El acuerdo se basa en dos pilares. El primer pilar establece cómo va a tributar la economía digital y cómo se va a gravar renta de compañías multinacionales que tienen presencia en un determinado mercado, cuando parte de dicha presencia no es necesariamente física. Por otra parte, el segundo pilar busca evitar el traslado de base imponible de renta a países con muy baja tributación o sistemas de incentivos tributarios que implementan varios países para atraer inversiones.
"La intención es reformular lo que es el nexo de tributación de los países; es decir llevarle al mercado donde están los consumidores un nexo diferente al tradicional para relacionarse con una empresa que no reside en el mismo lugar y cuyos talentos, a su vez, trabajan de manera remota desde distintos lugares del mundo", expone Scravaglieri.
En el marco del segundo pilar al que hace referencia el especialista, se ubica el debate sobre el establecimiento de un impuesto mínimo global de un 15% para compañías con ventas superiores a los 750 millones de euros. "Si una jurisdicción no cobró porque otorga algún tipo de beneficio fiscal, hay otro país que va estar cobrando ese 15%. Este impuesto va a tener mucho efecto porque se trata de desincentivar las jurisdicciones no cooperantes o más conocidos como paraísos fiscales", explica Scravaglieri. Y agrega: "En principio, para su tributación, tiene prevalencia el país del accionista y el mayor beneficio recaería en los sistemas tributarios más gravosos.
A nivel local
El proyecto nace con el objetivo de unificar criterios a nivel internacional, más allá de la coherencia interna de cada país, dado que las medidas unilaterales estaban llevando a un . Pero en el ámbito local, la problemática reviste mayor dificultad: "Argentina está en una etapa previa porque aún no cuenta con esa coherencia interna. Incluso cuestiones que sí están reguladas, tampoco son claras. Aquí la discusión está en una etapa mucho más primaria. Si bien hubo algunos avances, lamentablemente, en gran parte todo queda librado a la interpretación".
El proyecto nace con el objetivo de unificar criterios a nivel internacional, más allá de la coherencia interna de cada país, dado que las medidas unilaterales estaban llevando a un caos la situación tributaria. Pero en el ámbito local, la problemática reviste mayor dificultad: "Argentina está en una etapa previa porque aún no cuenta con esa coherencia interna. Incluso cuestiones que sí están reguladas, tampoco son claras. Aquí la discusión está en una etapa mucho más primaria. Si bien hubo algunos avances, lamentablemente, en gran parte todo queda librado a la interpretación".
La pandemia modificó muchos modelos de negocio y el crecimiento del volumen de las operaciones digitales se hizo notar. "Lo que sucedió en muchos países es que como no podían gravar ese creciente volumen de operaciones digitales con el tradicional impuesto a las ganancias, comenzaron a aplicar impuestos indirectos".
Al ser impuestos indirectos, esos gravámenes no recaen sobre la compañía que origina el servicio sino que terminan impactando en el usuario. La discusión actual apunta a que los países graven a las compañías que están teniendo esta utilidad y no a los usuarios.
"A nivel global, lo que está en discusión y se busca desalentar son los digital services taxes que son impuestos especiales a los servicios digitales". Al respecto, Scravaglieri señala la necesidad de avanzar en una regulación consensuada. De lo contrario, el usuario termina absorbiendo una multiplicidad de impuestos sobre servicios que utiliza cada vez más intensivamente, en el marco de la actual economía digitalizada.
