Los Acuerdos de Precios de Transferencia como herramienta para el manejo de la controversia fiscal en México

Como consecuencia del grado de monitoreo por parte de las autoridades fiscales alrededor del mundo en los últimos años, el tema de precios de transferencia se percibe como uno de los principales factores de riesgo en materia de controversia fiscal entre los grupos multinacionales (MNE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la encuesta bianual de riesgo fiscal y controversia, publicada por EY en 2021.

De igual forma, menciona que la percepción de las empresas es que las autoridades fiscales se han vuelto exponencialmente más sofisticadas en los últimos años. Los encuestados señalan que las autoridades recopilan información más actualizada y, en algunos casos, en tiempo real como consecuencia de los nuevos requisitos de revelación y transparencia implementados, además de hacer uso de los intercambios de información, lo que les permite tener mayor entendimiento del negocio. Además, las autoridades tributarias de todo el mundo, desde las más maduras hasta las de los mercados emergentes, se están digitalizando, lo que les está permitiendo transformar su capacidad de entender cadenas de valor complejas para poder examinar a las empresas desde diferentes ángulos.

Esto hace sentido cuando las 15 acciones BEPS publicadas en 2015 que están basadas en los principios de coherencia, substancia y transparencia, ya han sido implementadas alrededor del mundo y han cambiado de manera importante los estándares de tributación internacional. Ahora, no solo nos encontramos con esos cambios implementados en legislaciones fiscales de los países, sino que estamos frente a las reglas BEPS 2.0, con sus pilares 1 y 2 que tiene a los MNE mexicanos y extranjeros evaluando estas medidas y su posible impacto una vez que sean implementadas en las legislaciones de las diferentes jurisdicciones. Ante BEPS 2.0, los MNE tendrían que evaluar cómo calcular nuevos impuestos, medir el impacto en sus estados financieros y revelar esta información a las diferentes autoridades correspondientes.

Todo esto requiere robustas políticas de precios de transferencia, así como una adaptación de procesos y sistemas para hacer frente a las nuevas obligaciones de cumplimiento y tributarias mínimas globales.

Otro aspecto relevante que destaca la encuesta es que el manejo de los temas de controversia fiscal se ha convertido en un tema relevante dado que esperan que las revisiones de las autoridades fiscales sigan en aumento en los siguientes ejercicios. El aumento de las auditorías y disputas alrededor del mundo ha llevado a los grupos multinacionales a redefinir la estrategia de manejo de controversia fiscal. Seguir un mecanismo claramente definido ante cada auditoría o disputa iniciada, hacer uso de los Procedimientos de Acuerdo Mutuo (MAP, por sus siglas en inglés) cuando sea posible, así como identificar oportunidades para el uso estratégico de los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA, por sus siglas en inglés) y tener un protocolo claro de cuándo usar una estrategia de litigio para disputas de precios de transferencia son algunas de las acciones que los MNE están llevando a cabo para manejar los temas de controversia fiscal y evitar la doble tributación.

En México, es evidente que el nivel de análisis por parte de las autoridades fiscales ha aumentado en estos últimos años ya que, además de los cambios legislativos implementados como consecuencia de las acciones BEPS que afectan temas de revelación y cumplimiento, las autoridades mexicanas se han vuelto un referente mundial en cuanto a temas de digitalización relacionados por un lado con la conversión de los datos de papel a formatos digitales y por otro lado, con el tema del almacenamiento de los datos digitales, lo que les ha permitido tener información en tiempo real en algunos procesos, como el de facturación electrónica.

A esto se suma el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023 publicado el 29 de enero de este año donde se señalan los conceptos y las conductas a revisar por la autoridad mexicana como parte de las labores que tienen por objetivo incrementar la recaudación fiscal. Como antecedente, en 2022 se publicó el Plan Maestro 2022 de Grandes Contribuyentes donde se señala que el plan mantendrá el objetivo de “incrementar la recaudación de los Grandes Contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con el contribuyente”.

Transacciones como las relacionadas con reestructuras corporativas, pagos al extranjero y financiamientos, son consideradas rubros que, de acuerdo con el Plan, serán operaciones sujetas de fiscalización. Estas son transacciones que comúnmente pueden ser llevadas a cabo entre partes relacionadas por lo que podemos inferir que las revisiones en materia de precios de transferencia continuarían siendo parte de las acciones de fiscalización en México.

Cabe señalar que las autoridades fiscales mexicanas mencionan que mantener un diálogo abierto con los contribuyentes, así como el acompañamiento para el cumplimiento voluntario, son acciones del gobierno para lograr los objetivos de fiscalización señalados en los planes tanto de 2022 como de 2023.

En este contexto, una de las alternativas disponibles en México para obtener certeza con relación a las metodologías de precios de transferencia, sigue siendo a través de la solicitud de un APA. Estos acuerdos pueden ser unilaterales o bilaterales, incluso multilaterales dependiendo del número de jurisdicciones involucradas. Esta consulta permite obtener certeza jurídica sobre una o varias operaciones celebradas con partes relacionadas, en términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación. Entendiendo como APA a la consulta que realiza algún contribuyente a las autoridades fiscales con la finalidad de confirmar la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, en los términos del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente en 2023. Esta consulta se lleva a cabo en un ambiente de diálogo abierto entre la autoridad y el contribuyente.

El tiempo de resolución de un APA en México es de aproximadamente de uno a dos años; sin embargo, este podrá variar dependiendo de qué tan rápido sea el intercambio de información entre el contribuyente y la autoridad.

En 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el documento Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report Mexico, que incluye estadísticas específicas con el inventario de casos de MAPs para nuestro país y, si bien a la fecha no tenemos un reporte específico para nuestro país con los casos de APAs que sea emitido por la OCDE, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es posible obtener información estadística e histórica de cómo se han comportado las solicitudes de los instrumentos mencionados. Con base en dicha información podemos observar que al cierre de 2021 existen 19 casos de APAs unilaterales en proceso de ser resueltos y 49 BAPAS en proceso a la misma fecha. En el caso de los BAPAs, si bien alrededor del 60% de los casos se están llevando a cabo con Estados Unidos como autoridad competente de la contraparte, los contribuyentes en México han iniciado procesos de consulta con otros países como Japón, Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza, Corea e Italia.

Con base en todo lo expuesto anteriormente, pareciera un buen momento para evaluar el costo-beneficio de entrar en estos procesos para incrementar la certidumbre jurídica, limitar el riesgo de revisiones y litigios, y evitar el riesgo de doble tributación ya que, sin duda, los contribuyentes podrían tener mayor seguridad y protección en materia de precios de transferencia si tuvieran un APA o BAPA resuelto, todo esto en un ambiente de diálogo abierto entre las autoridades y los contribuyentes.