EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua publicó el Acuerdo N° 577 en el que se modifica la normativa del Registro de Beneficiario Final de las sociedades mercantiles, regulando deberes y obligaciones de las entidades sujetas a declarar su Beneficiario Final y mantener actualizada la información corporativa de acuerdo con los plazos estipulados mediante ley.
Entre otras obligaciones, las sociedades mercantiles deben mantener actualizada la siguiente información básica:
- Cambios de participación societaria.
- Cambios en la junta directiva.
- Cambio de denominación social.
- Domicilio de la casa matriz.
- Cambios en el objeto social.
- Aumentos o reducciones del capital social.
- Cambios en el plazo establecido para la sociedad.
- Cambios de información relacionada al representante legal.
- Modificaciones al pacto social.
Las actualizaciones indicadas también pueden ser requeridas por la Administración Tributaria como parte de las actualizaciones periódicas obligatorias.
Las nuevas disposiciones obligan a las agencias y sucursales de sociedades extranjeras a presentar su certificado de beneficiario final al momento de inscripción ante el Registro Público Mercantil, ya sea mediante un documento emitido en el extranjero por la autoridad competente o en su defecto, la presentación de declaración ante notario nicaragüense que contenga dicha información.
En el caso de los documentos emitidos en el extranjero deberán contar con apostilla para su validez ante las autoridades nicaragüenses.
Las sociedades mercantiles que no cumplan con las normativas de beneficiario final se exponen a infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves, cuyas sanciones, según la gravedad, podrían ser desde un llamado de atención por escrito, multas que tomen como referencia el capital social y hasta la inmovilización del tráfico registral mercantil.
Las nuevas disposiciones entraron en vigencia a partir del 24 de julio de 2023. No obstante, dependiendo de las circunstancias particulares de cada entidad, se podrá solicitar prórroga a las autoridades.
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