El 22 de octubre ha entrado en vigor el “Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados”, aprobado por el Gobierno catalán el pasado 20 de octubre (el “Decreto Ley”). Cabe recordar que con anterioridad a esta norma, el Gobierno catalán ha suspendido o restringido, entre otras, las actividades de prestación de servicios, comercio minorista, hostelería y restauración.
La voluntad del Gobierno catalán al dictar el Decreto Ley es, según indica su exposición de motivos, la de distribuir las consecuencias económicas negativas derivadas de las suspensiones y restricciones impuestas por la autoridad competente con motivo de la COVID-19 respecto del aprovechamiento material de los inmuebles arrendados para la realización de actividades industriales y comerciales. A tal efecto, el Decreto Ley otorga a los arrendatarios el derecho de exigir a los respectivos arrendadores la renegociación de los términos y condiciones contractuales y, en defecto de acuerdo, establece una reducción automática de la renta y demás gastos a cargo del arrendatario e incluso, en ciertos casos, les faculta para desistir sin penalización de los contratos que tengan suscritos.
