El papel de la iniciativa privada
La agenda climática ha impactado todos los sectores económicos y los eventos son aun más dañinos en algunos países de la región, debido a la baja calidad de la infraestructura que no está preparada para lidiar con los efectos del cambio climático.
En proyectos de saneamiento básico, por ejemplo, es necesario analizar la seguridad hídrica —como los servicios de drenaje— para evitar inundaciones en regiones que ya presentan indicios. Muchos de estos proyectos de infraestructura urbana podrían realizarse en asociación con la iniciativa privada a través de instrumentos exitosos, como las concesiones y las alianzas público-privada.
En general, los gobiernos latinoamericanos no tienen disponibilidad para invertir solos debido a la restricción fiscal y presupuestaria; en ese sentido, además de contar con recursos financieros, la iniciativa privada tiene experiencia en la realización de obras e intervenciones que podrían beneficiar a diversas ciudades de la región.
Para que esto se logre, el grado de resiliencia de una zona debe ser evaluado desde el inicio del proyecto para evitar pérdidas futuras. Este razonamiento también aplica para las estrategias de movilidad urbana, incluidos trenes y metro, previniendo que una eventual catástrofe impacte la implementación del proyecto o su operación después de ser entregado. Esto puede elevar los costos en un primer momento, pero son medidas necesarias para evitar retrabajos o reconstrucciones, lo que implicaría gastos aun más altos.
¿Qué debe hacer la región para promover la infraestructura resiliente?
A lo largo de Latinoamérica existen desafíos ambientales que exigen respuestas personalizadas para proteger a los habitantes en tiempos de cambio climático. De manera general, los servidores públicos deben pensar en las particularidades de su ciudad para saber exactamente qué se requiere en términos de infraestructura resiliente. Por ejemplo, en el caso de las cuencas hidrográficas, es esencial que de diseñen soluciones de seguridad hídrica para evitar inundaciones que pongan vidas en riesgo.
Los gobiernos deben desarrollar e implementar planes de resiliencia climática y lograr la participación de la iniciativa privada para viabilizar estas obras o intervenciones; sin embargo, esto solo ocurrirá si hay transparencia y espíritu de colaboración por parte del poder público y las agencias reguladoras. Para poner en perspectiva, el Banco Mundial y el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDR) estiman que la inversión en infraestructura resiliente traerá un ahorro de 4.2 billones de dólares a países de bajos y medianos ingresos.
Insumos adecuados para condiciones meteorológicas adversas
La elección de los insumos debe considerar las temperaturas medias cada vez más elevadas. En algunos sectores —como el de infraestructura social—, los proyectos de construcción, reforma y mantenimiento están cada vez más insertados en un contexto de sostenibilidad, con la adopción de métodos de construcción positivos para el medioambiente. Por ejemplo, la certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) exige, entre otras cosas, el uso de materiales que minimicen los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida. Estos insumos provienen de proveedores acreditados por sus prácticas responsables.
Con relación al transporte público, los autobuses son predominantes en las ciudades latinoamericanas de bajos y medianos ingresos. La presencia de estos vehículos y la baja calidad del asfalto aumenta aun más el desgaste bajo las altas temperaturas actuales, elevando los costos en operaciones de encarpetamiento. La próxima frontera de sostenibilidad en este sector es la electrificación de la flota, trayendo también impactos ambientales positivos.