La norma parte de que Panamá formalizó desde el 11 de junio de 2025 su interés en adherirse a la OCDE y enmarca este paso dentro de una política estatal orientada al fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia de la gestión pública y la adopción de buenas prácticas internacionales.
En términos prácticos, el decreto asigna al Ministerio de Economía y Finanzas la dirección y coordinación del proceso, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Presidencia, y prevé tanto un comité ministerial de alto nivel como un grupo técnico interno para dar seguimiento a las acciones requeridas.
Como antecedente, Panamá ha venido alineando su legislación tributaria para cumplir con los estándares de transparencia e intercambio de información, y estándares mínimos del proyecto BEPS. Con la publicación de este decreto, Panamá da un paso adelante para fortalecer su marco institucional y su posicionamiento internacional, procurando alejarse de la reputación de jurisdicción no cooperante.
Cabe resaltar que el proceso de adhesión a la OCDE no es inmediato: se trata de un proceso de varios años, sujeto evaluaciones técnicas por múltiples comités y una convergencia progresiva de la legislación, las políticas y las prácticas nacionales con los instrumentos y mejores prácticas de la organización.
Para grupos multinacionales, inversionistas y contribuyentes con exposición regulatoria en Panamá, el decreto resulta relevante porque anticipa un posible ciclo de ajustes normativos y de política pública en los próximos años. En ese sentido, conviene monitorear de cerca la evolución de este proceso y evaluar oportunamente su impacto sobre estructuras corporativas, cumplimiento, gobernanza y estrategias de negocio en la jurisdicción panameña.
Para más información puede contactar a: