBI incluyendo tributos nacionales y provinciales. Solamente el 17,5% de la recaudación total de impuestos nacionales y provinciales corresponde al impuesto sobre la renta. Los impuestos indirectos (definidos como aquellos que gravan manifestaciones de capacidad contributiva indirecta sobre la circulación de riqueza o consumo), son, entre otros, ingresos brutos provinciales, IVA, derechos de exportación e impuestos internos. Esta clase de gravámenes conformaron en 2018 un 37% de la recaudación nacional y provincial respecto del Producto (sin incluir el IVA neto ya que no es un costo para las empresas). Por su parte, los impuestos de nómina se llevaron el 22% de la presión tributaria total.

La diferencia radica en que, en los países de la Unión Europea, la presión fiscal descansa, en mayor medida, en gravámenes progresivos como el impuesto a la renta y, en mucha menor proporción, en tributos indirectos.

Justamente, los impuestos indirectos en Argentina conforman una parte importante de la recaudación consolidada entre Nación, provincias y municipios. La acumulación de tributos indirectos sobre distintas manifestaciones de consumo o pseudo capacidad contributiva erosiona, al final del día, la rentabilidad de las empresas y, si es posible su traslado, se convierten en un costo oculto del producto o servicio exportado que termina socavando la competitividad local frente a otras economías.

El Banco Mundial dedicó, ya en el año 2008, un capítulo especial a la presión tributaria argentina. En aquel momento probó que los gravámenes que más incidían en el costo de una empresa pyme local eran el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios.

Estos dos gravámenes conformaban en el año 2008 el 63% del costo tributario total de una empresa pyme argentina según el estudio citado. Justamente, esos gravámenes erosionan la utilidad que en definitiva puede obtener la empresa del mercado ya que no logran, en definitiva, ser trasladados dentro del costo del producto vendido.

El mismo análisis del Banco Mundial concluye en que los países de la Unión Europea obtienen sus ingresos tributarios de impuestos directos (impuesto a la renta) e impuestos de nómina, logrando de esta manera que los gravámenes indirectos no formen parte del costo de los bienes y servicios. De hecho, los impuestos indirectos de los sistemas tributarios de la media de países de la Unión Europea no superan el 2% del costo tributario total de la empresa testigo tomada para el análisis.

El estudio en cuestión también ha revelado a lo largo de los años una consecuencia colateral no menor. La tecnología y los sistemas globales de comunicación e información han hecho que los sistemas tributarios comiencen a converger a nuevos estándares de eficiencia como nunca antes. Más aún, compiten por la inversión. Desde el año 2004 hasta 2019, ese Organismo Multilateral comprobó que, en general, muchos países han derogado impuestos indirectos en cascada (similares a Ingresos Brutos), han adoptado tecnología para facilitar la recaudación y mejorar la productividad de los contribuyentes en la preparación y prestación de declaraciones juradas y, por último, han reducido la tasa de impuesto corporativa.

Nuestro país tiene una oportunidad para trabajar en una reforma tributaria que se ensamble en el concierto internacional y pueda lograr, al menos en alguna medida, una mejora en la productividad de sus empresas.