De acuerdo con la comunicación oficial de Presidencia, la iniciativa busca avanzar en la exclusión de Panamá de la lista de países no cooperadores en materia fiscal de la Unión Europea y apoyar la estrategia del país para atraer inversión extranjera.
El Proyecto de Ley No. 641 de 30 de abril de 2026, establece que las entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá deberán cumplir con requisitos de sustancia económica para las rentas pasivas que generen de fuente extranjera. Aquellas entidades panameñas que no cumplan con los requerimientos de sustancia con ocasión de estas rentas serán consideradas como no calificadas, y por lo tanto sujetas a una tarifa del impuesto sobre la renta del 15% sobre la renta bruta.
Adicionalmente, se establecen obligaciones o deberes formales asociados a la presentación de declaración jurada de impuesto sobre la renta y declaración de sustancia a fin de acreditar la condición de entidad calificada.
Esta iniciativa podría tener un impacto relevante para grupos multinacionales con entidades en Panamá, incluyendo estructuras de organización patrimonial además de grupos multinacionales efectivamente operativos, siempre que reciban rentas pasivas de fuente extranjera, los cuales deberán evaluar si cuentan con presencia, instalaciones, funciones, personal, toma de decisiones y gastos adecuados en el país, de acuerdo con lo exigido en la nueva ley.
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