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La transparencia fiscal y la cooperación internacional continúan consolidándose como importantes herramientas de las administraciones tributarias. En América Latina, esta tendencia se refleja no solo en su creciente uso práctico durante auditorías, sino también en la expansión de los mecanismos de reporte e intercambio de información. El reporte del Foro Global de la OCDE, publicado el 25 de mayo de 2026,[1] ofrece una visión relevante sobre las prioridades actuales de las autoridades fiscales en la región y las tendencias que probablemente marcarán la agenda de supervisión en los próximos años.
El reporte analiza 15 países[2] y destaca que las administraciones tributarias utilizan activamente el intercambio de información en auditorías fiscales. Además, describe el creciente enfoque en supervisiones relacionadas con el Estándar de Reporte Común (CRS) y la implementación de Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF). Otra prioridad será la supervisión en materia de beneficiario efectivo. Asimismo, continúa la tendencia de utilizar información intercambiada conforme a tratados fiscales para otros fines, como el combate al lavado de dinero.[3]
Las empresas deben conocer estas tendencias y prepararse no solo desde una perspectiva de cumplimiento para implementar medidas en materia de CRS y CARF, sino también desde la perspectiva de supervisión activa por parte de las autoridades. El uso de información intercambiada internacionalmente puede ser determinante en una auditoría fiscal. Además, se espera un incremento en las revisiones con CRS y beneficiario efectivo, así como cooperación entre autoridades fiscales y no fiscales (como Unidades de Inteligencia Financiera).
Uso de la información en auditorías
De acuerdo con el reporte, durante 2025 los países latinoamericanos recaudaron, al menos, 557 millones de euros adicionales gracias al intercambio de información. La mayor parte (543 millones de euros) tuvo su origen en información financiera recibida conforme a CRS. Además, la región en su conjunto envió casi 700 solicitudes de intercambio de información en el contexto de auditorías internacionales. Los principales solicitantes fueron Argentina, Colombia, México y Perú.[4]
El reporte también describe cómo las administraciones tributarias utilizan el intercambio de información en auditorías internacionales complejas. Por ejemplo, señala que México solicitó información en el contexto de una estructura relacionada con regímenes fiscales preferentes.[5] Asimismo, describe cómo otras jurisdicciones utilizan esta información. Por ejemplo, la Receita Federal de Brasil ya utiliza información de CRS para prellenar declaraciones fiscales.
Gracias al intercambio de información internacional, las autoridades tributarias pueden acceder a grandes volúmenes de información. Por ello, las empresas multinacionales y los high-net-worth individuals deben conocer el alcance de estos mecanismos y prepararse ante posibles revisiones de las autoridades.
CRS y CARF
El reporte describe el avance en la implementación de los estándares internacionales de intercambio automático de información: CRS, respecto de información financiera, y CARF, respecto de criptoactivos. La siguiente tabla muestra la fecha de implementación de CRS y CARF en los distintos países:
País | CRS (primer intercambio) | CARF |
Argentina | 2017 | Pendiente |
Brasil | 2018 | 2027 |
Chile | 2018 | 2027 |
Colombia | 2017 | 2027 |
Costa Rica | 2018 | 2028 |
Ecuador | 2021 | NA |
México | 2017 | 2028 |
Panamá | 2018 | 2028 |
Perú | 2020 | NA |
Paraguay | 2027 (esperado) | NA |
Uruguay | 2018 | NA |
De acuerdo con el reporte, los países latinoamericanos se preparan para incrementar las supervisiones relacionadas con CRS. La OCDE ha proporcionado diversos manuales y capacitaciones sobre cómo auditar a instituciones financieras en materia de CRS. Los 10 países de la región que ya implementaron CRS recibieron asistencia técnica en ese sentido. La presión internacional para incrementar estas actividades es significativa, ya que los países están siendo evaluados al respecto.
Además, los países latinoamericanos se preparan para implementar las modificaciones a CRS. Entre otros cambios, se requerirá que las instituciones financieras reporten información adicional, como la naturaleza de la cuenta y si se obtuvo la autocertificación correspondiente. Otro punto clave será la implementación de obligaciones de reporte y debida diligencia respecto de criptoactivos. [1]
Las instituciones financieras y los proveedores de servicios de criptoactivos deberían analizar estos estándares internacionales, así como la legislación doméstica aplicable. En el corto plazo, será clave prepararse para atender auditorías en estas materias e implementar las nuevas conforme a CRS y CARF.
Beneficiario efectivo
El reporte resalta la creciente atención a la disponibilidad y reporte de información sobre beneficiarios efectivos (beneficial owners). De acuerdo con el reporte, si bien la mayoría de los países ya implementaron los marcos jurídicos correspondientes, el enfoque ahora será la supervisión efectiva de estas obligaciones y su interacción con otros marcos regulatorios, como el de prevención de lavado de dinero.
En este contexto, los sujetos obligados a la identificación y el reporte de beneficiarios efectivos deberían prepararse ante posibles revisiones de las autoridades.
Uso de la información para fines no fiscales
De acuerdo con el reporte, la región está impulsando el uso de información intercambiada conforme a tratados fiscales para otros fines, como el combate a los flujos financieros ilícitos. Inclusive, el reporte señala que siete países ya firmaron un acuerdo de autoridad competente para implementar estas actividades. Algunas jurisdicciones ya han tenido avances relevantes en la práctica. Por ejemplo, Argentina obtuvo autorización para compartir información intercambiada bajo tratados fiscales con su Unidad de Inteligencia Financiera.[2]
Ante la creciente coordinación entre autoridades fiscales y no fiscales (por ejemplo, Unidad de Inteligencia Financiera), las empresas deben asegurar la coordinación entre sus distintas funciones internas, particularmente las áreas fiscales y de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
Conclusiones
Ante el creciente uso de los mecanismos de cooperación internacional por parte de las autoridades fiscales en la región, las empresas multinacionales, high-net-worth individuals, así como instituciones financieras, proveedores de servicios de criptoactivos y sujetos obligados a identificar beneficiarios efectivos, deberían evaluar proactivamente sus procesos de cumplimiento y prepararse para posibles supervisiones y auditorías. En particular, estos actores podrían:
- Analizar los mecanismos mediante los cuales las autoridades pueden obtener información del extranjero, así como el alcance de dichas facultades.
- Reforzar sus actividades de cumplimiento relacionadas con CRS y beneficiario efectivo, así como tomar acciones preventivas de cara a posibles auditorías
- Coordinar la implementación de nuevas obligaciones, incluyendo CARF y las modificaciones a CRS.
- Promover la cooperación entre las áreas fiscal y de prevención de lavado de dinero.
Para más información sobre este comunicado, por favor contactar a los siguientes profesionales:
Jorge Libreros
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Virginia Ruiz
Ana Lourenco
Christian Micieli
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