La Ley 2466 de 2025, conocida como la nueva Reforma Laboral, incorporó en su artículo 37 una disposición dirigida a los trabajadores migrantes. El texto establece que el estatus migratorio no será impedimento para exigir garantías laborales y de seguridad social, y que tras la firma de un contrato de trabajo se facilitará la regularización migratoria.
Esta medida representa un paso importante hacia la inclusión y la protección de los migrantes en el mercado laboral colombiano.
Aunque la Constitución ya garantiza los derechos laborales sin distinción, la incorporación expresa en la Reforma Laboral visibiliza el tema y abre la puerta a acciones más concretas para promover la formalización.
Potencial del nuevo marco legal para la integración laboral
El verdadero alcance del artículo dependerá de la reglamentación que expidan el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo. Una normativa clara y con procedimientos ágiles podría convertirse en una herramienta poderosa para la integración laboral, brindando seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.
Retos actuales
La informalidad laboral entre migrantes sigue siendo uno de los principales desafíos. Muchos no accedieron al Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano (PPT) ni a los permisos especiales de permanencia (PEP) en su momento, lo que limita su acceso al sistema de seguridad social y a contratos formales.
Actualmente, las alternativas de regularización son reducidas, lo que deja a una parte de esta población en condiciones de vulnerabilidad.
Una oportunidad para avanzar
El marco del artículo 37 ofrece al gobierno una oportunidad valiosa para diseñar mecanismos de regularización que impulsen la formalización laboral. Esto no solo fortalecería la protección de los trabajadores migrantes, sino que también contribuiría al crecimiento económico, a la cohesión social y a la integración efectiva de miles de personas que hoy se encuentran en la informalidad.
Más que un simple enunciado, el artículo 37 de la Reforma Laboral puede convertirse en un punto de partida para consolidar políticas públicas que favorezcan la inclusión laboral de los migrantes. Su éxito dependerá de la reglamentación y de la voluntad de articular esfuerzos entre gobierno, empresas y sociedad civil para garantizar un mercado laboral más justo, diverso y competitivo.