Las medidas sanitarias adoptadas para la contención del COVID-19 —en particular, las de distanciamiento social— han provocado un impacto relevante sobre la actividad económica. Los efectos sobre la producción y el empleo han sido notorios. Durante las últimas semanas hemos asistido a la publicación de una pléyade de disposiciones normativas dirigidas a hacer frente y minorar, en la medida de lo posible, tales efectos.
En este contexto, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, contiene una batería de medidas de contenido muy variado. Desde la perspectiva empresarial, además de las medidas tributarias que son objeto de una alerta específica de EY Abogados, las más relevantes son las inmobiliarias, financieras y laborales. Las de índole inmobiliaria versan sobre el régimen de los arrendamientos para uso distinto al de vivienda. Desde el punto de vista laboral, afectan a los ERTE por fuerza mayor, el teletrabajo y las prestaciones por desempleo, entre otras cuestiones. También se adoptan medidas importantes para facilitar la financiación empresarial. Finalmente, también se adoptan algunas medidas menores en el ámbito portuario y de la contratación pública. En esta Alerta se contiene un análisis y síntesis de estas medidas
