El informe, elaborado por
Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados, Análisis Económico y Sostenibilidad, y
Pablo Dorronsoro, socio responsable de Derecho Público y Sectores Regulados, a partir de análisis técnicos rigurosos provenientes de bases de datos y fuentes públicas, tiene el objetivo de analizar los motivos y objetivos de la propuesta; así como de poner de manifiesto algunas cuestiones relevantes que se deben de tener en consideración en el proceso de negociaciones entre Consejo, Parlamento y Comisión Europea a lo largo de los próximos meses.
¿Por qué está en debate la reforma del mercado eléctrico?
Según el informe, la Propuesta de Reforma nace, fundamentalmente, debido a factores estructurales y coyunturales. Desde un punto de vista estructural, para dar respuesta a los retos de la transición energética y, en particular, para cumplir los ambiciosos objetivos de despliegue de tecnologías renovables previstos tras el Plan REPowerEU, que supone duplicar la capacidad instalada hasta los 1.236 GW en 2030. Así, la Propuesta de Reforma debe promover las ingentes necesidades de inversión asociadas a ese objetivo, calculadas en más de 400.000 millones de euros anuales por el Banco Europeo de Inversiones, a partir de datos de la Comisión Europea.
Asimismo, desde un punto de vista coyuntural, para evitar que una nueva crisis de precios, como la vivida entre mediados de 2021 y 2022, afecte negativamente sobre los consumidores domésticos e industrias.
En palabras de Antonio Hernández García, socio de Sectores Regulados, Análisis Económico y Sostenibilidad en Consulting de EY: “Una reforma del mercado podría tener un impacto directo sobre los tres pilares de la política energética (precios asequibles, seguridad de suministro y sostenibilidad), por lo que, antes de aprobar cualquier medida, es necesario hacer un buen análisis económico, financiero y social de las posibles consecuencias, con la participación de todos los actores implicados”.
Lo más positivo de la Propuesta de Reforma
El conjunto de medidas presentadas en la Propuesta de Reforma se valora positivamente, puesto que se trata de herramientas y acciones para fortalecer y mejorar el funcionamiento del mercado, basadas en el principio de no retroactividad, esencial para garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones.
Uno de los aspectos que se considera más adecuado es el mantenimiento del actual diseño marginalista del mercado eléctrico. Este diseño, además de ofrecer el despacho de generación más eficiente, ha permitido generar, según ACER (Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía), más de 34.000 millones de euros de beneficios en el año 2021, comparándolo con un mercado eléctrico no integrado.
En segundo lugar, cabe destacar la voluntad por promocionar instrumentos para fomentar la contratación a plazo, y, en particular, los PPAs -Power Purchase Agreements- o contratos de compraventa de energía a plazo privados, para los que se propone la mitigación de los riesgos de contraparte, esencial para su mayor despliegue, y los contratos bidireccionales por diferencias (CfD), voluntarios y organizados a través de subastas, en las que los participantes entregan un volumen concreto de energía a los sistemas eléctricos a un precio estipulado de antemano (precio strike). No obstante, según los expertos de EY, el diseño de estos últimos debe de ser analizado cuidadosamente para no distorsionar el funcionamiento del mercado y de los PPAs, ámbito en el que España mantiene un claro protagonismo mundial, dada la madurez del mercado y por el hecho de contar, junto a Portugal, con los precios más competitivos de toda la Unión Europea, debido a su ventaja relativa derivada de la abundancia de recursos renovables. Por ello, España ocupa el segundo puesto mundial en Ranking Global del índice de atractivo de PPAs corporativos, según el informe EY Renewable Energy Country Attractiveness Survey (RECAI 61), de junio de 2023.
Además, se valora positivamente que se promueva el desarrollo de los mercados organizados a plazo, aunque también se expone que habrá que analizar si los virtual hubs que propone la Comisión son la medida más adecuada para conseguirlo. En este sentido, el Parlamento Europeo ya ha manifestado en sus enmiendas la necesidad de analizar los impactos de esta medida antes de ponerla en marcha.
En cuarto lugar, el informe destaca la importancia de los mecanismos de flexibilidad de la demanda y de almacenamiento, que son necesarios en un entorno de crecimiento muy significativo de las tecnologías renovables, especialmente solar fotovoltaica y eólica, en los sistemas eléctricos de la Unión Europea.
También se valora la protección de los consumidores y la exigencia de una mayor transparencia y disponibilidad de opciones de contratos de suministro para los mismos.
