Sostenibilidad tributaria y su reconocimiento normativo en Chile

Por Matías Moroso, Abogado y Gerente Senior de Impuestos de EY.

El concepto actual de sostenibilidad se presenta por primera vez en Naciones Unidas en 1987, instancia en la que se alertó sobre las consecuencias negativas, sociales y medioambientales, asociadas a un crecimiento económico-poblacional irresponsable y una globalización desmedida. En aquella época, se definió el desarrollo sostenible como: “La satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”

En el marco de la sostenibilidad, el apoyo y consolidación de estrategias y políticas globales de cara al desarrollo sostenible, ha hecho que gobiernos, organizaciones internacionales y también las empresas, unan esfuerzos para transparentar y publicar información no financiera. Este fenómeno se ha ido acrecentando durante las últimas décadas, donde la sostenibilidad ha ido madurando a medida que se generaliza la agenda o los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (“ESG” por sus siglas en inglés).

En este contexto, el foco en los instrumentos normativos y de políticas públicas de reporte crece rápidamente. La tendencia muestra que mientras este tipo de información se consideraba como “voluntaria” o “blanda”, cada año va tomando más relevancia a través de la obligatoriedad que se incorpora en leyes y normativas públicas a nivel internacional y en Chile.

En particular, el concepto de “sostenibilidad tributaria”, en términos generales, corresponde a todas aquellas iniciativas o criterios que permiten, desde una perspectiva impositiva, establecer un marco de transparencia, de gestión de la función tributaria de las empresas y control de sus riesgos tributarios.

A modo de ejemplo, países como España han incorporado un marco normativo especial cuyo objetivo es ayudar a las compañías a implantar y gestionar buenas prácticas tributarias y un sistema para prevenir y gestionar los riesgos tributarios. En este sentido, desde el año 2019 la Norma UNE 19602 sobre “Sistemas de gestión de compliance tributario” viene a definir una serie de requisitos a desarrollar para diseñar y evaluar sistemas para la prevención, detección, gestión y mitigación de riesgos tributarios. Asimismo, facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente las políticas y otros elementos del sistema de gestión de compliance tributario. La correcta implantación, ejecución y seguimiento de estos sistemas de cumplimiento tributario serán susceptibles de revisión por una empresa certificadora y del otorgamiento de una certificación. Esta certificación, puede ser uno de los elementos de prueba para demostrar, ante la administración o los tribunales, la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones y generar sinergias con la administración que permitan una relación más fluida con la autoridad.

Chile no es una excepción a esta realidad y se encuentra entre los países que han tenido avances o iniciativas en estas materias. En particular, la tendencia de reportar información no financiera ha ido en aumento, vinculándose con normativa nacional obligatoria (ejemplo. Norma de Carácter General 461 de la Comisión para el Mercado Financiero), quedando reflejado en reportes de sostenibilidad que siguen estándares internacionales y sus memorias integradas.

Ahora bien, desde una perspectiva impositiva, la sostenibilidad se ha mostrado, principalmente, a través de dos mecanismos: los acuerdos de colaboración y cumplimiento colaborativo; y los ejercicios voluntarios de transparencia tributaria de las empresas a través de la publicación de sus estrategias y políticas tributarias; y la emisión de “reportes tributarios”.

Los primeros, corresponden aquellos acuerdos suscritos por contribuyentes y la autoridad tributaria, con finalidad de generar sinergias derivadas de un intercambio continuo de información, de un entendimiento mejor de la industria y el negocio del contribuyente, y una colaboración y comunicación que permita gestionar -preventivamente- el cumplimiento tributario a través de la reducción de procesos de auditoría derivado de las externalidades positivas que genera una comunicación permanente y colaborativa en el tiempo. Según información publicada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), serían aproximadamente 74 los acuerdos suscritos al cierre del año 2022, lo cual todavía dista de ser un número representativo considerando el número de contribuyentes en el país.

De la misma forma, son algunos de los más grandes conglomerados económicos en Chile los que han comenzado –en línea con sus compromisos en materia ESG– a publicar reportes donde se transparenta la estrategia, gestión de riesgos y toma de decisiones en materia fiscal; como también a preparar reportes de impuestos (o “Tax Report”) donde -voluntariamente- se explica cómo interactúa la variable tributaria con su negocio y se publica información tributaria de relevancia, tales como, la política y estrategia tributaria de la empresa, el detalle de los impuestos pagados en Chile y/o el extranjero, explicación o conciliación entre impuestos pagados y aquellos reportados para fines financieros, entre otros aspectos.

Estas tendencias no sólo han arribado a Chile, sino que también al primer grupo de proyectos de ley que el Gobierno del Presidente Boric pretende incorporar en el denominado Pacto Fiscal. En este sentido, el “Proyecto de ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias” incorpora la “sostenibilidad tributaria” como un concepto definido por ley y que busca reconocer positivamente a los contribuyentes que tienen una motivación de cooperación y transparencia con la administración tributaria. De esta forma, y similar a lo que se mencionó para España, la ley chilena podría innovar en estas materias y premiar aquellos contribuyentes que implementen una serie de medidas que permitan fomentar la cooperación con la autoridad y la transparencia fiscal. ¿Cómo? A través del otorgamiento, que se hará público en un registro, de una certificación que se obtengan con entidades certificadoras independientes (previamente inscritas en el SII), o bien, a través de la firma de Acuerdos de Colaboración (potencialmente similares a los actuales pero que permitan generar la misma certificación ya mencionada).

Esta iniciativa, cuyos detalles fueron presentados el pasado 29 de enero y que se discutirá por el Congreso a partir de marzo, podría posicionar a Chile como un país pionero en Latinoamérica en establecer un marco regulatorio en línea con la nueva era de la sostenibilidad tributaria.