COP28: acelerar la transición energética a través de la transformación empresarial

La iniciativa, presentada durante la COP28, puede conectar definitivamente la regulación con la transformación real para acelerar la innovación en las empresas.

Una novedad lanzada en la COP28 de Dubái es el balance global o inventario de emisiones, que permitirá a los países evaluar los esfuerzos para frenar el calentamiento global, tal y como se definió en el Acuerdo de París de 2015. La iniciativa es importante para medir los progresos y ayudará a trazar las acciones necesarias para el futuro ya que, según los términos del pacto, a partir de este 2023 los países deben medir su desempeño cada cinco años.

El compromiso asumido en el Acuerdo de París por casi 200 países es limitar, para finales del siglo XXI, el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 ºC respecto a la media anterior a la Revolución Industrial. Para lograrlo, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en un 42 % para 2030. Por otro lado, según el informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las emisiones globales han aumentado 1.2 % de 2021 a 2022, lo que significó un nuevo récord.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el aumento de la temperatura podría alcanzar los 2.9 ºC por encima de los niveles preindustriales, casi el doble del objetivo marcado. Por esta razón, los países deben reducir el uso de carbón del 67 % al 92 % para 2030 —con respecto a los niveles de 2019— y, prácticamente, eliminarlo como fuente de electricidad para 2050. De acuerdo con la ONU, la electricidad baja o nula en carbono debe representar casi la totalidad (99 %) del consumo mundial para mediados de siglo, aunque estamos lejos de eso, con la resolución paralela de los desafíos tecnológicos que impiden la captura de carbono.

En los primeros días de la COP28, Estados Unidos —que es uno de los principales emisores de dióxido de carbono junto con China— se comprometió a dejar de utilizar centrales eléctricas de carbón para la producción de electricidad en 2035. Según el Centro de Soluciones Climáticas y Energéticas, alrededor del 40 % de las emisiones de los combustibles fósiles se producen debido a la quema de carbón.

Habilitación de la transformación empresarial

El flujo de capitales sigue estando muy centrado en la agenda regulatoria; es decir, estamos regulando el mundo sin pensar en cómo hacer viable esta transformación. El balance mundial lo demostrará: la regulación, si bien es esencial, no resuelve el problema por sí sola. Para el éxito de esta agenda, es necesario que las empresas se transformen a través de la tecnología, cambiando sus modelos de producción sin dejar de ser rentables.

La COP28 debe conectar la regulación con la transformación, acelerando la innovación en las áreas relevantes para la agenda del cambio climático. Parte de las soluciones de transformación se encuentran en los bosques tropicales del sur global, donde se produce el etanol de segunda generación.

E2G (Etanol de Segunda Generación)

Producido a partir del bagazo remanente de la producción de azúcar y etanol común, E2G utiliza biomasa (celulosa) como insumo de producción. Este proceso tiene dos beneficios en términos de la lucha contra el cambio climático: menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el etanol de primera generación y no competencia con los alimentos para las áreas agrícolas.

Brasil es pionero en biocombustibles y está creando un marco regulatorio que constituye la base para conectar la regulación con la transformación, a través de un flujo de capital interesado en las innovaciones de la industria energética.

Los impactos del cambio climático son evidentes y tienen repercusiones en las empresas del sector privado, pues sufren un alto costo operativo por tener que adaptarse a los efectos del clima. La presencia masiva de empresas en la COP28 demuestra la búsqueda de acciones y estrategias efectivas que puedan mantener o aumentar la competitividad en este complejo escenario ambiental.

Entre otras acciones, las organizaciones exigen planes gubernamentales de incentivos para las inversiones que ofrezcan previsibilidad y seguridad jurídica en tecnologías —como el hidrógeno verde— que puedan acelerar la transición energética.