Iniciativa de reforma en materia de concesiones para minería y agua

El 28 de marzo de 2023, el Ejecutivo Federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de concesiones para minería y agua (la “Iniciativa”). La Iniciativa propone reformar las leyes Minera; de Aguas Nacionales; y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Como hemos venido informando, el 15 de noviembre de 2018 el grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presentó una iniciativa que pretendía facultar al Servicio Geológico Mexicano (SGM) de la Secretaría de Economía (SE) para cancelar concesiones mineras que no cumplieran con requisitos de impacto social y ambiental, así como para declarar zonas como inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo.

Sin embargo, el 27 de marzo de 2019, el Senado desechó la iniciativa de reforma en su totalidad, ya que mostraba deficiencias que podían transgredir derechos constitucionales, tales como otorgar facultades extralimitadas a la SE, redundancia con disposiciones preexistentes y no establecía procedimientos precisos para determinar la inviabilidad de las concesiones.

Otros esfuerzos para impulsar reformas en la materia incluyen la iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, misma que pretendía incorporar representantes empresariales, sindicales y sociales del sector. Incluso, durante 2020 se vieron atisbos de querer incrementar las tasas de los derechos especial y extraordinario sobre minería que tampoco trascendieron.

Desde que inició su sexenio, el gobierno del presidente López Obrador no ha otorgado nuevas concesiones mineras y logró la modificación de la Ley Minera para reservar diversas concesiones mineras de litio para el Estado Mexicano, ello después de una intensa discusión que derivó en el deshecho de una ambiciosa iniciativa de reforma eléctrica que había sido profusamente impulsada por el Ejecutivo Federal. Además, a diferencia de las iniciativas anteriores originadas desde el congreso, esta iniciativa se presenta por el ejecutivo.

El gobierno federal se había expresado en el sentido de que pospondría sus esfuerzos para impulsar reformas a la industria minera hasta la segunda mitad de su administración de seis años (que concluye a fines de 2024).

Principales cambios propuestos

Sin duda, la propuesta de reforma que podría tener uno de los mayores impactos para la industria sería la reducción de la duración de las concesiones a 15 años con la posibilidad de una sola prórroga, ya que actualmente se otorgan por 50 años prorrogables a 100.

Entre las modificaciones más relevantes destacan la modificación del proceso para la obtención de concesiones a un esquema de concurso público, mismo que actualmente se otorga al primer solicitante en tiempo. En el caso de empresas del Estado la asignación podría ser a través de adjudicación directa. En el proceso de concurso púbico únicamente podría llevarse a cabo después de someterlo a consulta con pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas cuando el lote correspondiente esté ubicado en sus territorios. Asimismo, se pretende que las nuevas concesiones sean específicas por tipo de mineral y no generales como se otorgan actualmente.

Se propone también eliminar la calificación de la minería como actividad preferente, incluso para el aprovechamiento de aguas nacionales. Por lo tanto, las empresas mineras deberán negociar las condiciones económicas con ejidos y comunidades locales.

También se incorporan restricciones para el otorgamiento de concesiones en zonas y áreas estresadas por escases de agua, así como otras áreas protegidas o que impliquen riesgos de seguridad para las poblaciones.

Se propone restringir la transmisión de concesiones y derechos sobre las mismas entre particulares, a menos que se cuente con autorización de la SE. Ello con la finalidad de prevenir la especulación con los mismos.

Adicionalmente, se propone incorporar nuevas causales de cancelación de concesiones mineras, incluyendo cuando se presente alguna de las siguientes omisiones o fallas:

• No entero de contribuciones durante dos ejercicios.
• No iniciar trabajos en el lote minero durante el año posterior al otorgamiento de la concesión.
• No contar con concesión de agua para uso en minería vigente.
• No contar con informes ecológicos.
• No contar con permisos diversos.
• No implementar programas de cierre o de gestión de residuos.

Se establecen multas diversas para los infractores de las disposiciones en la materia, mismas que van del 1% sobre ingresos anuales adicionales a un monto de MXN$518 700 y hasta el 4% sobre ingresos anuales más un importe de MXN$1 037 400.

Un punto para destacar es que se propone establecer nuevos tipos penales en materia de minera, tales como:

• Extracción de minerales cuando no se cuente con concesión minera.
• Enajenación y/o tráfico de minerales, así como derivados metalúrgicos cuando no se cuente con concesión.
• Presentar documentación falsa en solicitudes de concesión minera.
• Cuando se menoscabe la seguridad de los trabajadores por incumplimiento de reglamentaciones en la materia.

Las sanciones por delitos en materia minera podrían ir de 5 a 10 años de prisión, más multas equivalentes al 5% sobre ingresos anuales y un importe adicional de MXN$1 037 400 (10 mil Unidad de Medida y Actualización). Cuando se traslade minerales y derivados metalúrgicos fuera del país sin los permisos correspondientes, las penas podrían incluso ir de 5 a 15 años de prisión complementarios a una multa del 5% sobre ingresos anuales más MXN $1 244 880 (12 mil Unidad de Medida y Actualización).

Además, se pretende incorporar la obligación de implementar un Plan de Cierre de Mina, mismo que deberá estar certificado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), conforme a un Programa de Restauración, Cierre y Post Cierre, que deberá seguir lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. A falta de dicho programa, podría ser revocada la concesión de agua.

Disposiciones transitorias

Los procedimientos y recursos de inconformidad que actualmente ya estén en proceso se tendrán que resolver bajo las disposiciones que se encuentran vigentes actualmente a menos que contradigan lo dispuesto en la Iniciativa.

De ser aprobada la Iniciativa, se establece que las solicitudes de concesiones mineras que actualmente se encuentren pendientes de resolución serán desechadas, por lo que tendrán que reingresarse para otorgarse conforme a la nueva legislación.

Los transitorios también indican que no serán prorrogadas aquellas concesiones sobre Áreas Naturales Protegidas, así como las vinculadas a la explotación de mercurio, incluyendo las solicitudes de prórroga que se encuentren en trámite.

En lo referente a concesiones de aguas nacionales que actualmente sean de uso industrial, se establece que los titulares deberán solicitar el cambio a uso en minería, a más tardar dentro de 90 días naturales después de que entrase en vigor la reforma propuesta.

Siguientes pasos

La Iniciativa debe ser turnada a la comisión correspondiente para la elaboración del dictamen que será sometido a discusión y aprobación por la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada, se turnará a la Cámara de Senadores. En caso de ser aprobada por ambas cámaras, la Iniciativa será promulgada y publicada por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación.  

La Iniciativa ha generado diversas preocupaciones en el sector, ya que pudiera generar afectaciones a las concesiones vigentes, por transgredir diversos derechos constitucionales. En su caso, las empresas podrán impugnar las disposiciones respectivas a través de los medios de defensa aplicables.

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