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El pasado 23 de julio, el presidente de los Estados Unidos instruyó a la Oficina del Representante Comercial (USTR) a implementar medidas comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, como resultado de las investigaciones iniciadas el pasado 12 de marzo sobre la falta de adopción o aplicación efectiva de prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Las investigaciones abarcaron 60 economías, incluidos países de Centroamérica y República Dominicana. Por su parte, Panamá no fue incluido dentro de las economías investigadas, por lo que los aranceles anunciados bajo la Sección 301 no le resultan aplicables.
La decisión se produce tras el vencimiento, el 23 de julio de 2026, de los aranceles temporales aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y establece un nuevo esquema de aranceles adicionales Ad Valorem específicos para cada economía investigada.
En la región, El Salvador, Guatemala y Honduras quedaron sujetos a un arancel adicional del 10%, debido a que, según el USTR, estos países han adoptado prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso o han asumido compromisos específicos en esta materia, aunque aún deben fortalecer su aplicación efectiva.
En contraste, Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua quedaron sujetas a un arancel adicional del 12,5%, al haber sido incluidas dentro del grupo de economías respecto de las cuales la investigación concluyó que no cuentan con las medidas o compromisos considerados suficientes por Estados Unidos para prohibir o prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
La medida aplicará sobre la mayoría de los productos, aunque contempla exclusiones para determinados bienes identificados por la USTR.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor para las mercancías ingresadas o retiradas de almacén para consumo en Estados Unidos a partir de las 12:01 a.m. (hora del este) del 24 de julio de 2026.
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Antonio Ruiz
Karla Cárdenas
Alejandra Arguedas
Jaime Morales