Por último, se considera positiva la propuesta de revisión de las metodologías de retribución de las redes eléctricas, con el fin de proporcionarles mayores incentivos, tanto a corto como a largo plazo, para promover las nuevas inversiones necesarias para, tal y como recoge la Propuesta de Reforma: “aumentar la eficiencia energética, favorecer la integración de mercados y la seguridad de suministro, apoyar los servicios de flexibilidad, optimizar la red existente y facilitar la innovación en interés del consumidor”.
Aspectos para considerar en la negociación
Sin embargo, de cara a las negociaciones, los autores del informe consideran que existen diversas cuestiones relevantes que la Propuesta de Reforma no contempla, o menciona sin entrar en detalle, y que deben de ser consideradas en este proceso de negociación.
La primera cuestión que se debería tener en cuenta, “es el mantenimiento de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, limitando a inversiones e instalaciones nuevas aquellas propuestas que podrían tener impacto en los rendimientos económicos de las instalaciones, sin perjuicio de que sería deseable una mayor concreción en algunos aspectos como la regulación establecida para situaciones de crisis” afirma Pablo Dorronsoro, socio de Derecho Público y Sectores Regulados de EY.
Evitar la segmentación de mercados, velando por medidas homogéneas que no pongan en peligro ni el mercado interior, ni el funcionamiento del mercado eléctrico en la Unión Europea, es el segundo aspecto que recoge el estudio como una cuestión relevante a considerar. En este ámbito, señala la conveniencia de tener en consideración las conclusiones del informe que la Comisión Europea ha presentado en junio al Parlamento y al Consejo analizando las medidas de intervención de emergencia dirigidas a combatir la crisis de precios previstas en el Reglamento 2022/1854, de 6 de octubre. En particular, en el caso del límite a los ingresos de las centrales inframarginales, la Comisión señala en su Informe que, sobre la base de la información presentada por los Estados miembros declarantes, la aplicación del límite ha sido muy heterogénea, tanto en los niveles del límite como en su duración temporal; lo que ha creado una incertidumbre regulatoria significativa que, a su vez, plantea riesgos para el desarrollo de nuevas inversiones, en particular en fuentes renovables, necesarias para alcanzar los objetivos de la UE. Por ello, la Comisión Europea concluye que los beneficios del límite a los ingresos no compensarían el impacto sobre la seguridad de los inversores y los riesgos para el funcionamiento del mercado y la transición.
“Este hecho cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que se compite a nivel internacional por atraer capital para asegurar una exitosa transición energética y avanzar hacia una economía descarbonizada, destacando el caso de Estados Unidos, que ha aprobado la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que incluye inversiones por valor de 369.000 millones de dólares (270.000 millones destinadas a incentivos fiscales) para la lucha contra el cambio climático y la aceleración de la transición ecológica” explica Antonio Hernández.
Del mismo modo, promover el desarrollo de los mercados de capacidad, con el fin de que éstos se configuren como un elemento más del diseño del mercado, perdiendo su carácter temporal, y aseguren no sólo la firmeza y seguridad de suministro de los sistemas sino también, su flexibilidad, es otra de las propuestas del estudio, complementando así los mercados de energía.
“En este sentido, en el caso de España, independientemente del acuerdo que se alcance, se debería aprobar cuanto antes nuestro propio mecanismo, con el fin de evitar problemas de seguridad de suministro en 2025, como prevé la asociación de redes europeas ENTSO-E en su reciente informe Adequacy Assessment”, afirma Antonio Hernández.
Por último, cabe considerar la importancia de las redes de transporte y distribución para hacer frente a los significativos retos a los que se enfrentan los sistemas eléctricos: mayor descentralización y democratización, mayor descarbonización y un aumento de la digitalización. En palabras de Antonio Hernández, “es esencial que la planificación de las redes se anticipe a las necesidades de los sistemas energéticos para no obstaculizar los procesos de electrificación y descarbonización industrial y, además, que la metodología de retribución sea lo suficientemente clara y precisa para que los gestores de redes puedan conocer de antemano las inversiones que serán retribuidas por el sistema”.
En definitiva, “los próximos meses van a ser muy relevantes de cara al logro de un consenso que permita que el mercado eléctrico de la UE supere con éxito los grandes retos de transformación a los que se enfrenta. La ingente cantidad de recursos públicos y privados que es necesario alcanzar para lograr los ambiciosos objetivos de descarbonización en la UE, y la competencia para atraer esas inversiones por parte de otros países, exige que la reforma dibuje un marco que sea realmente atractivo para inversores y consumidores”, asegura Pablo Dorronsoro.
